La Cámara Federal porteña puso a la vicepresidenta Cristina Kirchner al borde de otro juicio oral y público, esta vez por el presunto delito de “peculado” por la utilización de aviones de la flota presidencial para trasladar muebles para los hoteles familiares en El Calafate.
Por unanimidad, los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens calificaron la conducta de la vicepresidenta como utilización “en provecho propio un servicio pagado por la administración pública».
El camarista Llorens, incluso, propuso que la confirmación del procesamiento fuera notificada al Senado para que avanzara con el desafuero de Cristina Kirchner con miras a una eventual detención, invocando los tratados internacionales de combate contra la corrupción.
La Cámara convalidó todo lo actuado anteriormente y volvió a pronunciarse sobre un caso en el que ya había intervenido, pero que había sido parcialmente revertido por la Cámara Federal de Casación —el máximo tribunal penal del país— por omisiones de procedimiento.
La nueva confirmación del procesamiento deja a la vicepresidenta encaminada a un nuevo juicio oral y público, en el que podría ser condenada a penas de hasta diez años de prisión.
La resolución indica que “tanto ella, como su familia, eran los beneficiarios directos de la utilización de los servicios pagados con el presupuesto nacional».
La vicepresidenta, cuando ejercía la primera magistratura, “utilizó el avión Tango 01 en varias oportunidades para transportar muebles, ropa de blanco y otro tipo de enseres, que no tenían una utilidad relacionada con la función pública que desempeñaba”.
“Utilizó en provecho propio un servicio pagado por la administración pública, incurriendo en una conducta merecedora de reproche penal», resume la resolución, de una treintena de páginas.
El camarista Llorens, por su parte, firmó un voto en el que subrayó la «grave falta ética» de la expresidenta e impulsó su juicio político con el fin de proceder a su detención.
Llorens consideró la conducta de Cristina Kirchner como constitutiva de “una matriz de corrupción especialmente dañina para los destinos de la Nación, que debe ser prevenida, erradicada y sancionada”.
En ese esquema, propuso al juez de la instancia anterior, en este caso Julián Ercolini, “analizar si el camino para asegurar las medidas de cautela personal es el juicio que la Constitución Nacional impone para la separación del funcionario del ejercicio del rol con el que fue investido, a fin de tornar efectivo su encarcelamiento provisional”.
El fallo dispuso también la falta de mérito para el senador Oscar Parrilli, quien también aparecía investigado en la causa. (NA)
