Con un duro comunicado del ministerio de Capital Humano y a dos días de la manifestación universitaria en contra del veto a ley de financiamiento, el Gobierno salió este lunes a marcar postura. «La marcha es política», sostuvo.
«Este conflicto universitario responde más a intereses políticos que a las necesidades del sistema educativo», afirma desde el arranque el texto emitido por la cartera de Sandra Pettovello que incluye las políticas de educación. El comunicado, de cuatro carillas, lleva el título: «Estamos a favor de la educación universitaria».
Desde la cartera de Capital Humano aseguraron que los reclamos del sector educativo «están todos atendidos y resueltos». Por lo tanto, afirmaron, resulta «urgente priorizar la educación por encima de las confrontaciones políticas».
«El Gobierno está al día y paga para que los profesores estén en las aulas dando clases, garantizando que los estudiantes no sigan siendo víctimas de esta situación injustificada», indicaron.
Sin mencionar la posibilidad del veto presidencial que el Gobierno evalúa ante la ley aprobada en el Congreso, el texto se mete de lleno con los reclamos paritarios del personal universitario.
«Los docentes de dedicación exclusiva perciben cerca de $ 1,4 millones mensuales, mientras que los no docentes con antigüedad cobran alrededor de $1 millón, ambos salarios muy por encima de la Canasta Básica Total (CBT) de $ 300.000 para un adulto equivalente», detalla.
Además, apunta que «esto significa que no existe pobreza entre estos sectores: los que perciben salarios más bajos son los docentes de dedicación simple, que dan clase solo una vez por semana, y algunos no docentes de categorías iniciales. Los datos están disponibles y deben ser presentados con transparencia para esclarecer esta situación».
En la misma línea, Pettovello desde Capital Humano subrayó que «simplemente se exigió claridad en la gestión de los recursos que se transfirieron». «Desde el ministerio, se han asignado más de 192 mil millones de pesos, cumpliendo con lo acordado para aumentos en gastos de funcionamiento (un incremento del 270 %)», se detalló.
A su vez, precisaron que se asignaron partidas para el funcionamiento de hospitales universitarios y «aumentos salariales por encima de las pautas del Estado nacional».
Antes de la marcha
El duro comunicado contra las universidades llega dos días antes de la segunda marcha universitaria. La primera, llevada a cabo el 23 de abril pasado por el recorte de fondos, fue la más grande que debió afrontar el Gobierno desde que asumió.
Desde el ministerio dijeron que rechazan que «las recientes manifestaciones y paros respondan a una verdadera necesidad de financiamiento educativo». «La marcha es política y no refleja un desfinanciamiento de la universidad ni un perjuicio hacia los estudiantes».
De este modo, desde Capital Humano evitan hablar del la Ley de Financiamiento Universitario que la oposición consiguió sancionar en el Congreso y que Javier Milei ya avisó que vetará de manera completa. Sería el segundo veto luego de la recomposición a las jubilaciones.
El Gobierno vinculó la marcha a la paritaria y la falta de auditorías
En otro pasaje del extenso comunicado, Capital Humano brindó una serie de motivos según los cuales las universidades nacionales convocaron a movilizar el próximo miércoles 2 de octubre.
Por un lado, adujeron que las universidades públicas rechazaron la propuesta de aumento salarial del 6,8 % para el mes de octubre.
Luego el ministerio habló también de una «administración fraudulenta de los fondos». «Las universidades recibieron 192 mil millones de pesos para gastos de funcionamiento, con un aumento del 270 %. Aún así, los fondos han sido desviados hacia gastos no prioritarios, en lugar de destinarse a la mejora de la calidad educativa», dijeron.
En tercer lugar, Capital Humano afirmó que las universidades «no se dejan auditar» y apuntaron contra la UBA. «Las universidades, especialmente la UBA, no han rendido cuentas de manera adecuada. El 89 % de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 aún no han sido rendidos», detallaron.
A su vez, pusieron sobre la mesa del debate por el costo de los estudiantes extranjeros. «El 21,8 % de los estudiantes de medicina son extranjeros, principalmente de Brasil, lo que genera una carga adicional para el sistema universitario público», ejemplificaron.
En tanto, también se puso el foco en la cantidad de alumnos regulares. «Solo el 40,6 % de los estudiantes universitarios son considerados regulares, mientras que el 38,4 % no tiene información clara sobre su actividad académica», revelaron, concepto que ya había instalado el secretario de Educación, Carlos Torrendell.
También afirmaron que existen «profundas disparidades sociales» en las universidades ya que, sostuvieron, «el 61,2% de los estudiantes de la UBA provienen de familias con educación superior completa, financiando así la educación de sectores privilegiados con recursos destinados a los más vulnerables».
Pettovello decidió acompañar su comunicado con la versión oficial de la situación universitaria en bajo a un informe del Consejo Nacional de Políticas Sociales, que hizo comparaciones del gasto social y tabuló los números que defiende el Gobierno. (con información de Clarín)
