El Gobierno nacional oficializó la ampliación del Programa Registradas, destinado a trabajadoras de casas particulares, por medio del cual el Estado pagará durante seis meses el 50 por ciento de los salarios y les reconocerá también el derecho jubilatorio a las empleadas con menos de 16 horas semanales.
Asimismo, dispuso la incorporación del personal doméstico a los beneficios del Sistema Integral de Prestación por Desempleo establecido en la ley 24.013, además de reconocerle, a los efectos previsionales, los períodos cotizados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), independientemente de las horas semanales trabajadas.
Las medidas se formalizaron a través de los decretos 89/2023 y 90/2023, publicados hoy en el Boletín Oficial, el primero de necesidad y urgencia y, como tal, firmado por el presidente Alberto Fernández en acuerdo de ministros, en tanto el segundo suscripto por el primer mandatario, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y las ministras de Mujeres, Ayelén Mazzina Guiñazú, y de Trabajo, Raquel «Kelly» Olmos.
El decreto 89 posibilita además el reconocimiento de los servicios prestados con anterioridad a su entrada en vigencia, en los cuales se hayan efectuado contribuciones inferiores a 16 horas semanales, a los fines previsionales, sujeto a un cargo, el cual será descontado en cuotas mensuales del haber obtenido.
El programa busca reducir la informalidad laboral en el sector de trabajadoras de casas particulares y promover su acceso y permanencia al empleo registrado.
El beneficio será de una suma mensual equivalente al 50% de la remuneración neta mensual mínima de la trabajadora o del trabajador de casas particulares correspondiente por convenio, en función de las horas y las categorías declaradas por su empleadora o empleador al momento de la inscripción al Programa, indica el decreto.
Según se informa en el decreto, el plazo de inscripción al programa será hasta el 31 de diciembre de este año.
En los considerandos de la norma, se destaca que «es política del Estado nacional establecer medidas que continúen los procesos que tienen como finalidad la mejora de las condiciones de trabajo de todas las trabajadoras y todos los trabajadores de casas particulares y su mayor formalización».
«Se trata de un trabajo que se presta en las casas particulares o en el ámbito de la vida familiar, y en atención a los estereotipos de género en torno a ello, el sector se encuentra altamente feminizado, lo que incide de forma directa en las brechas laborales existentes entre los géneros, tanto en materia salarial como en la calidad del empleo», agrega el texto.
También, señala que «dichas tareas recaen en mayor medida en las mujeres y personas LGBTI+, sobre quienes impacta más gravemente la precarización del sector».
Qué incluye la medida
La medida contribuye a la bancarización y, con la inscripción al programa, que permanecerá abierta todo el año, se abrirá para cada trabajadora una cuenta gratuita en Banco de la Nación Argentina con acceso a beneficios bancarios.
En los casos en que la persona contratada sea una trabajadora con discapacidad o con hijos con discapacidad, trabajadores travestis, transexual o transgénero o trabajadora titular del programa Acompañar (continúe percibiendo la prestación económica o no), el beneficio del programa se extenderá por ocho meses en lugar de seis.
Todas las trabajadoras gozarán del derecho jubilatorio y, en caso de despido, del seguro de desempleo por dos meses.
El DNU 90 señala en sus considerandos que «las mujeres presentan una tasa de desempleo más elevada que los varones y se insertan en mayor medida en puestos asalariados no registrados», en tanto se estima que hay cerca de «1.100.000 trabajadoras y trabajadores de casas particulares en el sector urbano de la República Argentina, que en su amplia mayoría son mujeres, con una elevada informalidad laboral que asciende al 78,1 %, con altas tasas de rotación y bajos salarios».
«Atento a los altos niveles de informalidad e inestabilidad laboral que presentan las trabajadoras y los trabajadores de casas particulares se hace necesaria la implementación de políticas orientadas a garantizar su cobertura plena de Seguridad Social», remarca la norma. (M1)
