«Les pido que se pongan de pie, que se unan, que se organicen y que establezcamos un adecuado enlace entre todos nosotros. Tenemos que estar al lado del Ejército si las circunstancias se pronuncian en más disolución y violencia». La convocatoria golpista del ex militar Aldo Rico para que sus «camaradas» se organicen contra el gobierno nacional fue repudiada por diversos sectores en los últimos días.
Este martes, un grupo de ex combatientes de Malvinas pidió a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que se revise la pensión honorífica que recibe el ex carapintada. Según explicaron, hay un decreto que «impide acceder al beneficio a quienes fueron sancionados por delitos contra el orden constitucional y la vida democrática».
A través de una nota dirigida a la titular de la Anses, Fernanda Raverta, la Mesa de Coincidencias Malvinas (Mecoma) -colectivo que agrupa a exsoldados y civiles que participaron de la guerra- advirtió que existen «irregularidades en el otorgamiento y continuidad de beneficios contemplados en la Ley 23848», específicamente «en el estricto cumplimiento del artículo 6° del Decreto 1357/04».
Según indicaron desde Mecoma, esa ley «otorga la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur, un reconocimiento basado de los méritos y honores, de carácter no contributivo y graciable, que constituye en verdad un instituto de reconocimiento, puesto que excede los estándares de los derechos previsionales ordinarios». En ese contexto, señalaron los ex combatientes, «corresponde que al interpretarlo se aplique un temperamento preciso y restringido».
En el artículo 6 del decreto N°1357/04, el Poder Ejecutivo Nacional establece supuestos de gravedad que impedirían el acceso al beneficio honorífico. «Los veteranos de guerra que hubieran sido condenados, o resultaren condenados, por violación de los derechos humanos, por delitos de traición a la Patria, o por delitos contra el orden constitucional, la vida democrática u otros tipificados del Código Penal, no podrán ser beneficiarios de las pensiones de guerra a que se refiere el presente decreto”, puntualiza ese artículo.
«Desde nuestras organizaciones bregamos por el cumplimiento de dichas normas y más aún por tratarse de un universo de beneficiarios donde muchos de ellos formaron parte de las estructuras de las FF.AA durante la dictadura cívico militar. Posteriormente, ya recuperada la democracia, miembros de las FF.AA y de Seguridad cometieron actos ilícitos como los episodios llevados a cabo en los alzamientos militares en los años 1987, 1988 y 1990″, expresó Mecoma a través de u comunicado.
El colectivo precisó, en ese sentido, que el 22 de julio circuló un video en el que Rico, «recordado por todos los argentinos como un desestabilizador del sistema democrático, lanza una proclama cuyas manifestaciones fueron repudiadas por antidemocráticas y desestabilizadoras».
Ante este episodio, los ex combatientes revisaron registros y observaron que Rico es beneficiario de la Pensión Honorífica, por lo que pidieron «su revisión y que se verifique si en este caso se viola lo establecido en el artículo 6° del decreto 1357/04, al tratarse de recursos que surgen del erario público». Y por último, ofrecieron «contribuir» desde la experiencia y conocimiento «para que la impunidad no sea premiada». (Crónica)
