Tras alcanzar un ajustado quórum en el recinto, el Frente de Todos logró habilitar una sesión luego de tres meses y al cabo de un tenso debate con la oposición consiguió aprobar el proyecto de regularización de deudas previsionales.
Con 134 votos afirmativos y 107 negativos, el oficialismo logró la sanción de esta moratoria previsional que permitirá que cerca de 800.000 personas que no llegan a los 30 años de aportes tengan la posibilidad de jubilarse.
A través de un comunicado, Juntos por el Cambio había adelantado momentos antes de iniciarse la sesión su rechazo a la moratoria previsional por considerarla un «parche» que no hace justicia con las personas que aportaron a la seguridad social toda la vida.
Para la principal coalición opositora, «el sistema contributivo debe guardar un sentido de equidad: debe haber una correlación entre los beneficios otorgados en la práctica y el esfuerzo contributivo que cada ciudadano ha realizado».
El oficialismo había logrado asistencia perfecta con sus 118 integrantes sentados en sus bancas (incluida la presidenta de la Cámara Baja, Cecilia Moreau), sumado a los cuatro diputados del Frente de Izquierda (Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá y Alejandro Vilca), dos diputados del Frente de la Concordia (Diego Sartori y Carlos Fernández) y Luis Di Giácomo de Juntos Somos Río Negro, pero faltando un puñado de minutos para las 11hs todavía le restaban cuatro representantes para llegar al número de 129.
A último momento ingresaron los socialistas santafesinos Mónica Fein y Enrique Estévez, seguido de los peronistas disidentes de Identidad Bonaerense Alejandro «Topo» Rodríguez y Graciela Camaño. Con la sesión iniciada, los diputados de Juntos por el Cambio bajaron al recinto para participar del debate.
La Cámara baja no sesionaba desde el 24 de noviembre pasado, hace más de tres meses: en diciembre hubo tres sesiones que se cayeron estrepitosamente por la reticencia de Juntos por el Cambio a otorgar quórum, en el marco de su pelea pública con el Frente de Todos por el conflicto del Consejo de la Magistratura.
La otra iniciativa que acompaña el temario es la creación del Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas, que en la medianoche del martes perderá estado parlamentario, por lo que urge su aprobación. Lo mismo sucede con la moratoria previsional, ya que la última caducó el 31 de diciembre pasado, y sin este mecanismo las personas que hicieron 30 años de aportes no pueden reestructurar sus deudas previsionales para ingresar al sistema y recibir las prestaciones jubilatorias y de obra social (PAMI).
Al plantear una cuestión de privilegio en el inicio de la sesión, el titular del bloque de la Coalición Cívica y vicepresidente de la comisión de Juicio Político, Juan Manuel López (Coalición Cívica) cargó contra el oficialismo por utilizar la «mayoría automática» que detenta en la comisión de Juicio Político para convertirla en «una comisión de inteligencia de hecho».
Para el opositor, «con este antecedente, una mayoría política se va a poder meter en la vida de cualquiera».
A su criterio, esta supuesta «comisión de inteligencia» es comandada por (Leopoldo) Moreau» y tiene como ariete al diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, a quien definió como «el soldado que hace los pedidos de prueba» de forma indiscriminada.
Por su parte, la diputada del Frente de izquierda Romina del Plá usó una cuestión de privilegio contra su par de Avanza Libertad José Luis Espert por lo que catalogó como un «ataque fascista» al movimiento piquetero.
La legisladora del partido Obrero se refirió así a la expresión «cárcel o bala» que en varias oportunidades el referente libertario profirió contra el dirigente social del Polo Obrero Eduardo Belliboni, y que desde la izquierda interpretan como una «amenaza de muerte».
La sesión atravesó otro momento de tensión y zozobra cuando Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) denunció a los gritos la presencia en los palcos del recinto de Carlos Ortega, el gremialista de la seguridad social al que le atribuyó la autoría intelectual de los afiches de escrache hacia los legisladores nacionales que están en contra del proyecto de moratoria previsional.
Los carteles en cuestión, que fueron colgados en distintas dependencias de ANSeS, mostraban los rostros de los diputados opositores, acompañados de la inscripción: «Gracias a estos tipos más de un millón de ciudadanos no van a poder jubilarse. Legislan para un pueblo que odian».
