El Gobierno está dándole las últimas puntadas al proyecto de ley que determinará el «cierre del Estado» en caso de que se produzca un déficit fiscal continuado a lo largo de los meses, según señaló el presidente Javier Milei.
El mandatario ya dijo que su idea de «shutdown» no es la misma que la que rige en Estados Unidos. Más precisamente, sostuvo que ese instrumento administrativo se podría aplicar para cortar el gasto no indispensable.
Entre los sectores mencionados con ello aparecen los diputados y senadores. Cargado de prejuicios sobre la actividad política, Milei quiere dejar a los legisladores sin cobrar sus dietas en caso de que no alcance el dinero del Estado.
En ese sentido, la Asociación Argentina del Presupuestos y la Administración Financiera Pública (ASAP) elaboró un estimativo sobre los gastos que podrían frenarse en caso de que se sancionara la ley.
El estudio indica que cerca de siete de cada diez pesos que eroga habitualmente el Estado seguiría fluyendo. El principal concepto es el sistema jubilatorio, cuyo costo está indexado por inflación.
El trabajo de ASAP está hecho sobre el gasto devengado en 2025 por la Administración Pública Nacional (APN). El total fue de $123,5 billones y el gasto esencial sumó $88,7 billones, lo que representa el 71,9% del total.
De ello, lo que tiene que seguir en pie es el gasto en jubilaciones y pensiones, $56,5 billones; asignaciones familiares, $8,8 billones; seguro de desempleo, $337.032 millones; gasto corriente en defensa y seguridad, $5,9 billones; gasto corriente en salud, $6,8 billones; e intereses de deuda, $10,1 billones.
El resto, unos $34,8 billones estaría dentro de la categoría de «no indispensable». En ellos van gastos corrientes y de funcionamiento del mismo Estado.
El «grillete fiscal»
En sus últimas declaraciones públicas vía cadena nacional, Milei habló de establecer un «grillete fiscal», que no sería igual al que rige en EE.UU.
El proyecto que elabora el Gobierno consiste en «pasarle la pelota» al Congreso si no cierran las cuentas. Si tiene un período prolongado de déficit, el Poder Legislativo tendría que intervenir para corregir el desequilibrio, modificando el presupuesto. Si no se logra un acuerdo, entonces se declara el «shutdown» y el 30% del gasto considerado no indispensable se frena.
Se congelaría el gasto nuevo, no podrían adjudicarse contratos públicos ni incorporarse personal. Además, el presidente, sus ministros, secretarios y los legisladores dejarían de percibir sus salarios hasta que se restablezca el equilibrio fiscal.
En Estados Unidos el instrumento tiene otra naturaleza. No se usa en caso de déficit fiscal, sino en la eventualidad de que el Congreso no le apruebe el Presupuesto al Poder Ejecutivo. Sin autorización, el presidente declara el cierre de la administración pública hasta tanto se vote el presupuesto.
Hay que tener en cuenta que en ese país hay ciertos gastos esenciales cuyo financiamiento no están en el presupuesto, de manera que no son afectados. En EEUU el shutdown prevé licenciar sin salarios a los empleados públicos.
No obstante, los norteamericanos no se hacen problema si el presupuesto tiene déficit, ya que de hecho suelen aprobarlos con desequilibrio. La ley es por si no se aprueba. Allí el problema es autorizar al Poder Ejecutivo a hacer determinados gastos y financiarlos.
En el proyecto libertario parece apuntar hacia otro costado: quiere prohibir, de alguna manera, que haya déficit. Quiere impedir que haya una decisión política futura de que el Congreso autorice a un presidente a gastar más de lo que recauda.
Se trataría de dejar establecido hacia un principio de política económica que podría no ser compartido por una fuerza política de otro signo ideológico. O dicho de otra manera, impedir que se gobierne con déficit.
La idea puede ser aceptable en un contexto como el actual, pero tal vez, podría impedir a un Gobierno hacer inversiones en infraestructura, por ejemplo, que demande un incremento del gasto público que implique tener déficit primario financiado con créditos.
En ese sentido, en Argentina la ley de administración pública permite a un gobierno prorrogar el presupuesto del año anterior en caso de que no haya acuerdo del Congreso. Y, en general, esos presupuestos autorizan al Poder Ejecutivo a hacer correcciones a lo largo del año. Manteniendo el mismo nivel de gastos, se le permite al Presidente redistribuir las partidas.
Es decir, que actualmente Milei podría llevar a cero una partida de un gasto no indispensable y mandar el crédito presupuestario a una partida de gasto indispensable, mediante un DNU y con ello lograr el mismo efecto del grillete. De manera que el proyecto de ley, tal como la reforma de la Carta Orgánica, parecerían apuntar más a establecer ciertas reglas de juego económicas que no se puedan cambiar por gobiernos de otro signo político, que a pedir instrumentos para su propia política económica. (Fuente: Ámbito Financiero).
