En medio de una investigación judicial vinculada a los “saca-multas”, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires avanzará antes de fin de año con un nuevo sistema de multas vinculadas al Código de Transito bonaerense.
El anuncio estuvo a cargo del titular del área, Jorge D’Onofrio, quien explicó las dificultades que lo llevaron a impulsar estos cambios que, según dijo, estarían en funcionamiento hacia diciembre.
“El grave problema que tenemos con este sistema es que no tiene posibilidades de autodepurarse ni de controlar algunas cuestiones que nosotros queremos que queden mucho más transparentadas”, dijo.
Actualmente, hay 32,6 millones de infracciones de tránsito en stock. Algunas datan del año 2009, año del que es el actual régimen. “Estamos al límite de las capacidades”, reconoció en conferencia de prensa.
“El sistema no se puede autodepurar para transparentarlo”, señaló D’Onofrio, e hizo referencia que hay alrededor de 32.600.000 multas en stock. En ese sentido, dijo que existen tres posibilidades: que se condene a un conductor a pagarla, que se lo absuelva y que quede en stock de manera indefinida.
En este escenario, el objetivo es desarrollar “un nuevo sistema de juzgamiento” que les permita “incrementar la productividad y la transparencia”. Según contó el ministro, hoy en día se procesan entre 500.000 y 600.000 multas por mes, pero la idea es aumentar ese número.
Investigación judicial en marcha
El cambio que impulsa el Gobierno de Axel Kicillof se da en medio de una causa que investiga la Justicia por el accionar de una supuesta organización de corrupción integrada por funcionarios, abogados y gestores que involucra a Transporte por la obtención de ganancias indebidas en la reducción y eliminación ilegal de multas de tránsito.
El supuesto modus operandi que investiga fiscal penal de La Plata, Álvaro Garganta era captar a automovilistas con multas y ofrecerles una reducción de un 50% en la infracción. “Ingresaban al sistema, reducían la multa a la mitad y en tiempo muy breve al deudor se le imponían penas muy pequeñas. La diferencia de esa ganancia se sospecha que era repartida por los gestores hacia distintos funcionarios que hacían el trabajo de condenar a penas mínimas a los infractores”, señaló el fiscal.
En este contexto, el Ministerio se presentó ante la Justicia como querellante en la causa, y hoy en conferencia D’Onofrio aclaró que no existe “ningún borrado de multas en la provincia”. Además, ejemplificó que año tras años creció el número de multas y la recaudación. “Mientras que durante 2022 se recaudaron 14 mil millones de pesos, en lo que va de este año ya van 67 mil millones”, señaló. Y destacó que de 1.100.000 multas cobradas en 2022, se pasó a 1.500.000 un año más tarde y estimó que este 2024 terminará en torno a 1.800.000.
También, el ministro dijo que pretenden controlar mejor los destinos del dinero recaudado por el pago de las infracciones. Para esto firmaron un convenio con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para que las facultades de económicas y de informática pongan en marcha un sistema de “auditoría permanente”. (DIB)