Al identificarlo en una de las plateas del recinto, Camaño reclamó que «ese personaje se retire».
Tras este incidente, la Cámara de Diputados rechazó tratar sobre tablas un proyecto de resolución impulsado por Juntos por el Cambio para repudiar los carteles de escrache.
El debate por la moratoria previsional
El economista puntualizó que del total de los jubilados que tiene la Argentina, el 65% lo hizo a través de las distintas moratorias que se ejecutaron.
«Gracias a esas moratorias, el 95% de las personas que están en posibilidad de jubilarse, pueden hacerlo», destacó, y resaltó que la razón que motiva este tipo de herramientas es el «gravísimo problema» que tiene el país en materia de informalidad laboral.
Además, especificó que «una inmensa mayoría» de las personas que no llegan a los 30 años de aportes porque trabajaron en la informalidad «son mujeres”.
Y de ellas, «una inmensa mayoría que ha trabajado en casas particulares», especificó, por lo que criticó a quienes dicen que esas personas «no tienen aportes porque no quisieron».
El banquero le concedió a Juntos por el Cambio que se trata de «un parche, porque mientras se resuelven los problemas de fondo, los parches son los mecanismos adecuados para salir de la situación».
La titular de la comisión de Previsión y Seguridad Social, Marisa Uceda, completó el tiempo del bloque oficialista para defender el dictamen de mayoría.
La diputada kirchnerista retomó parte de la argumentación de Heller y señaló que «9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres» no puedan acceder al sistema jubilatorio, y ese «es un problema que debe resolver el Estado, porque hemos sido responsables de esas crisis».
«Se nos exige todo el tiempo ser creativos; bueno, estamos siéndolo. Le estamos dando un instrumento a la ANSeS para robustecer el sistema», dijo sobre el mecanismo que le permite a las personas que estén hasta 10 años de cumplir la edad jubilatoria a adelantar los años de aportes que ya saben de antemano que no van a tener una vez que lleguen a la edad de retiro.
Uceda llamó a «derribar los mitos» que a su entender construye la oposición para desacreditar la moratoria previsional, como por ejemplo que las personas que no trabajaron no merecen acceder al derecho a jubilarse.
«Trabajar, trabajan las mujeres en su casa todos los días, en tareas de cuidado», aclaró.
Además resaltó las ventajas del haber jubilatorio respecto de la Pensión universal a la Adultez Mayor (PUAM), cuyos beneficiarios «están sometidos a cobrar el 80% de una jubilación mínima.
«Además no es contributiva, no es heredable», acotó sobre la prestación creada por ley por impulso del Gobierno de Mauricio Macri.
A continuación tomó la palabra el autor del dictamen de minoría de Juntos por el Cambio, Alejandro Cacace (Evolución Radical), quien sostuvo que esta nueva moratoria tiene un «primer problema que es de equidad contributiva», ya que «no puede obtener lo mismo quien tiene todos los requisitos cumplidos y los 30 años de aporte de quien no lo tiene».
«No hace falta caricaturizar nuestras posiciones y decir que nosotros no queremos que se jubilen, pero lo cierto es que los aportes no están ingresados y eso trae adicional un enorme problema fiscal, profundizamos el déficit fiscal, el quiebre del sistema jubilatorio», alertó el diputado puntano, que precisó que se trata de «medio punto del PBI del déficit que se amplía», generando «un problema de caja al Estado de forma inmediata».
Cacace defendió enfáticamente la PUAM y recordó sus orígenes durante los tiempos en que gobernaba Cambiemos: «Se detectó que dentro de la población había quienes no tenían aportes y se estableció que todos los adultos mayores puedan gozar una pensión universal para garantizar un nivel de vida adecuado».
Por último, instó a «terminar con los parches» y «establecer una prestación proporcional para que cada uno reciba su beneficio previsional de acuerdo al esfuerzo contributivo que ha realizado y a los aportes efectivos ingresados”.
Completó el tiempo del bloque opositor el presidente del bloque de Evolución Radical, Rodrigo de Loredo, quien cargó contra la lógica misma de las moratorias previsionales y en particular contra la establecida en 2006 cuando se logró incorporar al sistema previsional a 2.500.000 adultos mayores con aportes insuficientes.
