Un total de 62 países -entre los que se encuentra la Argentina- ya adoptaron políticas de mejores prácticas para abordar el problema de las grasas trans, pero todavía hay 5.000 millones de personas viviendo en áreas sin protección contra estas sustancias que aumentan el riesgo de muerte, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Desde que el organismo pidiera por primera vez en 2018 la eliminación global de las grasas trans producidas industrialmente (ácidos grasos trans o AGT) con miras a la eliminación total de los alimentos en 2023, la cobertura de las políticas de mejores prácticas se ha multiplicado casi por seis.
Hasta el momento, 62 países están liderando el camino con una política de buenas prácticas de AGT obligatoria ya vigente (43 países) o solamente aprobada (19), lo que representa 3.600 millones de personas bajo un paraguas de este tipo, es decir, aproximadamente el 46% de la población mundial, según el trabajo «Cuenta regresiva para 2023. Informe de la OMS sobre la eliminación global de grasas trans 2022», difundido hoy. «Sin embargo, a pesar del progreso sustancial, esto todavía deja a 5 mil millones en todo el mundo en riesgo por los devastadores impactos en la salud que ocasionan las grasas trans y el objetivo global para su eliminación total en 2023 sigue siendo inalcanzable en este momento», dijo la OMS en un comunicado de prensa.
Hay dos alternativas de políticas de mejores prácticas en materia de eliminación de grasas trans, según la OMS: «límite nacional obligatorio de 2 gramos de grasas trans producidas industrialmente por 100 gramos de grasa total en todos los alimentos; y prohibición nacional obligatoria de la producción o el uso de aceites parcialmente hidrogenados (una fuente importante de grasas trans) como ingrediente en todos los alimentos».
Las grasas trans se encuentran comúnmente en alimentos envasados, productos horneados, aceites de cocina y productos para untar; y su ingesta es responsable de hasta 500.000 muertes prematuras por enfermedad coronaria cada año en todo el mundo. «Las grasas trans no tienen ningún beneficio conocido y presentan enormes riesgos para la salud que generan enormes costos para los sistemas sanitarios», dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Por el contrario, eliminar las grasas trans es rentable y tiene enormes beneficios para la salud. En pocas palabras, las grasas trans son una sustancia química tóxica que mata y no debería tener cabida en los alimentos. Es hora de deshacerse de ellas de una vez por todas», agregó.
Actualmente, 9 de los 16 países con la proporción estimada más alta de muertes por enfermedades coronarias causadas por el consumo de grasas trans no cuentan con una política de mejores prácticas: Australia, Azerbaiyán, Bután, Ecuador, Egipto, Irán, Nepal, Pakistán y República de Corea. En 2022, tres países -India, Omán y Uruguay- implementaron políticas de mejores prácticas de AGT, lo que implica un menor ritmo de crecimiento menor que el año anterior, cuando 27 países pusieron en práctica este tipo de medidas.
Sin embargo, con la incorporación de estos tres países se duplicó el tamaño de la población protegida por políticas de AGT de mejores prácticas vigentes a 2.800 millones de personas (en comparación con 1.400 millones en el año anterior). «El progreso en la eliminación de las grasas trans corre el riesgo de estancarse, y las grasas trans continúan matando personas», dijo Tom Frieden, presidente y director ejecutivo de la organización Resolve to Save Lives que colaboró con la OMS en la elaboración del informe. «Cada gobierno puede detener estas muertes prevenibles aprobando una política de mejores prácticas ahora. Los días en que las grasas trans matan a las personas están contados, pero los gobiernos deben actuar para poner fin a esta tragedia prevenible», agregó.
Si bien la mayoría de las políticas de eliminación de grasas trans hasta la fecha se han implementado en países de ingresos altos, un número creciente de países de ingresos medios están implementando o adoptando estas políticas, como es el caso de la Argentina pero también de Bangladesh, India, Paraguay, Filipinas y Ucrania. En las Américas se destaca Uruguay, donde el año pasado entró en vigencia en Uruguay el límite máximo de 2% de AGT en las grasas totales de todos los alimentos, uniéndose de esta forma a Brasil, Chile, Canadá, Perú y Estados Unidos como sexto país de la región en implementar una política en sintonía con la recomendación de la OMS.
Por su parte, la Argentina aprobó en 2022 una política similar a la uruguaya que entrará en vigor en 2024. «Después de la declaración de ‘América Libre de Grasas Trans’ de Río de Janeiro en 2008, Argentina fue uno de los primeros países en tomar acción, establecer límites obligatorios sobre la cantidad de AGT producidos industrialmente permitidos en los alimentos», destaca la OMS en su informe. Es que ya en 2010, el país había reformado el Código Alimentario incorporando los siguientes límites que entraron en vigencia en 2014: «El contenido de ácidos grasos trans de producción industrial en los alimentos no debe ser mayor a: 2% del total de grasas en aceites vegetales y margarinas destinadas al consumo directo y 5% del total de grasas en el resto de los alimentos».
A principios del año pasado, el Ministerio de Salud preparó una nueva reforma, esta vez para rebajar al 2% los límites de los AGT producidos industrialmente en todos tipos de alimentos y agregar la eliminación de PHO (aceites parcialmente hidrogenados). Esta medida fue aprobada por Comisión Nacional de Alimentos (Conal) en su 146º reunión realizada entre el 24 de y 25 de agosto de 2022. La propuesta aprobada otorga un plazo de dos años para adecuación de los alimentos al límite establecido de 2% de ácidos grasos trans, tres años para la adecuación de los ingredientes y materias primas al límite establecido de 2% de ácidos grasos trans y cuatro años para la eliminación del uso de aceites y grasas parcialmente hidrogenadas en la industria alimentaria.
Según estimaciones de la OMS, esta reforma evitará más de 2000 muertes prevenibles al año, cinco veces más que la regulación original. En 2023, el organismo recomienda que los países se centren en estas cuatro áreas: adopción de políticas de mejores prácticas, monitoreo y vigilancia, reemplazos de aceites saludables y promoción.
