Vecinos de Adolfo Alsina y la región, estafados mediante la venta de viviendas industrializadas que nunca se construyeron, con un perjuicio económico aproximado a los 40 millones de pesos, intentan recuperar parte del dinero perdido a través de una mediación con la pringlense denunciada.
Son más de 15 las familias de Bahía Blanca, Punta Alta, Pehuen Co, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Sierra de la Ventana, Benito Juárez y Adolfo Alsina, damnificadas por las supuestas maniobras de María José Martínez, quien al momento de los hechos era titular de la constructora La Quimera.
A través de esta empresa, que también tuvo sede en Bahía Blanca, la acusada firmó un contrato con las víctimas para la ejecución de unidades habitacionales bajo la técnica steel framing, pero que no se construyeron pese al pago de las sumas acordadas para iniciar las obras.
El daño no es sólo monetario sino también a la salud de los denunciantes, porque algunos de ellos comenzaron a padecer “ataques de pánico” y otras consecuencias psicológicas.
Además, los afectados son en su mayoría inquilinos que a raíz de este incidente vieron frustrada su “ilusión” de la casa propia.
Según la abogada Claudia Piccadaci, madre de una defraudada, la fiscalía bahiense citó a Martínez (el pasado martes 4) para que ofrezca una “forma de cumplimiento” del pago de la deuda millonaria.
“Como la intención de los damnificados es recuperar algo de ese dinero, la fiscalía (UFIJ N° 10) elevó la causa a mediación penal para tratar de lograr una conciliación, porque quizá Martínez intenta cumplir (saldar la deuda) para evitar ir a prisión”, afirmó Piccadaci.
“Esto sería positivo para las dos partes. Ella se comprometió públicamente a cumplir y después, en mediación, aceptó llegar a un acuerdo con los denunciantes, según lo que me informaron en fiscalía”, agregó.
Si bien la letrada dijo que se radicaron entre 7 y 8 denuncias contra Martínez, confirmó que otros perjudicados no denunciaron el delito.
Uno de los clientes desembolsó aproximadamente 4 millones de pesos y en otros casos perdieron 5.000 dólares, como también entregaron un vehículo en parte de pago.
“Uno se adhería al plan pagando cuotas mensuales de $ 22.000 en 2021 y, por ejemplo, a la cuota 22, Martínez iniciaba la obra que tardaba 3/4 meses. A partir de ese momento se seguían abonando cuotas mensualmente”, precisó Piccadaci.
“La mayoría hizo entrega del importe correspondiente a las 22 cuotas para garantizar el inicio de los trabajos, pero en casi todos los casos sólo se construyó la platea. A algunos les colocaron los parantes para comenzar la obra y no se hizo más nada”, acotó.
“En nuestro caso, la platea la hizo mal y ni siquiera sirve para que otra empresa haga la misma construcción (en este sistema se utiliza un marco esquelético de columnas metálicas verticales y vigas horizontales). Hay que romperla toda porque no sirve para nada».
“Son todos trabajadores que necesitaban la casa para vivir y entregaron lo que pudieron; algunos sufrieron mucho por esta situación. Hay padres que tienen hijos discapacitados y quedaron en la calle porque estaban alquilando o viviendo de prestado”, completó.
Necesidad y urgencia
Para las personas blanco del fraude, la construcción de las unidades habitacionales representaba una “urgencia” de la que Martínez se aprovechó, de acuerdo con los dichos de Piccadaci.
“La construcción de estas viviendas era muy importante porque los damnificados no invirtieron para levantar su casa con tiempo y tranquilidad, sino que tenían una urgencia y por eso confiaron en Martínez”, resaltó.
“Estas personas se preguntan por qué no se dieron cuenta o no prestaron atención al contrato, pero influyó mucho su ilusión y necesidad. Están en aprietos económicos porque alquilan y el valor de los alquileres se fue por las nubes, entonces trataron de aprovechar esta posibilidad”, añadió la abogada.
“Además María José es muy hábil; te envuelve y te pone 10 mil pretextos. Pensamos que no nos iba a ofrecer este tipo de construcción para perjudicar a tantas personas”, continuó.
Las denuncias penales contra la acusada comenzaron a presentarse en octubre de 2022 y a principios del mes pasado dio inicio la mencionada instancia prejudicial de carácter privado para la resolución de conflictos.
Sin embargo, previamente -en los primeros meses de 2022- la doctora Piccadaci había impulsado una acción civil contra la nombrada.
“También fuimos a mediación y Martínez se comprometió a construir la casa de mi hija en un plazo determinado, pero no lo cumplió. Por eso homologamos el acuerdo y ejecutamos, pero esta mujer es monotributista y no tiene bienes a su nombre, algo que suelen hacer los estafadores”, expresó.
Multa por incumplir
Cláusula. En el contrato de adhesión entre las partes, Martínez incluyó una cláusula indemnizatoria en caso de incumplimiento, que ella misma violó.
En dólares. “Por cada día de atraso de cualquiera de las dos partes, ya sea en el pago o en la construcción, se debía abonar una multa de 10 dólares. La mayoría de los estafados creyó en ella justamente por esta cláusula”, dijo Piccadaci.
Plazos. “La gente cumplió, pero Martínez no, por eso desde el primer día de incumplimiento está corriendo esa multa de 10 dólares diarios. Hay que tener en cuenta que estamos hablando del año 2021; no sé cómo la va a pagar”, finalizó.
Empleados. A Martínez, de unos 45 años y con domicilio en Coronel Pringles, al parecer también se le siguen causas en el fuero de Trabajo, luego de que empleados a su cargo la denunciaran por presunta falta de pago. (La Nueva)
