El Senado avanzó este miércoles con la nueva ley de Discapacidad y dejó el proyecto en condiciones de ser tratado en el recinto. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de Diputados, consiguió dictamen en un plenario de comisiones y el oficialismo busca convertirla en ley durante la sesión prevista para el próximo 19 de noviembre.
El debate se desarrolló en una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, presididas por los senadores Agustín Monteverde (La Libertad Avanza) y Alicia Kirchner (Justicialista), respectivamente.
La propuesta establece un esquema permanente de financiamiento para las prestaciones destinadas a personas con discapacidad, contempla mecanismos de control y fija un cronograma para regularizar las deudas con los prestadores del sistema.
Bullrich defendió el acuerdo y pidió controles sobre las prestaciones
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó el consenso alcanzado entre los distintos espacios políticos para avanzar con el proyecto.
“Este proyecto busca dar una respuesta a las personas con discapacidad, generar previsibilidad en el tema y así se ha generado un encuentro en torno a este proyecto de ley, después de muchos desencuentros”, sostuvo durante el plenario.
La legisladora también defendió la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización sobre las prestaciones y evitar irregularidades en el sistema.
“El sistema debe contar con auditorías y controles transparentes para garantizar que las prestaciones lleguen a quienes las necesitan y evitar irregularidades”, señaló.
En ese sentido, Bullrich destacó la incorporación de procedimientos más ágiles para que los beneficiarios puedan presentar descargos ante eventuales suspensiones y de herramientas para intervenir frente a posibles situaciones de fraude.
También hizo hincapié en la responsabilidad del Consejo Federal de Discapacidad, las provincias y los municipios en el seguimiento de las prestaciones.
“Esto no es un plan social, esto es una pensión por discapacidad”, remarcó.
La senadora sostuvo que el nuevo esquema debe garantizar previsibilidad para las personas con discapacidad y sus familias, mediante financiamiento definido, controles efectivos y respeto por la autonomía de cada beneficiario.
La oposición cuestionó la falta de consultas a las organizaciones
Pese al avance del dictamen, distintos sectores de la oposición expresaron reparos sobre el procedimiento de elaboración de la iniciativa.
La senadora cordobesa Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, cuestionó que el proyecto no haya sido discutido previamente con los organismos y las organizaciones vinculadas con la discapacidad.
“Este proyecto de ley no fue tratado con los responsables en el tema de discapacidad. Empezando por Estado nacional, que es la autoridad de aplicación y debe procurar los fondos, y siguiendo por las organizaciones del COFEDIS que tampoco fueron consultadas”, advirtió.
La posición de Vigo mantiene la línea que adoptaron los diputados cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora, quienes votaron en contra de la iniciativa durante la sesión del 22 de octubre en la Cámara baja.
Por su parte, la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio también cuestionó la política del Gobierno hacia el sector.
“Las personas con discapacidad fueron muy maltratadas por este Gobierno desde hace ya tres años”, afirmó.
Sin embargo, adelantó que acompañaría el dictamen de mayoría. Explicó que, aunque no considera que sea el mejor proyecto, su bloque busca dar certezas sobre la continuidad de la protección legal para las personas con discapacidad y evitar que quede sin efecto la ley de Emergencia.
Qué establece la nueva ley de Discapacidad
El proyecto, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, reemplaza el esquema de emergencia por un régimen permanente de prestaciones y financiamiento.
Uno de sus puntos centrales ratifica la compatibilidad de la Pensión No Contributiva por Discapacidad con el empleo formal. También permite percibir esa prestación junto con otros programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.
La iniciativa garantiza además la continuidad del programa de prestaciones médicas Incluir Salud, o de la denominación que adopte en el futuro, e incorpora las partidas presupuestarias necesarias para su funcionamiento.
En materia de recursos, habilita la utilización de fondos previstos en la Jurisdicción 91 del proyecto de Presupuesto 2027.
Otro de los artículos obliga al Poder Ejecutivo a garantizar la participación del Consejo Federal de Discapacidad (CoFeDis) en el diseño de futuras políticas públicas para el sector.
Respecto de la suspensión de beneficios, establece un mecanismo de notificación fehaciente y un plazo de 60 días para que las personas afectadas presenten su descargo. Cumplido ese período, la autoridad competente deberá revisar cada caso.
El financiamiento, la clave para conseguir los apoyos
La garantía de recursos fue uno de los puntos principales de la negociación entre el oficialismo y los bloques opositores.
El proyecto establece que los gastos del sistema deberán cubrirse con partidas específicas asignadas anualmente por el Ministerio de Salud. Además, dispone que el financiamiento no podrá ser inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior.
Esa condición permitió sumar respaldos de distintos espacios políticos para avanzar con un régimen permanente que sustituya la declaración de emergencia.
El texto también incorpora un cronograma para regularizar durante este año los pagos adeudados a los prestadores de servicios para personas con discapacidad.
Con el dictamen conseguido, la iniciativa quedó encaminada hacia su tratamiento en el recinto. La intención del oficialismo es incluirla en la sesión del próximo 19 de noviembre y avanzar con su sanción definitiva antes del cierre del período ordinario de sesiones. (TN)
