La fiscal federal Gabriela Baigún solicitó una pena de cuatro años de prisión para el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, en consecuencia de haber defraudado al Estado a través de la compra de trenes chatarra a España y Portugal.
En tanto, también se pidió una condena de ocho años para el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, a quien se le sumaría una multa de 15.860.336 pesos.
Julio De Vido está condenado a cinco años y ocho meses de prisión por la tragedia de Once. Sin embargo, el fallo no está firme y se encuentra bajo revisión, por lo que De Vido siguió el juicio desde su casa y a través de Zoom.
Este mediodía, el Tribunal Oral Federal 6 retomó el mega juicio que se le sigue a Ricardo Jaime, en el que se nuclean 4 expedientes donde se le imputan diversos hechos de corrupción. El Ministerio Publico Fiscal, representado por Gabriela Baigún, formalizó el requerimiento de condenas para el exfuncionario, quien se encuentra actualmente privado de su libertad y condenado a ocho años.
La fiscal Baigún dio a entender que De Vido y Jaime eran autores del hecho, pero sin necesidad de que ambos supieran lo que el otro estaba haciendo.
En lo que respecta a Jaime, se especificó que cobró aproximadamente un millón de dólares en sobornos para servicios técnicos simulados, a través de de contratos pertenecientes a la consultora de Manuel Vázquez, testaferro de Jaime.
Es por ello que Baigún también pidió una pena para Vázquez, la cual corresponde a cinco años de prisión y una multa económica de 10.986.664,23 pesos.
Según indicó Baigún, De Vido tenía un rol como autoridad máxima y encargada en lo que refiere los contratos con España y Portugal.
También esgrimió que fue incluso De Vido quien suscribió dos de los contratos que “obligaron al Estado” a cambio de material que “resultó inservible en importante porcentaje”.
“De Vido ejerció un rol activo en la maniobra, mínimamente mediante la firma del contrato”, comentó. Uno de esos contratos, con Caminos de Ferro de Portugal, correspondió a las 17 unidades turbodiesel de las cuales, finalmente, doce no fueron utilizadas.
Baigún aclaró que el exministro siempre contó con la posibilidad de reparar las formaciones adquiridas y que “le esta asignada por ley la función de supervisar el sistema ferroviario del país”.
Entre las pruebas presentadas, Baigún expuso que la mitad de los trenes comprados (54% o 94% según la AGN) nunca fueron puestos en uso. “Es demasiado ostensible y notorio, y no le pudo haber pasado desapercibido. Es evidente que De Vido sabía de las irregularidades de estas compras y no actuó. Recibió al menos 20 informes de la AGN sobre las gestiones de Jaime y de Juan Pablo Schiavi.”
Asimismo, la fiscal pidió la absolución de Ricardo Domingo Testuri y Carlos Retuerto Castaño, de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
Sobre Ricardo Jaime
“Jaime recibió sumas de dinero, como surge de los contratos con la firma Expansión Exterior y la consultora de Manuel Vázquez, Caesa”, señaló la fiscal y dejó en claro que era competente para realizar ese tipo de compras y que no era verdad que el material rodante debía ser reparado por las concesionarias de trenes que cuentan con fondos nacionales. “No puede pretenderse que una empresa a la que se le asignó material rodante que no pidió y no era compatible, tuviera iniciativa para repararlo”, dijo.
Baigún cree que Jaime nunca quiso que se conociera sobre aquellos contratos porque ponían a disposición de Expansión Exterior para recibir el monto económico. “Es la manera en que Jaime cobró retornos por las contrataciones por 913.000 euros, casi un millón de dólares», aportó. (MdZ)
