En el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno confirmó que las tarifas de los servicios públicos de luz y gas subirán según la evolución de los salarios para los usuarios residenciales, al tiempo que habrá una reducción de subsidios para algunos consumidores.
Mientras se espera que el memorando de entendimiento con el FMI para el pago de la deuda llegue al Congreso, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, afirmó que el acuerdo implica «lograr tarifas razonables y con criterios de ser aplicadas a los servicios de gas y electricidad».
La funcionaria detalló que para los usuarios residenciales se considerará como criterio objetivo el coeficiente de variación salarial (CVS), como lo establecía la Ley N° 27.443, «frustrada por el veto total impuesto por la administración anterior». «Con dicho parámetro, el Poder Ejecutivo nacional impulsará, previa audiencia pública convocada a fines de abril de 2022, las medidas que tracen un sendero para el bienio 2022-2023 una nueva propuesta tarifaria con un esquema de segmentación de subsidios que enfoque el esfuerzo estatal en aquellos usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago, e incentivando la adopción de medidas que induzcan al uso racional de los servicios», argumentó.
En este marco, Cerruti detalló que la segmentación para el bienio 2022-2023 contempla tres niveles, conforme los parámetros que determine el Poder Ejecutivo nacional en el marco de su competencia según el servicio público de que se trate:
- usuarios que dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo energético en función de su plena capacidad de pago;
- usuarios beneficiarios de la tarifa social, para quienes el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40% del CVS del año anterior,
- para el resto de los usuarios el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior.
Asimismo, durante los años 2022 y 2023 no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los topes previstos, para las categorías de segmentación de usuarios b) y c), «si el gobierno realiza una implementación exitosa del esquema de segmentación propuesto». Para el año 2022, se incluirán para el cálculo, los incrementos aplicados durante todo el año calendario.
La propuesta para los usuarios no residenciales, contempla el pago de la tarifa plena para los Grandes usuarios de distribuidor (Gudi), y para el resto se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública.
Cerruti también aseguró que se desarrollará un plan energético de mediano plazo que incluirá acciones tendientes a: «(i) incentivar la inversión privada y pública para aumentar la generación y transmisión de energía, incluyendo la construcción de gasoductos y la expansión de la capacidad de producción de GNL y energía renovable; (ii) reducir las pérdidas en el segmento de distribución mediante mejoras en los medidores, la facturación, y la cobranza; (iii) mejorar la eficiencia del consumo energético y la conservación del recurso; (iv) fortalecer la focalización y la progresividad de los subsidios energéticos; y (v) asegurar que, con el tiempo, las tarifas energéticas de los consumidores finales residenciales y no residenciales reflejen mejor y de manera más predecible los costos mayoristas del gas y la electricidad».
Y explicó que para los usuarios residenciales el aumento será según el coeficiente de variación salarial. «El Gobierno convocará a una audiencia pública para fines de abril para avanzar de forma consensuada en una segmentación», anticipó.
Cerruti afirmó que el Gobierno «está en las últimas horas de la negociación» con el FMI «antes de plasmar en texto» el acuerdo con el organismo a fin de que sea enviado al Congreso «para su aprobación», y afirmó que el Ejecutivo «defiende punto por punto» los intereses de la Argentina.
La portavoz de la Presidencia reafirmó hoy, en el marco de una conferencia de prensa que ofrecía vía Zoom a los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno, que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional “no prevé ajustes, ni reformas previsionales y laborales”, y señaló que el organismo pedía “un aumento más elevado en las tarifas de servicios públicos” que el esquema que finalmente fue acordado.
