Carteles con la inscripción «Mati, ¿quién vende?» aparecieron este jueves en las rejas de ingreso al Concejo Deliberante de Saavedra, en una jornada clave para definir los próximos pasos institucionales en torno al intendente Matías Nebot.
Los mensajes, dirigidos al jefe comunal, estaban repetidos en distintos sectores del frente del edificio. También se observaron folletos colocados detrás de las rejas.
Según pudo saber el medio Reflejos, de la localidad de Pigüé, se estima que los carteles fueron instalados entre las 2 y las 2.30 de la madrugada. Las cámaras de seguridad del lugar no habrían permitido identificar a los responsables debido a una cuestión de programación.
La investigación sobre el intendente
El episodio se produjo antes de la sesión especial de este viernes en la que los concejales deberán analizar las conclusiones de la Comisión Investigadora constituida para evaluar la conducta y la idoneidad de Nebot en el ejercicio de sus funciones, lo cual podría derivar incluso en la destitución.
La investigación se inició luego de que el intendente hiciera públicas, el 17 de julio, sus dificultades vinculadas con el consumo de drogas. En aquella oportunidad, contó que llevaba 308 días sin consumir cocaína y que atravesaba un proceso de recuperación de una adicción.
A partir de esas declaraciones, cinco bloques opositores impulsaron la creación de una comisión investigadora, que comenzó formalmente su tarea en agosto. Durante el procedimiento se reunieron documentos, informes y testimonios, y el jefe comunal presentó su descargo.
La comisión dio por concluida la etapa de investigación el 8 de octubre y elevó un informe al cuerpo deliberativo. Ahora, los concejales deberán expedirse sobre la gravedad de los hechos analizados, de acuerdo con el procedimiento previsto en la Ley Orgánica de las Municipalidades bonaerenses.
En medio de la controversia, la abogada defensora de Nebot, Bárbara Sager, cuestionó la valoración de los testimonios y sostuvo que existe una «intención política destituyente». También planteó que no hay pruebas de negligencia en el ejercicio de la función pública. (La Nueva)
