El magnate inglés Joe Lewis, propietario de una estancia en Lago Escondido donde viajaron los magistrados y funcionarios porteños que son investigados por dádivas por la Justicia federal de Bariloche, figura entre los 500 hombres más ricos del mundo, posee inversiones en corporaciones energéticas y se encuentra en conflicto con la ley argentina.
Lewis tiene además una estrecha relación con el expresidente Mauricio Macri, que en más de una oportunidad visitó las tierras que posee este millonario en la zona cordillerana de Río Negro, donde también se alojó el exmandatario estadounidense Barack Obama durante una visita de Estado que realizó a Argentina en 2016.
En los últimos años, Lago Escondido se convirtió en un lugar en el cual personajes relacionados con el poder y los negocios mantienen reuniones en medio de un paisaje idílico de ríos, lagos y montañas.
En octubre pasado, el diario PáginaI12 publicó que un grupo de magistrados, funcionarios porteños, empresarios de medios de comunicación y un exintegrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) viajaron a Lago Escondido.
Los involucrados en ese viaje son Julián Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 10; Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la ciudad de Buenos Aires; Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño; Carlos Alberto Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 2; Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 9; Leonardo Bergroth (ex agente de la AFI); Tomás Reinke, presidente de Mediabit S.A.; Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín S.A., y Jorge Rendo, CEO del mismo medio de comunicación.
El domingo pasado trascendieron en varios medios de comunicación conversaciones que los implicados mantuvieron en un grupo de chat, en el cual coordinaban estrategias para dar una versión falsa sobre los motivos de ese viaje.
A raíz de esa filtración, el Gobierno nacional presentó una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público y la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare -quien fue aludida en los chats como receptiva a dar cobertura en los tribunales a la versión que los involucrados planificaban- le pidió a la Justicia profundizar la investigación para determinar si se cometió un delito de dádivas.
«En principio creíamos que se trataba de una acción destinada a planificar una estrategia para el 2023 o con hechos que habían sucedido en la zona. Pero cuando vi y escuché las conversaciones y los audios que se filtraron me sorprendí», señaló en diálogo con Télam Roxana Ferreyra, concejal del Frente de Todos (FdT) de Bariloche que publicó en sus redes sociales la información sobre la llegada a la zona de este grupo de magistrados y funcionarios que luego se trasladaron a la estancia de Lewis.
Según la revista Forbes, el millonario británico ostenta una fortuna personal de casi 5.000 millones de dólares, y desde mediados de los años ’90 adquirió tierras en los alrededores de Lago Escondido, lo que con el tiempo originó un conflicto por el acceso libre a ese espejo de agua que aún persiste y no tiene una resolución.
Lewis dejó a los 15 años los estudios para trabajar en un negocio familiar de cáterin, con el tiempo expandió el negocio y se dedicó a las divisas, y en 1979 se radicó en Bahamas, donde goza de las módicas condiciones impositivas del país caribeño.
Allí estableció la sede de su grupo empresarial, el Tavistock Group, que tiene activos en más de 13 países -entre ellos Argentina- y es dueño del Tottenham Hotspurs, uno de los clubes más tradicionales de la Premier League de Inglaterra.
Las 12 mil hectáreas que posee en Lago Escondido lo convierten en uno de los terratenientes extranjeros más poderosos de Argentina.
Las 12 mil hectáreas que posee en Lago Escondido lo convierten en uno de los terratenientes extranjeros más poderosos de Argentina
Sus empleados de Hidden Lake, la firma con la que opera sus negocios en Argentina, impiden el acceso público a este espejo de agua situado en una zona estratégica zona de frontera.
La Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua (Fipca), que encabeza Julio César Urien, realiza junto a otras organizaciones sociales y sindicales marchas para acceder al Lago Escondido que terminan en incidentes con la guardia armada que Lewis tiene desplegada en ese lugar.
