Junto con México, Perú, Bolivia y Uruguay, la Argentina figura entre los cinco países con mayor cantidad de horas de trabajo fijadas por ley en América Latina: 48 semanales y 8 diarias. Colombia, en cambio, tiene 47 horas semanales y permite pactar las diarias, y además se acordó una reducción progresiva a 42 semanales hasta 2026. Cuba, Honduras, República Dominicana, El Salvador y Brasil tienen 44 horas y Chile, Venezuela y Ecuador, 40 horas.
Los datos surgen de un cuadro comparativo elaborado por la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados y presentado públicamente este martes, en la primera reunión para discutir la reducción de la jornada laboral en la ley marco argentina, que es la Ley de Contrato de Trabajo.
Dicha norma establece en su primer artículo que “la duración del trabajo no podrá exceder de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales para toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas, aunque no persigan fines de lucro”. Ese texto legal rige en la Argentina desde hace 94 años.
Más de 50 países tienen jornadas inferiores a las 48 horas. El convenio 1 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 1919, estableció las 8 horas para el sector industrial. Posteriormente, el convenio 30 de la OIT, de 1930, amplió esas 8 horas para el sector servicios. Hasta ahí la Argentina cumplía con la normativa del organismo. Pero en 1935 la OIT estableció en 40 horas semanales el máximo sugerido para los Estados parte a través del Convenio 47. Nuestro país nunca ratificó ese último convenio.
Aunque la jornada laboral en muchos casos se rige por convenios colectivos de trabajo, hay sectores que se rigen por la Ley de Contrato de Trabajo y esto afecta a cientos de miles de trabajadores en el país.
Del cuadro comparativo elaborado en la Cámara de Diputados surge que países europeos también tienen en sus legislaciones jornadas de trabajo con menos horas semanales y diarias que la de la Argentina: Países Bajos, 45 horas; Italia, Polonia, Portugal, Finlandia, Noruega y España, 40 horas; Alemania, de 35 a 40; Dinamarca, 37, y Francia, 35.
En Francia, de todas maneras, la jornada diaria ordinaria máxima es de 10 horas, en España, Noruega y Países Bajos es de 9 horas y en el resto de los países, de 8 horas.
En la Cámara de Diputados están en discusión siete proyectos de ley de reducción de la jornada laboral tanto del oficialismo como de la oposición. En general se propone una baja a 40 o 36 horas semanales, aunque también hay un proyecto del líder de la Bancaria y diputado del Frente de Todos, Sergio Palazzo, para mantener las 8 horas máximas diarias pero que la jornada laboral sea de cuatro días a la semana, no de cinco.
El proyecto de ley más pretencioso es el del Frente de Izquierda, que propone 6 horas y 30 semanales como máximo y, al igual que todas las propuestas, sin ningún tipo de reducción de ingresos para los trabajadores.
El del oficialista Eduardo Valdés también plantea 6 horas diarias o 30 semanales, aunque con la opción a ser ampliada a 7 horas y 30 minutos diarios siempre que las tareas se desarrollen exclusivamente en cuatro días, entre lunes y viernes.
Un debate con varias reuniones por delante
La presidenta de la comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley, quien además de diputada nacional del Frente de Todos (La Cámpora) es una referente del sindicato de judiciales, informó que se realizarán varias reuniones más de debate, además de este primer encuentro, que contó con la exposición de invitados de distintos sectores: sindicalistas argentinos y del exterior, abogados laboralistas y la patronal.
“Hoy México se encuentra discutiendo la reducción de la jornada laboral y cuando digo ‘hoy’ no es metafórico: acaba de tener dictamen la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados de allá y está próximo a pasar a recinto (de 48 a 40). En Chile se discutió en abril y se convirtió en ley (de 45 a 40). En Colombia, en 2021 y se convirtió en ley. En Ecuador, en 1983 se redujo a 40 horas semanales, y otro tanto está sucediendo en países de Europa”, dijo Siley.
La diputada oficialista resaltó que “en Reino Unido 61 empresas participaron de un prueba piloto para reducir un día a la semana, es decir tener una jornada de 4 días semanales” y que “todas las empresas, después de esa prueba piloto de 6 meses, solicitaron tener definitivamente como régimen los 4 días semanales” porque “se ve notablemente incrementada la productividad, la baja en el ausentismo y la baja en accidentes laborales”.