«De todas las moratorias previsionales que pusieron en crisis la sustentabilidad sistémica del régimen previsional, la del 2006 aplaudida por ustedes fue la que terminó por quebrar el sistema previsional argentino», opinó.
El cordobés señaló que a partir de ese año se pasó de una relación de 2,6 activos por cada pasivo a una proporción de 1,5 activos por cada pasivo.
De esta manera, «pulverizaron el poder adquisitivo de todos los jubilados y han puesto a todos los jubilados arrastrándose abajo sumergidos en la pobreza y agravaron el déficit de la totalidad el Estado porque del gasto previsional oscila el 40% del gasto público», vociferó.
El presidente del interbloque Federal, Alejandro «Topo» Rodríguez, expresó una visión más contemplativa de la situación de las personas que necesitan la moratoria para jubilarse porque durante su vida activa el sistema los expulsó a la informalidad laboral, haciendo hincapié en las asimetrías que padecen las mujeres.
«Especialmente las mujeres más humildes, las de los niveles socio-económicos bajos y muy bajos, son las que más soportan sobre sus hombros la carga del trabajo doméstico no remunerado, en comparación con los hombres pero también con sus pares mujeres de los niveles medios», sostuvo.
En este sentido, el diputado de Identidad Bonaerense manifestó que «las mujeres dedican el doble del tiempo a ese trabajo doméstico no remunerado que los hombres; y también hay una discriminación en el acceso al propio mercado laboral, incluso cuando en promedio las mujeres tienen mayor calificación en cuanto al nivel educativo alcanzado».
«Las mujeres -más que los hombres- cargan con el flagelo de la subocupación y la desocupación», afirmó Rodríguez, y graficó las diferencias de ingresos por género: «Cada 1.000 pesos que gana un hombre, una mujer recibe solo 790 pesos».
A su tiempo, Espert (Avanza Libertad) dijo que con este programa en materia previsional «a los jubilados les estamos proponiendo ser pobres hoy y ser pobres mañana».
«Este programa genera un déficit adicional de casi medio punto del PBI para el 2023, según la Oficina de Presupuesto del Congreso», advirtió en sintonía con Cacace, al tiempo que advirtió sobre la enorme heterogeneidad de los regímenes especiales.
Sin pelos en la lengua, Luciano Laspina (PRO) calificó las moratorias como «la prueba del fracaso del sistema que tenemos en la Argentina desde hace muchos años», y opinó que condujeron a «la licuación sistemática de las jubilaciones», en particular «de los que tuvieron contribuciones en tiempo y forma».
«Hoy estamos bajando las jubilaciones a los futuros jubilados de la Argentina. Esto es lo que estamos sancionando hoy: la baja futura de las jubilaciones, porque estamos dando beneficios sin recursos», reiteró.
«Las moratorias buscaban compensar la falta de algunos años de aporte. No esto que estamos haciendo, que es regalarle la jubilación a alguien que no aportó», lanzó el santafesino.
Para el economista opositor, esta nueva moratoria responde a un «mecanismo electoral», porque a su criterio «es tan clara la intencionalidad política de esto, que por eso se hace este año y no el año pasado, de regalar plata que ya no tenemos».
Le salió al cruce Itai Hagman (Frente de Todos), quien aclaró que si la moratoria previsional se está tratando en este 2023 tiene que ver con la decisión opositora de bloquear el debate durante el año pasado.
El diputado kirchnerista del Frente Patria Grande también polemizó con el «mito» de que las moratorias atentan contra el trabajo formal, y puso como ejemplo la situación laboral en países de la región que tienen mayores niveles de informalidad pese a contar con sistemas de cobertura jubilatoria más restringidos que el argentino.
«¿Qué es lo injusto? ¿Qué se pueda jubilar o que no se pueda jubilar alguien que trabajó en la informalidad?», desafió el economista.
Y señaló que alternativas como la reducción de la cobertura jubilatoria y más aún la PUAM, que consagra «jubilados clase B», lo que hace es «cristalizar las desigualdades del mercado laboral durante la vejez».
«No quiero resignarme a una Argentina clase A y una clase B», concluyó. (NA)
