Universidades se movilizan para reclamar aumento de partidas para funcionamiento y salarios
Oscar Alpa, vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector en licencia de la Universidad de La Pampa, habló con Ámbito sobre los motivos principales del descontento de la comunidad universitaria, que impulsó a la convocatoria para la marcha de esta jornada.
En primer lugar, explicó que los fondos para gastos de funcionamiento que se utilizan para cubrir tarifas de luz, gas, seguridad, limpieza, entre otros, “no llegan al 50% de lo que hoy se requiere”, teniendo en cuenta el aumento de la inflación en cada rubro. “Lo segundo es que entre diciembre y abril los salarios docentes y no docentes perdieron alrededor del 50% del valor real”, agregó.
Otra de las críticas del sector universitario al Gobierno es la demora en la convocatoria del sistema de becas, el cual permite aliviar la carga para aquellos estudiantes que se encuentran en situaciones vulnerables. “Recién ahora está abierta la convocatoria con valores similares o iguales a los del año pasado frente a una inflación de más del 50% en los primeros tres meses del año”, remarcó Alpa.
En cuarto lugar, el exsecretario de Políticas Universitarias de la Nación se refirió a “la paralización del sistema de ciencia y técnica” que se da “tanto en Conicet como en la no distribución de los fondos asignados para tal fin”, algo que desde el propio organismo vienen criticando desde hace meses.
Por último, las universidades reclaman a la gestión nacional por la paralización de las obras de infraestructura que se ejecutan en todas las universidades nacionales. “Hablamos de aulas, laboratorios, bibliotecas, etc.”, indicó el vicepresidente del CIN.
Carlos De Feo, Secretario General de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), uno de los principales gremios del país, dialogó con este medio al respecto de la situación universitaria. “El principal motivo de la movilización es la defensa de la universidad pública gratuita. La segunda cuestión es la presupuestaria. El hecho de que tengamos el mismo presupuesto que el año pasado, con la inflación que hay, hace imposible que las universidades puedan seguir funcionando”, señaló.
El ajuste que lleva adelante el Gobierno nacional afecta a todas las universidades nacionales, es decir, a un total de 57 instituciones distribuidas por todo el territorio argentino. Allí trabajan 250 mil personas, entre docentes y no docentes, y acuden dos millones y medio de estudiantes.
Para la titular de Asociación Gremial Docente (AGD) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ileana Celotto, el espíritu de la movilización es la defensa de la universidad pública, gratuita y laica “contra la motosierra y la ofensiva del Gobierno”. “Es imposible pensar que en el 2024 se pueda funcionar con un presupuesto votado a fines del 2022 para el 2023”, advirtió en diálogo con este medio.
Celotto calificó el recorte como una “asfixia presupuestaria” y afirmó que el Gobierno “atenta contra las actividades de docencia, extensión e investigación”. “Esa asfixia no se puede solucionar con un autoajuste acorde a lo que requiere el Gobierno, sino que hay que salir a enfrentarlo”, sintetizó.
El ajuste de Javier Milei a las universidades nacionales en cifras
En los últimos días, el Gobierno de Milei anunció un aumento del 140% en las partidas para gastos de funcionamiento. Pese a haber sido presentado como fruto de un “consenso”, el Consejo Interuniversitario Nacional, órgano que nuclea a todas las universidades nacionales, negó haber alcanzado un acuerdo y reafirmaron el reclamo.
Un análisis realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) indica que, de concretarse el aumento anunciado, apenas significará una suba del 4,1% del presupuesto. Esto se debe a que los gastos de funcionamiento explican solamente el 7,9% del total. En resumen, si se compara con las cifras del 2023, lo presupuestado se ubica 71% por debajo.
De acuerdo a un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), las transferencias a las universidades nacionales en el primer bimestre estuvieron 28% por debajo de 2023 y 23% bajo el promedio de los últimos 6 años. Además, el presupuesto devengado en Educación sobre el total de gastos del sector público se ubica en 3,6%, siendo el menor porcentaje de la década.
Para el vicepresidente del CIN, “la única política clara que implementó este Gobierno para las universidades y el sistema de ciencia y tecnología argentino es un recorte de los fondos”. Siguiendo esa línea, se preguntó si Milei “está dispuesto a invertir y mantener un sistema universitario y científico reconocido en todo el mundo o por el contrario pretende reducirlo y minimizarlo para el acceso de unos pocos”.
Los trabajadores universitarios, los más afectados por el ajuste de Javier Milei
La convocatoria a la movilización realizada por el Consejo Interuniversitario esgrimió entre sus motivos “la preocupación por la falta de acuerdos paritarios en desmedro del poder adquisitivo de nuestros trabajadores”. Las partidas destinadas al rubro salarial representan el 90% del gasto que se destina a las universidades nacionales.
Según indica el exdecano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, Jorge Aliaga, hasta noviembre del 2023 “las paritarias que acordaba el Gobierno con los gremios seguía a la inflación”. Sin embargo, esa paridad se quebró con la llegada de Javier Milei.
Desde la devaluación de diciembre, la inflación acumulada trepó al 90%, mientras que los salarios universitarios crecieron apenas un tercio. “De diciembre para acá hemos tenido tres aumentos que si los sumás acumulativamente llegan a un 30%. La caída del salario es total”, dijo De Feo. Ni las paritarias ni el presupuesto para funcionamiento acompañaron al IPC, por lo que el impacto sobre las universidades es sustancial.
El Gobierno convocó a los sindicatos por primera vez recién en el mes de febrero. El titular de CONADU señaló que desde entonces todas las ofertas han estado ampliamente por debajo de la inflación mensual. Y cuestionó la prepotencia de los funcionarios. “Nosotros hemos tenido reuniones con el secretario de Educación y el subsecretario donde nos plantearon aumentos que consideramos insuficientes. Se lo dijimos y la respuesta siempre fue ‘Bueno, no hay plata’. Nos venían a provocar, se levantaban y se iban”, contó.