Siley dijo también que la reducción de la jornada laboral “mejora la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras no solamente en términos físicos sino en términos de salud mental”, además de “una mejora en las condiciones socioambientales, no solamente de quienes trabajan sino de las comunidades, alrededor del mundo laboral” y que produce “un incremento de los puestos de trabajo”.
Los invitados expresaron, en su mayoría, apoyo a la reducción de la jornada laboral. La voz discordante fue la de Julio Cordero, vicepresidente del departamento de política social de la Unión Industrial Argentina (UIA), quien planteó: “Si reducimos la jornada sin ningún tipo de reducción salarial, ¿qué habrá que hacer? ¿Mejorar la productividad en ese tiempo? ¿Qué hacemos? ¿Apuramos a la gente a que trabaje más rápido?”.
El representante de las organizaciones patronales se pronunció a favor de dejar que sean “las negociaciones colectivas” por sector las que acuerden la cantidad de horas semanales y diarias máximas de trabajo. “¿El Estado a qué viene? ¿A qué viene a disponer una norma que entra por la ventana, cuando las negociaciones colectivas están abiertas? ¿Por qué no dejamos a la autonomía colectiva, que es sólida, donde el diálogo social está presente?”, dijo Cordero.
Claudio Marín, secretario general de Foetra (Telecomunicaciones) y secretario gremial de la CTA de los Trabajadores dijo que “lograr mayores resultados no tiene una relación directa con la cantidad de tiempo que dure una jornada de trabajo” y que, “por ende, la reducción de la jornada no tiene por qué tener un correlato automático con una caída de la productividad”.
A su turno, Natalia Salvo, presidenta de la Corriente de Abogadas y Abogados Laboralistas 7 de Julio, sostuvo que “la regulación es fundamental porque produce tres beneficios: el aumento de la productividad, la reducción de la siniestrabilidad y la baja del ausentismo”.
Apoyo del Gobierno nacional
La ministra de Trabajo, Raquel “Kely” Olmos, también participó del encuentro y expresó el apoyo del Poder Ejecutivo a la reducción de la jornada laboral. “Indudablemente, es una de las normas (la ley de Contrato de Trabajo) donde la Argentina ha quedado más rezagada a nivel de legislación en el mundo”, dijo la funcionaria.
Olmos sostuvo que “hay una correlación entre la reducción de horas que se trabajan semanalmente y el nivel de productividad de las economías” y que “en 2022 el nivel de productividad es 52% superior al de, por ejemplo, 1960”, lo que a su criterio supone que “si optáramos por un mecanismo de reducción de las horas trabajadas máximas semanales, por supuesto, sin reducción salarial, estaríamos impulsando una redistribución mucho más adecuada de la productividad alcanzada en el conjunto económico nacional”.
Juntos por el Cambio pidió tener en cuenta la “heterogeneidad del mercado laboral”
La voz de Juntos por el Cambio en esta primera reunión fue el radical Martín Tetaz, quien arrancó declarándose “un gran fan de la reducción de la jornada laboral” aunque posteriormente planteó una postura ambigua respecto del objetivo del debate y pidió enfáticamente tener en cuenta la “heterogeneidad del mercado laboral argentino”.
“Tenemos un 40% de los trabajadores en la informalidad que no se van a ver afectados por esta normativa, que trabajan horario de trabajo que nadie regula ni controla”, señaló el diputado opositor.
Tetaz señaló que los proyectos presentados “plantean la reducción de la jornada laboral manteniendo los salarios, y eso obviamente requiere mantener la productividad” y que “el problema de mantener la productividad es heterogéneo”. Sostuvo que “hay sectores donde la reducción de la jornada laboral efectivamente aumenta la productividad por hora, eso está casi fuera de debate en el mundo” pero hay otros casos en los que “no se garantiza que la productividad total de la jornada laboral sea más alta y uno pueda mantener el salario”.
El diputado, de profesión economista, dijo que “la norma no puede ser de carácter general” y se pronunció a favor de realizar “experimentos” con “sectores que estén dispuestos a participar” de una reducción de la jornada laboral y que cuando se compruebe que se reduce también la productividad “puedan ser compensados”. “Entonces, está el Estado ayudando a que ese experimento se lleve adelante para tratar de que eso sea algo no impuesto”, aseveró.
(El Diario Ar)
