El proveedor que ganó la licitación realizada recién en el mes de agosto de este año es Nutricia Bagó y ahora debe entregar las muestras de leche para su análisis ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL). Se trata del último paso del proceso antes de la distribución a las provincias. En total, se compraron 171 mil kilos.
Sobre los motivos de la demora, en Salud alegaron que los tiempos de la licitación estuvieron dentro del promedio de la administración.
Desarticulación
A pesar del reclamo de las provincias, Nación aún no informó oficialmente sobre la compra. Algunos distritos se enteraron, incluso, ante la consulta de este diario y advirtieron que el tema ni si quiera fue mencionado en el COFESA, que se reunió este lunes en el Palacio San Martín.
La leche de fórmula de inicio es el único alimento posible para aquellos bebés que no pueden acceder a la lactancia materna por diversos motivos. Ya sea porque la mamá tiene HIV, está descalcificada, padece de hipogalactia, atraviesa algún tipo de adicción u otro problema de salud que le impide establecer la lactancia exclusiva para los primeros seis meses de vida, como recomienda la Organización Mundial de la Salud. En esos casos, con prescripción del médico, la o el recién nacido deben ser alimentados con fórmula.
Por eso, la ley estableció una política concreta para la cobertura en materia de leche. En el anexo del Decreto Reglamentario de la ley de los 1000 días se establece en el artículo 20 inciso c) que “toda leche y/o de otras fórmulas alimentarias requeridas por niños o niñas que no acceden a la lactancia por razones justificadas y cuenten con prescripción del médico o de la médica o equipo tendrán una cobertura del CIEN POR CIENTO (100 %)”. Es decir, que quienes tengan obra social o prepaga la leche debe ser cubierta por las mismas, de lo contrario, el Estado debe garantizarla.
Según el observatorio La Cocina de los Cuidados (una mesa intersectorial con representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos, sindicatos, iglesias, de la academia, funcionarios y legisladores), si bien la transferencia directa de ingresos para las personas y en particular para las infancias por parte del gobierno Nacional se mantiene, la motosierra pasa centralmente por la desarticulación de las políticas públicas, entre ellas, la red de articulación con las provincias que estableció la ley de los 1000 días. Según el último informe de la organización, “el retiro territorial del Estado se materializa en el cierre de sus representaciones federales: desde la falta de entrega de alimentos a las organizaciones hasta el cierre de los Centros de Desarrollo Territorial (Ministerio de Capital Humano), los Centros de Acceso a la Justicia (Ministerio de Justicia), las delegaciones del programa Acercar Derechos (Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género), las delegaciones provinciales de ANDIS y PAMI, los equipos del plan ENIA, entre otros”.
Mientras el gobierno de Javier Milei demoró más de nueve meses la compra de leche maternizada, desarticuló por completo el programa de apoyo a la lactancia, que incluía la entrega de kits para facilitar la continuidad de la lactancia cuando las mamás deben volver a trabajar. El kit constaba de un sacaleches, pads mamarios reutilizables, un bolso térmico, vasos recolectores para la leche y un manual de lactancia.
También fueron discontinuados todos los programas relacionados a la primera infancia: el plan de los mil días, el Plan ENIA, el Plan Nacional de Primera infancia (EPI) y sus prestaciones, entre otros. (Ámbito)
