El Gobierno anunció que impulsará cambios en Seguridad Interior, que incluirán desde darle más poder a las Fuerzas Armadas hasta penar con prisión a los organizadores de piquetes y bloqueos. Así lo hicieron saber los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) en conferencia de prensa, donde anunciaron un paquete de leyes que enviarán al Congreso para su aprobación.
Entre las iniciativas que desde la Rosada impulsan están la legítima defensa y atentado a la autoridad, ley de ADN para delitos, ley contra organizaciones criminales, y penas contra organizadores de piquetes y bloqueos.
En primer término, Petri hizo referencia a la ola de violencia narco en Rosario y a la necesidad de atacar la problemática que hizo que el Gobierno movilizara a diferentes efectivos al lugar. “Estamos modificando la ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y realizar operaciones para devolverle la paz a los rosarinos en los supuestos de terrorismo”, argumentó.
De conseguirse la aprobación en la Cámara de Diputados y en el Senado, las Fuerzas Armadas quedarán habilitadas a patrullar, controlar a las personas y vehículos, realizar tareas de prevención de delitos y aprehender en flagrancia “dando intervención inmediata a la Justicia”, explicó el ministro. Y dijo también que tendrán la posibilidad de usar los medios coercitivos que ya rigen para las fuerzas de seguridad. “No se usarán para delitos comunes. Si no en actos de terrorismo y con anuencia del gobernador en cuestión”, aclaró.
Petri explicó que la ley de Seguridad Interior data de 1991 y establece dos supuestos de intervención para la FFAA. El de apoyo a las fuerzas de seguridad y de intervenir a partir de la declaración del estado de sitio. “Pero eso no resuelve ve el problema porque se suspenden las garantías constitucionales”, dijo el funcionario.
Piquetes y legítima defensa
Por su parte, Bullrich apuntó a los piqueteros y habló de la reforma del artículo 194 del Código Penal. “No va a permitir que se explote a las personas”, dijo la ministra, y detalló que quienes organicen manifestaciones, instiguen cortes de calles y obliguen a la gente a participar de las marchas podrían ser penas de entre 4 y 6 años. También habló de la creación de un tipo penal para quienes bloqueen industrias, comercios y empresas.
Según el proyecto original, que ahora se buscará reflotar, se indica que los organizadores “serán solidariamente responsables por los daños que los manifestantes ocasionaren a terceros o bienes de dominio público o privado” durante la protesta y que si durante la movilización se corta el tránsito o participan “menores sin la correspondiente compañía” de sus tutores, serán multados por hasta 20 mil unidades fijas, lo que equivale actualmente a 5.802.000 de pesos.
Respecto de la legítima defensa y el cumplimiento del deber, dijo se plantea un nuevo artículo para “cambiar esta idea de que los policías terminan siendo los victimarios”. “No era razonable examinar solo si la persona estaba o no armada, por eso que es que se suman nuevos elementos”, indicó la funcionaria y aseguró que no se permitirá más la querella donde las familias de los delincuentes van contra el Estado nacional. “Le estamos dando derechos después de haber cometido un delito contra la sociedad”, agregó.
Durante su presentación, Bullrich detalló otras modificaciones para enviar al Parlamento, como la creación de la ley Antimafia o contra organizaciones criminales. “El hecho individual no es lo que determina la pena, sino aquellos que participan de una organización y que son los que cometen distinto tipo de delitos encadenados para el objetivo que tiene esa organización criminal”, señaló la ministra.
Y amplió: “¿Qué significa organización criminal? Es una organización que tiene en vilo a una zona o a un barrio y allí ya no rigen las leyes de la nación, sino las leyes de este grupo narco o lo que fuera”. (DIB)
