El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner hicieron sus declaraciones juradas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción (OA) y señalaron que poseen 17 y 48 millones de pesos, respectivamente.
El dato que se desprende del documento indica que la titular del Senado incrementó su patrimonio en un 96% (en términos reales), ya que el año anterior había informado $16,4 millones.
En la declaración correspondiente al período 2021 Cristina Kirchner señaló que posee un patrimonio de $48.608.385.
En 2020 había declarado $16.463,095, por lo que la cifra actual representa una suba del 195%, aunque si se cuenta la inflación, el aumento real fue del 96%.
La vicepresidenta no incorporó bienes durante el último período, pero sí aumentó su tenencia de dinero en el banco por $16,6 millones.
Además del dinero en efectivo, la jefa del Senado valuó en $922.147 los bienes de su casa y la herencia que recibió de Néstor Kirchner en $31.084.071.
En tanto, el mandatario nacional declaró un patrimonio de $17.833.320 para el período correspondiente a 2021.
De acuerdo a su declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, Fernández incrementó su patrimonio en un 107% en relación a 2020.
El incremento de su patrimonio tuvo que ver con la nueva valoración que tuvo su departamento en el barrio porteño de Recoleta.
El Presidente informó los mismos bienes que en 2020, siendo su principal activo el departamento que posee sobre la avenida Callao al 1900, valuado en $12,2 millones, $10 millones más que en 2020, según publicó Infobae.
Además, el jefe de Estado tiene parte de su patrimonio a través de la sociedad Inmueble Callao SA, en la que comparte acciones con su amiga de toda la vida y ex ministra de Justicia, Marcela Losardo.
Entre los bienes de Alberto Fernández también aparece un Toyota Corolla 1.8 modelo 2019, valuado en $1.455.000.
En tanto, tiene deudas por $196.000, dinero en una cuenta bancaria por $444.617, y bienes del hogar por $756.662.
Con sus declaraciones, los integrantes del Poder Ejecutivo cumplieron con la ley de Ética Pública, que establece que los funcionarios nacionales del Poder Ejecutivo y Legislativo deben presentar una declaración jurada patrimonial anual ante la OA. (NA)
