En Matilda, famosa película de los años ‘90, la señorita Miel descubre en esa pequeña niña una inteligencia extraordinaria, fuera de lo común: ante ese descubrimiento, le pide a la directora de la institución, Tronchatoro, que la pasen a un grado más avanzado, a lo cual esta última se niega. ¿Qué sucede en la Argentina del 2022 cuando aparece, en una sala o grado, un niño que se destaca por sobre los demás, con o sin un psicodiagnóstico que confirma su superdotación previamente hecho?
Organizaciones abocadas a las Altas Capacidades Intelectuales denuncian un vacío legal y una falta de tratamiento hacia los niños con esta condición, que representan, según estimaciones, un 2% del total de chicos escolarizados. La situación, sin embargo, no es homogénea a lo largo del territorio argentino, aseguran desde MENSA y Abrazo Arcoiris, dos de estas organizaciones. Mientras que en Jujuy tienen un Servicio de Acompañamiento Escolar especial para chicos con altas capacidades, en la Ciudad de Buenos Aires las escuelas responden de manera específica de acuerdo a caso, lo que vuelve al tratamiento muy discrecional. En la provincia de Buenos Aires, los pedidos de adelantamiento o de adecuamiento curricular son directamente denegados por las escuelas.
En el artículo 93 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 se establece que las autoridades educativas jurisdiccionales deben organizar o facilitar el diseño de programas para la identificación, evaluación temprana, seguimiento y orientación de los alumnos y alumnas con capacidades especiales, como así también ampliar el proceso de escolarización de estos estudiantes. Ese es, para la gran mayoría de las provincias, el único marco normativo respecto a la situación de los chicos con altas capacidades.
“La única normativa respecto a las altas capacidades es un artículo dentro de una ley. Para los chicos con capacidades reducidas, tenés 18 leyes distintas que contemplan la discapacidad, lo que está perfecto. Este extremo, el de las capacidades por encima de la media, se encuentra olvidado y abandonado”, asegura Cinthia Fernandez de MENSA, asociación internacional que nuclea a personas con Altas Capacidades. “El Gobierno nunca tomó una política, solo repartió unos cuadernillos donde se explica la necesidad de atender a las altas capacidades, como un instrumento más de lo que es la inserción escolar. Políticas especiales para este colectivo nunca se plantearon ni se llevaron a cabo”.
Silvina Gvirtz, secretaria nacional de Educación, sostiene que “cuando los especialistas estudian la inteligencia de un chico hacen una evaluación integral: quizas un chico con altas capacidades intelectuales tiene una capacidad de socialización acorde a su edad real. Se debe ponderar que el chico tenga una linda trayectoria, que pueda disfrutar la escuela; no siempre lo ideal es el adelantamiento”.
Benjamín, el chico al que quiere obligar a repetir
El caso de Benjamin Equiza, quien cumplió semanas atrás ocho años, sentó un precedente a nivel nacional: con un diagnostico de altas capacidades, Benjamin “saltó” de sala de cuatro a primer grado y luego rindió segundo grado libre en 2020. Cuando quiso empezar tercer grado, la Direccion General de Educacion Privada (DIEGEP) pretendió obligarlo a repetir, lo cual dio comienzo a una serie de enfrentamientos legales entre la familia de Benjamin y el ministerio de Educación bonaerense.
“En la Provincia de Buenos Aires hay un vacío legal muy pronunciado”, asegura Virginia Monte, de la asociación Abrazo Arcoiris. “Como no hay ninguna normativa provincial en la cual se establezca el tratamiento que se debe seguir frente a los chicos con altas capacidades, las escuelas dan por sobreentendido que no pueden ser adelantados de grado, o aseguran que no pueden ejecutar las adecuaciones curriculares correspondientes”.
De esta manera se genera un conflicto entre las familias, que quieren que sus hijos reciban la educación necesaria de acuerdo a su edad mental, y las escuelas, que se niegan a adelantar a los chicos, guiados por la falta de legislación al respecto y por lo tanto, el “mandato” de seguir a la edad cronológica. Monte asegura que, de acuerdo al registro de Abrazo Arcoiris, hay unas 200 familias de la Provincia de Buenos Aires que se encuentran actualmente en conflicto con las instituciones a las que asisten sus hijos. La decisión de qué chico es adelantado y qué niño no, se vuelve así discrecional, y depende de la llegada que tengan las familias al ministerio de Educación bonaerense.
Como respuesta a esta situación, se presentó dos semanas atrás en la legislatura bonaerense la Ley Benjamin, que busca establecer un marco regulatorio para la detección y abordaje integral de los chicos con altas capacidades intelectuales (ACI) desde el jardín hasta la secundaria. “En la Provincia, hay aproximadamente 5 millones de alumnos, entre el sistema público y privado. Si el 2% tiene altas capacidades, estamos hablando de 100.000 chicos y chicas que, ante la falta de una legislación y consiguientemente del tratamiento educativo adecuado, sufren frustraciones, estrés, problemas emocionales”, asegura Claudio Frangul, diputado bonaerense de Juntos, promotor del proyecto de ley.
“Hoy, a pesar de que Argentina tiene el artículo 93, según el cual cada jurisdicción debería implementar un plan y atender a esta minoría, eso no se realiza en la Provincia. Hay una desatención en toda la línea jerárquica del Gobierno provincial, que desconoce la realidad a la cual están sometidos estos chicos. La ley que se está presentando en la legislatura permitiría que los profesionales cuenten con formación para atender a este colectivo y que haya más psicodiagnósticos”, sostiene Soledad Heit, mamá de Benjamin, en diálogo con eldiarioAR.
“Los chicos de altas capacidades hoy, al menos en la Provincia, se encuentran a la deriva, a la deriva y a la voluntad de determinadas personas”, agrega Soledad.
Un negocio para “superdotados”
En la Ciudad de Buenos Aires, tampoco hay una legislación específica que atienda las necesidades de este colectivo. “Sin embargo, en la Ciudad tienen una metodología para responder a la demanda de atención específica. En el momento en el cual la escuela recibe el caso, realizan los adelantos de grado correspondientes y las adecuaciones o enriquecimientos curriculares”, sostiene Monte.
Desde el Ministerio de Educación de la Ciudad, aseguraron que están trabajando para la actualización de la normativa vigente para encuadrar estos casos. “Una vez que se adecúe la norma, las familias que lo consideren oportuno podrán presentar los certificados del equipo interdisciplinario correspondiente y se les permitirá a estos estudiantes adelantar hasta un grado”, señalaron.
A pesar de esto, fuentes del Gobierno de la Ciudad aseguraron que hay un “negocio” alrededor de los chicos con altas capacidades intelectuales. “Hay grupos de personas que se encargan de hacerle creer a determinadas familias que su hijo/a es superdotado. Cobran una fortuna para entrenarlo”, sostienen. Así, la situación en Ciudad estaría lejos de ser armónica.
La única provincia que generó legislación específica para tratar las necesidades de este colectivo fue Jujuy, la única provincia que tiene, dentro del Ministerio de Educación, una Secretaria de Altas Capacidades, que cuenta con un Servicio de Acompañamiento Escolar. “Esto crea una ventanilla para el seguimiento correspondiente de los chicos con altas capacidades”, sostiene Frangul. (eldiarioAR)
