La quita de subsidios en las tarifas de luz y gas, parte del plan del Gobierno para alcanzar el superávit fiscal, experimentará otro retraso. La implementación de la Canasta Básica Energética (CBE), inicialmente esperada para abril y luego pospuesta a mayo, ahora se estima para junio o julio.
La demora, según información de fuentes oficiales y del sector energético, se debe a la dificultad en el cruce de datos necesario para determinar qué hogares continuarán recibiendo asistencia en sus facturas de energía. La Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía trabajan en encontrar la coordinación adecuada.
El plan del ministro de Economía, Luis Caputo, contemplaba un recorte de 0,5 puntos del PBI en el gasto de subvenciones a las tarifas este año, además de otros 0,2 puntos del PBI por el transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que sumaría entre USD 2.500 y USD 3.000 millones. Sin embargo, el deterioro de la situación social llevó a buscar una recalibración en el ajuste.
Aunque el compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) implicaba aumentos del 200% en las tarifas de electricidad y del 150% en las de gas, con el objetivo de cubrir el costo pleno de la energía en las facturas a partir de abril, se decidió cargar el ajuste sobre usuarios de altos ingresos, comercios e industrias, mientras que 7 de cada 10 usuarios residenciales seguirán pagando menos del 10% del costo del servicio.
La CBE, liderada por el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, tenía como objetivo establecer las necesidades básicas de consumo de electricidad y gas de los hogares según su ubicación geográfica, subsidiando el excedente sobre un porcentaje máximo del ingreso familiar. Sin embargo, su implementación, inicialmente prevista para abril y luego postergada a mayo, ahora se estima que no estará operativa hasta junio o julio.
La demora se debe principalmente a dificultades en el cruce de datos entre el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) y los deciles socioeconómicos del Indec, según lo informado por el equipo de Chirillo. Este proceso, clave para evitar dejar a hogares vulnerables sin subvenciones, requiere una calibración precisa por parte de la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía.
Los subsidios a la energía, que representaron el 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2023, se han convertido en un componente crucial del gasto fiscal, representando la mitad del déficit fiscal primario el año pasado. Aunque se espera una desaceleración en la inflación, el gobierno ha decidido postergar los incrementos tarifarios y mantener el tipo de cambio oficial congelado como parte de su estrategia económica.
Con información de Infobae
