La Inspección General de Justicia (IGJ) emitió un comunicado ayer para explicar los motivos por los cuales decidió intervenir la fundación de Patricia Bullrich. Entre otros puntos, aseguran que «bajo el amparo de una persona jurídica sin fines de lucro, se ha estructurado un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar acciones de proselitismo político».
El comunicado, firmado por el titular de la IGJ, Ricardo Augusto Nissen, asegura que actuación sumarial se inició en diciembre del año pasado a raíz de notas periodísticas que daban «cuenta de que la asociación civil, a partir de la realización de almuerzos, habría recibido fondos para financiar la campaña política de la Dra. Bullrich, entre otras posibles irregularidades».
«Es necesario aclarar, en primer término, que la información y documentación fue aportada por la propia institución, acompañando copias de libros sociales y documentación contable, con la cual se formaron 19 cuerpos. Asimismo, se destaca que las actuaciones estuvieron en todo momento a disposición de los interesados, garantizando el debido procedimiento administrativo. Prueba de ello son las vistas que se le ha corrido para brindar explicaciones/aclaraciones y que han tenido efectivo acceso al expediente, en varias ocasiones», agregaron.
Según detallaron, el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES) que preside Bullrich «tuvo un exponencial crecimiento en sus ingresos durante el año 2022, en comparación con ejercicios anteriores».
Y añadieron: «En efecto, los ingresos de la institución fueron de $ 741,93 en el año 2019; $ 488.989,70 en el año 2020; $ 7.942.106,69 en el 2021 e ingresos cercanos a los $ 90.000.000 en el 2022. Algunos de estos ingresos estaban referidos a almuerzos y cenas y la gran mayoría referían al dictado de seminarios pero sin ninguna especificación de la temática, lugar ni fecha de realización de la supuesta actividad educativa».
En cuanto a los egresos, «pudo constatarse que hubo millonarios gastos destinados a financiar traslados, alojamientos y logística de la campaña política tanto en el país como en el exterior. Asimismo, se abonaron servicios de consultoras (encuestadoras) y honorarios de profesionales y colaboradores de la precandidata. En base a las evidencias colectadas pudo concluirse que bajo el amparo de una persona jurídica sin fines de lucro, se ha estructurado un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar —en todo o en parte— acciones de proselitismo político, en franca contradicción con el objeto social autorizado y los fines de creación de la persona jurídica de que se trata. Dicha conclusión justificó la solicitud de intervención con desplazamiento de autoridades de la institución».
A través de la la Resolución 742/2023, el organismo gubernamental decidió tomar posesión por 180 días hábiles del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES), que se dedica a estudiar modelos de gestión en temas de seguridad a nivel nacional e internacional. De acuerdo con lo que precisó la IGJ, la medida se tomó con el objetivo de «normalizar la situación institucional de la entidad», luego de que se detectaran «irregularidades contables y el desarrollo de acciones ajenas al objeto social para el cual fue autorizada a funcionar».
La propia Bullrich salió a cuestionar esta decisión y acusó al ministro de Economía y rival por parte del oficialismo en estas elecciones, Sergio Massa, de atacarla, «esta vez a través del ministro de Justicia, en lugar de ocuparse de la inflación galopante y del estado calamitoso de la economía». (Infobae)
