En el marco de una disputa por fondos coparticipables con Chubut, el Gobierno de Javier Milei eliminó este lunes el Fondo de Fortalecimiento de la provincia de Buenos Aires con el que la administración de Alberto Fernández buscó compensar en plena pandemia a la provincia en el reparto de la coparticipación y que significó la quita de más de un 1% de su porción a la ciudad de Buenos Aires. Además. El Ejecutivo modificó en otro decreto el impuesto PAIS para reducir al 1% la asignación que recibe el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
Se trata de una situación que podría iniciar un nuevo conflicto para Nación, dado que el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, elevó hace unas semanas un reclamo formal al Ministerio de Economía de Luis Caputo por la falta de pago de más de $15.000 millones que asegura que le corresponden. La presentación la hizo el ministro de Finanzas bonaerense, Pablo López, a través de una carta. Se solicitó el “inmediato pago del saldo adeudado por noviembre y diciembre de 2023 y enero de 2024, relativo al Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires”.
Sin embargo, esta madrugada, a través del decreto 192/2024 publicado Boletín Oficial, el Gobierno derogó el artículo 4 del Decreto N°735 del 9 de septiembre de 2020, que creaba el Fondo de Fortalecimiento de la provincia de Buenos Aires con el fin de “contribuir a sostener el normal funcionamiento de las finanzas de la Provincia de Buenos Aires”. En aquel entonces, Fernández lo anunció a través de una cadena nacional en donde precisó que sería usado también por el gobernador para pagar salarios de la Policía Bonaerense.
Este lunes, el gobierno nacional justificó su decisión en que se realiza “un ajuste necesario a nivel nacional” amparándose en las facultades del Ejecutivo y en lo establecido en el megadecreto del 20 de diciembre que declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, entre otros sectores.
“El mencionado Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires afectó los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado nacional de recursos necesarios para el ordenamiento de las cuentas públicas”, indicaron en los considerandos de la decisión que lleva las firmas del presidente Javier Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.
En ese sentido, agregó que “ningún gobierno nacional ha recibido una herencia institucional, económica y social tan crítica como la que recibió la actual administración, por lo que es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece, especialmente como consecuencia de un conjunto de decisiones intervencionistas”.
Por lo tanto, justificaron: “Con la intención de solucionar la enorme cantidad de problemas derivados de la herencia que la administración saliente dejó a todos los argentinos, es necesario efectuar un ajuste fiscal en el Sector Público Nacional de cinco puntos del PBI y, al mismo tiempo, resolver la situación de los pasivos remunerados del Banco Central”.
En consecuencia, asegura que “no hay solución alternativa a un urgente ajuste fiscal que ordene las cuentas públicas”.
Modificación del impuesto PAIS
En otro decreto publicado en el mismo Boletín Oficial, el Gobierno modificó el impuesto PAIS, también creado en 2020, y en consecuencia la asignación de fondos que hasta ahora eran designados al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), la herramienta fiduciaria por la cual se urbanizaban barrios populares y que quedó en medio de la polémica tras descubrirse que los fondos eran administrados por dirigentes sociales ligados a Juan Grabois.
Se modificó la asignación específica del 30% que estaba establecido en el inciso “b” del artículo 42 de la Ley Nº27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública.
El artículo 2 original de la mencionada ley establecía que un 70% iba a financiar los programas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y las prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) y el 30 % restante se repartía entre obras de infraestructura económica que recibía el 65%, un 30% para el FISU y el 5% restante en fomento del turismo nacional.
A partir del decreto publicado hoy se reordenaron los valores y en consecuencia el 30% destinado al FISU se disminuyó al 1%, mientras que se amplió el recibido por las obras de infraestructura económica al 94%. El otro 5% no se modifica y continúa siendo para el fomento del turismo nacional.
Fuente: La Nación
