La “causa cuadernos” sigue recibiendo duros golpes a partir de una pericia que reveló que algunos de los manuscritos del chofer Oscar Centeno fueron adulterados. Ahora un empresario aportó un documento público que prueba que su confesión como “arrepentido” fue obtenida bajo “coerción”.
Se trata del empresario Mario Rovella, quien pidió la nulidad de su declaración indagatoria, que en su momento hizo ante el juez Claudio Bonadio, al aportar un instrumento redactado en una escribanía en el que consignaba que debía mentir para conservar su libertad.
Rovella presentó ante los integrantes del Tribunal Oral Federal 7, que debe realizar el juicio oral, un documento, confeccionado el 28 de febrero de 2019, un día antes de declarar ante Bonadio, según reveló Tiempo Argentino.
El documento afirma que el juez, “en franca violación a elementales derechos constitucionales, entre ellos, el de no ser compelido a declarar contra uno mismo, procedió a privar ilegalmente de la libertad a distintas personas por el sólo hecho de que no reconocieron y confesaron los presuntos delitos que se les atribuye, remitiéndolos detenidos a distintas unidades penitenciarias; en cambio, quienes sí reconocen los delitos y validan los dichos de una persona que se adhirió al régimen de la delación premiada, me refiero al Sr. Ernesto Clarens, mantienen su libertad ambulatoria”.
Causa cuadernos: qué dice el documento público aportado por Rovella
“Ante esa situación, que estimo abiertamente ilegal, y dado que no admito ser privado ilegalmente de mi libertad, me encuentro en el estado de necesidad de tener que reconocer, sin que sean verdad, ciertos hechos al sólo efecto de evitar ir a prisión injustamente. Esos hechos que me veo obligado a admitir no resultan ser verdaderos”.
Los abogados de Rovella señalaron en la presentación ante el Tribunal: “Nuestro representado se vio forzado a reconocer haber efectuado las entregas de dinero que figuraban en un listado confeccionado ad hoc por el co-imputado Ernesto Clarens”. “Tal ‘confesión’ fue obtenida bajo la intimidación -expresada en concretos actos procesales irregulares (arbitrarios) previos llevados a cabo por el juez instructor (inquisidor)-, que consistía en que los imputados que no admitían y validaban las anotaciones perdían su libertad ambulatoria”.
“Rovella concurrió ante el escribano Diego Ignacio de Achával, a quien le requirió que conservara en su poder un documento que daba cuenta de cuál era su verdadera voluntad y el motivo –el temor cierto de que iría preso- por el que se veía compelido a ‘confesar’ hechos que lo incriminaban (y que no eran ciertos)”, expresó la defensa.
