La jueza María Servini procesó sin prisión preventiva a ex funcionarios del área de Turismo del gobierno de Mauricio Macri. En la misma resolución se dictó el procesamiento de dos empresarios que estuvieron involucrados en la maniobra de corrupción investigada.
En 2016 -cuando el ministro de Turismo era el cordobés Gustavo Santos– se decidió a través del Consejo Federal de Turismo (CFT), la realización de una campaña publicitaria por radio para promover distintas localidades de todo el país durante la Semana Santa. Se contrató a una empresa de forma directa para que distribuyera la pauta en las radios y a la compulsa de precios se invitó a otras dos. Se determinó que las tres empresas -”Team Media”, “Publicidad 10″ y “80/20 Marketing & Publicidad”- estaban relacionadas entre sí, por lo que para los investigadores judiciales no hubo una real competencia. Y se direccionó la contratación. La campaña se hizo, eso no está puesto en duda.
El CFT tiene carácter consultivo y está integrado por el Ministerio de Turismo y Deportes y representantes de todas las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires y su misión es la de fomentar el planeamiento y las actividades turísticas en todo el país.
El caso se abrió por la denuncia que en 2018 había hecho el empresario de medios dedicados al turismo Gonzalo Yrurtia ante la Oficina Anticorrupción que por entonces encabezaba Laura Alonso. En 2018 la OA pidió informes al CFT. Pero recién en 2022 cuando la OA estaba a cargo Félix Crous -que renunció hace unos días- se formalizó la denuncia penal luego de la investigación preliminar.
La denuncia le tocó a la jueza Servini quien le delegó la investigación al fiscal Federico Delgado. El fiscal pidió la indagatoria de los imputados porque determinó que se cometieron dos delitos: el de negociaciones incompatibles con la función pública y el de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En 2016 el presidente del CFT era el entonces ministro de Turismo de Salta, César Mariano Ovejero y el coordinador de ese órgano consultivo era Claudio Massetti. Al frente del ministerio estaba Santos y lo secundaba como secretario de Turismo Alejandro Eloy Lastra, quien hoy cumple funciones en la agencia Córdoba Turismo. Para la época de los hechos investigados el subsecretario de Promoción Turística de la Nación era el también salteño Fernando García Soria, actualmente secretario de Cultura y Turismo de la ciudad de Salta. La directora de asuntos jurídicos del ministerio de Turismo era Ana Inés Gradin, quien se mantiene en su cargo. Los empresarios que intervinieron en la maniobra son Marcelo Rafael Barrientos y Mauricio Jörgensen.
La denuncia de la OA señalaba que: “Pese a que la contratación se habría instrumentado conforme lo previsto por el reglamento interno del C.F.T., art. 10 inc. “c”, sobre contratación directa por razones de urgencia o emergencia, a lo largo del trámite del expediente no se hace referencia alguna a dicha normativa. No surge del mismo por qué Ovejero eligió a las tres empresas implicadas y no a otras, ni tampoco surge el medio por el cual se les solicitó que informaran presupuesto. Ninguno de los tres presupuestos presentados por las empresas exhibe diferencias significativas, solo se diferenciaban en el monto final presupuestado, con claras similitudes en la redacción de las planillas y que, aunque no surge que se haya requerido específicamente que se empleen pautas radiales, los presupuestos se centraron en ese medio. Entre las similitudes resaltadas, destaca en las planillas de “Team Media” y “Publicidad 10″ mismas fechas y error de escritura respecto del cliente, que figura como “Cosnejo Federal de Turismo”. En ambas ofertas cometieron el mismo error de tipeo.
En mayo de 2022 Delgado pidió la indagatoria de los imputados. Al mismo tiempo solicitó más información y una vez recibida-en septiembre de 2022- reiteró el pedido de indagatoria. La investigación de Delgado había comprobado la relación entre las tres empresas y además: ”La ausencia de un acto administrativo previo y fundamentación para la apertura de un concurso privado que implicara la contratación de una agencia publicitaria”.
Y a raíz de eso Servini citó a declarar como imputados a Ovejero, Massetti , García Soria, Gradin, Barrientos y Jörgensen. Los ex funcionarios negaron los cargos en su contra. Algunos señalaron que el que manejaba el CFT era el Coordinador y que el ministerio de Turismo no tenía injerencia en cuestiones como las investigadas. Incluso varios dijeron que el gasto en publicidad se había aprobado en la asamblea del CFT realizada aquel año en Puerto Madryn. También negaron conocer a los empresarios.
Sin embargo, según el procesamiento al que accedió Infobae, en las actas de aquella asamblea del CFT no quedó asentada la decisión de la hacer la campaña publicitaria en Semana Santa. Y además se explicó que: “El vínculo y el interés por parte de los funcionarios mencionados con las firmas puede apreciarse no solo de los vínculos a través de redes sociales, sino por el hecho de las similitudes entre las planillas de precios aportadas, montos y errores de tipografía”.
El empresario Barrientos dijo desconocer a los funcionarios públicos y explicó que las dos firmas bajo su control que se presentaron a la compulsa de precios eran sociedades diferentes y se dedicaban a distintas actividades: una era una “central de medios” y otra era una “agencia de publicidad integral”. Jörgensen de la empresa “80/20″ dijo conocer a dos de los ex funcionarios por haberlos visto en alguna feria de turismo y señaló que tenía relación comercial con las otras empresas.
Para Servini los funcionarios que fueron imputados: ”Omitieron cumplir con sus obligaciones legales, cuando no actuaron en contra de las mismas, con el único fin de que se celebre y se concrete el contratar por parte del Consejo Federal de Turismo a la empresa “Team Media S.A.” en la persona de Marcelo Rafael Barrientos para realizar una campaña publicitaria en miras al período “Semana Santa 2016″ por la suma de $ 10.072.983,80 suma esta que fue abonada con fondos de la Secretaría de Turismo de la Nación”. A quienes trabajaban en el CFT y en el ministerio de Turismo la jueza los procesó por los dos delitos: incumplimiento de los deberes funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. A los empresarios en cambio, los procesó solo por el último de los delitos. Les impuso a cada uno de los procesados un embargo de $50.500.000.
El procesamiento dictado por Servini fue apelado por los imputados. Será la Sala II de la Cámara Federal porteña la que resuelva si confirma o revoca lo decidido por la jueza. (Infobae)