La pulverización de los ingresos no encuentra un paralelismo con otro momento de la historia reciente, dada la velocidad con que ocurrió. “Un ajuste salarial de este tipo también lo tuvimos en el macrismo, pero en un lapso de cuatro años. Ahora lo sufrimos en cuatro meses”, explicó De Feo. Para la secretaria general de AGD UBA “hace mucho que el presupuesto y el salario vienen golpeados, pero el grado de deterioro nunca fue como ahora, ni en tan poco tiempo”.
El secretario general de CONADU afirmó que pese a las diferencias que tenían con el gobierno de Macri “teníamos paritarias y los funcionarios sabían lo que tenían que discutir. Estos, en cambio, no”. Y se atrevió a considerar que se trata de “una cuestión de revanchismo muy grande” contra la educación pública y el Estado, algo que se expresa por sobre todo en la figura del Presidente.
Para Alpa, un contexto similar al actual ocurrió durante el gobierno de Fernando De la Rúa. “Si tuviéramos que encontrar un momento similar podríamos hablar de marzo del 2001 donde el mensaje de ajuste era parecido”, dijo, aunque marcó una gran diferencia: “Esa vez fue sólo un anuncio porque nunca se concretó por la renuncia del ministro. Hoy el recorte ya está sucediendo”.
Desde las gremiales universitarias señalan que la situación que atraviesan los trabajadores del sistema universitario no ocurría, como mínimo, desde hace 20 años. Actualmente, el salario de un docente de la categoría más baja (Auxiliar de 1°) con jornada completa se ubica en $396.989. Con el costo de vida actual, se ubica apenas por encima de la Canasta Básica Total para un adulto ($250.286), la cual no incluye el valor de un alquiler.
Estudiantes reclaman contra el ajuste de Javier Milei a la educación
La situación actual también golpea fuertemente al estudiantado, dado que ve afectada su cursada habitual ante los cortes de luz en las universidades, la falta de insumos en las aulas y el deterioro de sus propias condiciones de vida.
Ainara Melo, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) en Puerto Madryn, contó a este medio cómo atraviesa la crisis a los estudiantes. “Realmente no se recuerda un comienzo de clases tan convulsivo como este, con dos paros universitarios nacionales en el que como estudiantes bancamos a nuestros docentes que están luchando”, dijo.
Ante la consulta sobre el impacto del ajuste en el funcionamiento de la UNPSJB explicó que en enero, pese a estar cerrada la sede, el gasto de servicios y mantenimiento fue de $1 millón de pesos, mientras que ahora el salto fue astronómico. “Hoy con la sede funcionando de 7 de la mañana a 11 de la noche, gastó cerca de 5 millones solo en servicios de luz”, dijo. Ese monto, según comentó, fue el que la universidad utilizó para pagar todos los servicios durante 2023.
Al igual que a los docentes, el aumento del costo de vida también afecta a los estudiantes a la hora de trasladarse, alquilar o alimentarse. Melo señaló que en los últimos meses hubo quienes debieron dejar de cursar. “Vemos como hay compañeros que están abandonando sus estudios universitarios, no porque no quieran estudiar, sino porque no pueden continuar ante la necesidad de comer y laburar”, explicó.
La ciudad de Madryn, al igual que buena parte de las urbes del país, marchará este martes desde las 17 horas en la Plaza San Martín para pedirle al Gobierno que revea su política de ajuste. Allí funcionan 3 universidades: la UNPSJB, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad del Chubut, además del CONICET. “Acá esperamos una gran asistencia por parte de toda la comunidad”, vaticinó Melo y añadió: “Podría incluso ser histórica hasta en nuestra propia ciudad”.
Respecto del rol de los estudiantes universitarios en este contexto, la dirigenta estudiantil señaló: «Tenemos la responsabilidad enorme de organizarnos y ver cómo vamos a enfrentar a este Gobierno que nos empobrece todos los días, que nos reprime, con jubilados indigentes que no pueden pagar los medicamentos, con una ola de despidos en las que tanto la CGT como las CTA se llaman al silencio y convocan tímidamente a un paro el 9 de mayo cuando se necesita enfrentar cuanto antes el plan motosierra de Javier Milei”.
Sobre una posible salida a la situación actual, el rector en licencia de la UNLPam señaló que lo mejor que puede ocurrir es “que el Gobierno entienda que no es un tema político, que no afecta la situación macro de país ni genera déficit fiscal”. Por ese motivo, pidió al Ejecutivo “que recapacite y entienda nuestros reclamos, o vamos a tener graves problemas para que el sistema funcione en el segundo cuatrimestre”. Desde el CIN están abiertos al diálogo, pero sin dejar de lado los planteos.
Para el titular de CONADU, la solución es bastante más compleja dado el nivel de intransigencia del Poder Ejecutivo. “Este Gobierno no negocia. No creo que podamos arreglarlo con estos funcionarios porque tienen un desconocimiento enorme del sistema universitario”, se atrevió a señalar, por lo que resaltó la importancia de la marcha “como una gran expresión de repudio, no solamente hacia las políticas educativas sino hacia las políticas en contra del Estado de este Gobierno”.
Para cerrar, la titular de AGD UBA consideró que “el ataque del Gobierno demanda una respuesta de conjunto” hasta lograr que se reconozca el presupuesto necesario, pero también “para no tener más salarios por debajo de la línea de pobreza y para frenar una profundización de la privatización y mercantilización de las universidades nacionales”. A fin de cuenta, el deseo de todos es que la educación sea un vehículo para la transformación social e individual.
(Ambito)
