A pesar de las críticas que generó el decreto que limita el acceso a la información pública, desde el Gobierno Nacional aseguraron que no se aplicarán modificaciones como prometió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el Congreso.
En la habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que no habrá modificaciones en los cambios en la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública.
“Se trata de que el acceso a la información pública sirva para eso y no destinar más recursos de lo que se requieren para que la sociedad esté informada”, justificó al respecto.
“Ese es el espíritu de la ley, que todos podamos acceder a la información del Gobierno, pero que esto no vaya en contra de la privacidad de los funcionarios. Hemos recibido durante este gestión, que se han multiplicado por 10, nos han preguntado qué marca de té tomamos, qué raza y color de mascotas tenemos, si nuestras mascotas son felices, cosa que no tiene por qué importar”, desarrolló.
En la misma línea, precisó: “Nos preguntaron si el doctor (Alberto Fernández) cursó la Ley Micaela, cuántas materias dicta en la UBA. Queremos terminar con esto de consumir mucho recurso público y que no hace a que la gente esté enterada de lo que pasa”.
“Somos de los primeros que vamos a defender la transparencia, la honestidad y que estén enterados de todos. En 2020 se recibieron 57 pedidos, en el 2022 95 y en 2023 65 y hasta agosto 558. Esto no va en contra de la información, simplemente tratar de ordenar esto que se pregunten cosas que no hacen a la utilización de fondos y a la honestidad del funcionario y que concentra muchos recursos pata atender este tipo de cuestiones. Incluso no se han recibido judicialización ni amparos por ningunos de estas respuestas”, sostuvo además.
Por su parte, el funcionario planteó que se harán aclaraciones en caso de ser necesario, y explicó los dichos del titular de ministros en el Congreso: “Francos dijo que estamos dispuestos de hacer cualquier modificación en una ley o de cosas que estén mal, pero no es este el caso. No quita que haya una aclaración adicional”.
Durante su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete se había mostrado a rever el polémico decreto de Javier Milei que modificó los criterios de la ley de información pública con el fin de proteger datos “privados” de sus funcionarios. “De ninguna manera la intención del gobierno nacional es poner opacidad a la información pública, sino ordenar los pedidos de acceso a la información”, justificó el funcionario, quien se había mostrado abierto a las críticas de la oposición y hasta había abierto la posibilidad de una derogación.
“Modificaremos el decreto si fuera necesario, haremos las consultas. Estamos dispuestos a analizarlo y que también ustedes puedan entender las dificultades que vemos y encontramos para acceder a todos los requerimientos”, concedió Francos, que aseguró que en el Gobierno son conscientes de que se trata de un derecho constitucional, que está en los tratados internacionales y “en los principios rectores de la OCDE”.
El jefe de Gabinete reconoció que al oficialismo “no le pareció” que el decreto violara la Constitución. “Recojo las inquietudes que ustedes han planteado aquí y se las voy a transmitir al Presidente de la República”, señaló, dirigiéndose a la oposición. Y añadió: “Veremos si tenemos necesidad [de modificarlo], aunque no sé si de derogarlo, porque la intención ha sido tratar de ordenar el tema del acceso a la información por la cantidad de tarea administrativa que demanda”.
A través del Decreto 780/2024, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo reglamentó el artículo 1° de la Ley N° 27.275 en lo que mencionaron como “buena fe”, y establecieron que “la violación al principio de buena fe por parte de todos los actores intervinientes configura el supuesto previsto en el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación”.
Para aplicar los cambios, modificaron el concepto y alcance de lo que se conoce como “información pública” al asegurar que no se entenderá como información pública a “aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido, ajenos a la gestión de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la Ley N° 27.275 y su modificatoria”.
con información de la agencia NA