«Lewis es un hombre del poder financiero global y Lago Escondido es un lugar ideal en el cual las personas que representan esos intereses pueden celebrar tranquilamente sus reuniones«, señaló Urien, exmilitante del peronismo revolucionario, en diálogo con Télam.
En febrero del año pasado, con motivo de la Sexta Marcha de Expedición por la Soberanía a Lago Escondido, los manifestantes que intentaban acceder por un camino autorizado por la Justicia resultaron agredidos por un grupo de personas armadas que respondía a las órdenes de Lewis.
Era un grupo de 50 personas armadas y que montaban a caballo y respondían a las órdenes de Nicolás Van Ditmar, administrador de la estancia de Lago Escondido y empresario con desarrollos inmobiliarios en la zona.
Van Ditmar oficia como titular de Hidden Lake, y fue denunciado por privación ilegítima de la libertad tras haber retenido contra su voluntad a los manifestantes que intentaban acceder al lago.
En la causa judicial que se inició a raíz del viaje que realizaron magistrados y funcionarios a las posesiones del británico, Van Ditmar figura recibiendo a varios de los integrantes de este grupo en el aeropuerto de Bariloche.
Una de las víctimas del accionar de este grupo de choque que respondía a Lewis fue el médico sanitarista Jorge Rachid, quien participaba de la marcha y padeció una descompensación en medio de las agresiones de la guardia armada que comandaba Van Ditmar.
Días después de esos incidentes, Macri visitó las propiedades de Lewis, en un hecho que fue entendido por varios dirigentes oficialistas como un acto de provocación.
El expresidente llegó el 12 de febrero a Bariloche en un avión de la empresa Baires Flight con dos asistentes, y viajaron a Villa La Angostura, a una estancia donde los esperaba el helicóptero de Lewis.
Días después llegó a Bariloche en un avión privado desde Estados Unidos, Yasir Al-Rumayyan, gobernador del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita y accionista del club de fútbol Newcastle United.
Macri y el funcionario saudita estuvieron reunidos en Llao llao, donde jugaron un partido de golf y luego se trasladaron en helicóptero a Lago Escondido para encontrarse con Lewis.
En abril de este año, trascendió que Lewis vendió a fondos qataríes un predio de 4.000 hectáreas ubicado en la zona costera de Río Negro, donde hay una pista de 2.200 metros de longitud, según se informó en el portal El Cohete a la Luna.
Esa pista, desde la que sería posible llegar a las Islas Malvinas en unas horas, se encuentra en la zona donde se proyecta el desarrollo de inversiones para extraer hidrógeno verde.
En 2019, un día después de las PASO en las que se impuso Alberto Fernández, Lewis amplió su participación accionaria en la corporación Pampa Energía, que encabeza el empresario Marcelo Mindlin, muy vinculado a las empresas del grupo Macri.
Lo cierto es que desde 2005, Lewis se encuentra en conflicto con las leyes argentinas.
La Cámara de Bariloche le ordenó este año a la provincia de Río Negro que, en un plazo de tres meses, garantice a la población el tránsito por un camino de acceso al Lago Escondido, lindante con la propiedad de Lewis.
Sin embargo, el Gobierno de Arabela Carreras decidió apelar ese fallo ante el superior Tribunal de Justicia de la Provincia.
La Justicia de Bariloche ratificó de esta forma un fallo de 2013 que ordenó habilitar ese sendero cordillerano, en una causa que se inició 17 años atrás.
Según el Código Civil de la República Argentina, los ríos y lagos son de dominio público (artículo 2.340), mientras que la Constitución de la provincia de Río Negro «asegura» el libre acceso con fines recreativos a las riberas de espejos de agua de dominio público (artículo 73).
En abril pasado, la Inspección General de Justicia (IGJ) requirió la intervención judicial de la firma Hidden Lake S.A., propiedad de Lewis, por considerarla una «pantalla jurídica» para «frenar la aspiración» de cualquier persona a acceder a Lago Escondido. (Télam)
