UN CASO CON POLÉMICA
La Fiscalía General de Bahía Blanca apeló la anulación de los allanamientos y todo lo actuado en la causa por cannabis en el INTA de Tornquist y ahora tendrá que definir la cuestión el Tribunal de Casación Penal bonaerense.
El recurso, de 27 fojas y presentado por el doctor Juan Pablo Fernández, considera abritraria la decisión de la Sala I de la Cámara Penal de Bahía Blanca, dictada días atrás sobre los procedimientos que tuvieron lugar en 2020.
Esa resolución se había tomado tras un planteo del fiscal Mauricio del Cero, que objetaba el sobreseimiento a favor de los 4 acusados, Teresa María Haag, Omar Enrique Navas y los concejales Federico Sebastián Labarthe y Cristian Manuel Raising, todos imputados de tenencia simple de estupefacientes.
Los camaristas Gustavo Barbieri y Pablo Soumoulou no llegaron a atender el planteo contra los sobreseimientos y directamente anularon todo lo actuado desde los allanamientos, porque los consideraron inválidos.
Tuvieron en cuenta que no se identificó a quien aportó el «dato» inicial (a partir de una denuncia con dos escritos anónimos) y que no se advirtió de las tareas investigativas ninguna maniobra relacionada con algún delito vinculado a las drogas.
También que se usó un dron directamente sobre el patio de una vivienda sin ningún otro dato objetivo y que en las fotos tomadas con el dispositivo tampoco se demostraba que las plantas observadas efectivamente fueran de marihuana y que, enúltimo caso, su tenencia fuera ilegal.
«Resolución arbitraria»
Fernández, en el recurso, pidió a Casación que anule lo dispuesto por la Cámara local y mande la causa a un nuevo tribunal hábil para que resuelva el recurso contra el sobreseimiento de los procesados.
«La resolución se funda en la voluntad de los jueces que la suscriben en un desarrollo de razones aparentes que, por lo demostrado, me lleva a tildarla de arbitraria», dijo el fiscal general.
Sobre el uso del dron, consideró que la sospecha de «invasión» es «antojadiza y «carente de explicación», ya que existe un informe de Gendarmería que lo desmiente claramente, al asegurar que el procedimiento se hizo «sin invadir la vecindad o afectar la privacidad de terceros» ni «el espacio aéreo».
En cuanto a los motivos del allanamiento, opinó que los camaristas hicieron hincapié en el anonimato de los denunciantes en lugar de centrarse en la prueba presentada, «esto es el contenido de 7 fotos» (se ve a los imputados Raising y Navas posando ante una profusa plantación de cannabis en la casa del segundo).
«La negación de los motivos existentes como suficientes para justificar el allanamiento se erige en una irracionalidad negatoria del régimen republicano de gobierno. Arbitrarierdad que choca, por lo expuesto, con las reglas de la sana crítica racional y precente de los altos tribunales», agregó el fiscal general.
En este sentido citó a Cámaras Criminales y de Casación y hasta la Corte Suprema, que tiene dicho que una orden de allanamiento puede ser válida con «una mínima sospecha razonable» de que en el lugar se pruebe la comisión de algún delito.
«Es prácticamente imposible encontrar un mejor motivo para ordenar el allanamiento que las fotografías del delito junto a sus autores tomadas en dicho domicilio», sentenció Fernández.
También dijo que la ley de estupefacientes (23.737), en su artículo 34 bis sostiene que las personas que denuncien cualquier tipo de delito previsto en esa normativa «se mantendrán en el anonimato».
Así Fernández opinó que la decisión de la Cámara de anular todo lo actuado es «un alzamiento velado contra la política criminal establecida por el Congreso en la materia». (La Nueva)
