Una familia logró recuperar un establecimiento rural ubicado entre los distritos de Guaminí y Trenque Lauquen que había sido usurpado y ocupado ilegalmente hace 4 años atrás.
Se trata del establecimiento rural “Don Raúl” ubicado sobre la ruta nacional 33, frente al ingreso al balneario Cochicó, donde sus propietarios originales pudieron volver a ingresar recién esta semana tras una serie de fallos judiciales favorables.
La propiedad fue encontrada en un estado deplorable, con pertenencias destruidas, abandonadas y muchos elementos robados y desaparecidos.
Todo comenzó en el año 2019 cuando más de 10 personas, sin contar los menores, ocuparon precariamente el campo de la familia Álvarez, que estaba alquilado a Alejandro Nadal quien es acusado por trata de personas por los ocupantes. El tema saltó al conocimiento de la opinión pública nacional a través de distintos medios en su momento.
El caso se tramitó como expediente judicial en el Juzgado Federal nº 2 – Secretaría Penal nº 6 de Bahía Blanca.
La cuestión judicial siguió con una serie de cruces, donde los ocupantes ilegales se valieron de una sucesión de herramientas judiciales que extendieron los plazos y requirieron un gran esfuerzo del equipo de abogados de los propietarios para justificar y plasmar en la Justicia sus pretensiones. A la par, los ocupantes ilegales ejecutaron una pantalla mediática para victimizarse. Mientras tanto la propiedad iba siendo desposeída de sus pertenencias y, descuidada, iba siendo abandonada perdiendo su valor original.
El 4 de octubre de 2022 salió la sentencia favorable a los propietarios originales donde la Justicia estimó la denominada pretensión reivindicatoria solicitada por la familia “contra María José Rodríguez, Griselda Esther Villareal, Pilar Agustina Villareal, Kevin Enzo Natanael Rodríguez, Kevin Alexander Larsebo, José Luis Constantini, VADORA de Salliqueló SRL, Alejandro Nadal, María Eugenia Vargas, Amelia Zulema Álvarez y todo ocupante ilegal del inmueble materia de litis, y, en consecuencia, condenar a todos ellos a restituir la posesión del mismo a los actores en el plazo de (10) diez días”, según se desprende del expediente al que el sitio DataTrenque tuvo acceso y publicó.
Finalmente, el pasado jueves 15 de diciembre se efectivizó el “mandamiento de toma de posesión” casi 4 años de desposesión en un operativo con presencia de efectivos policiales y funcionarios judiciales, encabezado por los abogados Leticia Galocha y Franco Luppi que, con paciencia, firmeza y ductilidad, llevaron adelante la causa en paz y utilizando las herramientas que el Código permite, dentro de los márgenes de la ley.
En el acto de posesión, la familia propietaria recorrió un establecimiento rural prácticamente arrasado, totalmente devastado, y ahora pondrá manos a la obra para recuperar lo que alguna vez “Don Raúl” fue: un establecimiento productivo, que generó empleo y divisas para el distrito de Guaminí.
Mérito de una familia que nunca se doblegó a pesar de sufrir momentos donde todo parecía perdido, un equipo de profesionales que desplegó todas sus habilidades y conocimientos judiciales en pos de un objetivo que excede lo particular y sienta un precedente para los dueños de tierras de una vasta región (algo que se valorará con el tiempo a pesar de muchos distraídos que no supieron afrontar el momento histórico), y una Justicia que funcionó dando la razón y rechazando lo que fue una ocupación ilegal de tierras productivas.
