A partir del mal estado de muchas rutas de nuestra región y de todo el país, ya sean responsabilidad de la Provincia o de la Nación, usuarios de todas ellas llevarán a cabo una asamblea este sábado con el objetivo de emitir un comunicado y presentarlo ante las autoridades que correspondan.
De la convocatoria, que se realizará en 9 de Julio, en la intersección de las rutas nacional 5 con la provincial 65 participarán representantes del Sudoeste Bonaerense, preocupados por “el estado de deterioro y la obsolescencia de la infraestructura vial en la provincia de Buenos Aires y en el territorio nacional”.
El reclamo puede parecer repetido, pero la falta de respuestas o soluciones obliga a la reiteración de los argumentos. En esta oportunidad, desde la Unión de Usuarios Viales se solicitará la creación de una comisión de seguimiento de cuestiones vinculadas con la infraestructura vial tanto a nivel nacional como provincial -en Buenos Aires, La Pampa y Córdoba-, además de presentar un documento en el que se detallan reclamos específicos sobre el estado de distintas rutas nacionales y provinciales que atraviesan estos territorios.
En él, por supuesto, estarán incluidas muchas de las rutas y tramos que forman parte de nuestra región.
Además, se solicitará la declaratoria de emergencia y/o catástrofe vial en esas tres provincias.
Este documento, se explica desde la entidad, será entregado a las autoridades competentes, esperando una respuesta pronta para evitar el continuo deterioro de las carreteras y también los accidentes que en ellas ocurren debido a esto.
“Toda la red vial tiene que ser intervenida, porque el solo diseño obsoleto ya afecta cuestiones como la seguridad vial, la comunicación, la logística y la producción. Ahora bien, como sabemos que eso no es posible ni económica ni técnicamente, entendemos que es necesario establecer prioridades por importancia, ya sea en acceso a lugares de turismo, a puertos o terminales y también a centros de consumo, lo que -por supuesto- no excluye a los demás corredores”, explica a La Nueva. Ignacio Zavaleta, uno de los referentes de la entidad.
En ese sentido, señala que esta planificación también se debe realizar en base a datos del tránsito, como -por ejemplo- que el 75 % del flujo del tránsito nacional utiliza el 25 % de la red vial primaria.
“En el documento que vamos a presentar, que también se enviará a distintos legisladores y funcionarios de distintos ámbitos, se pedirá que se declare la emergencia y/o catástrofe vial debido al actual estado de las carreteras. También se reclamará la creación de una comisión asesora en temas de infraestructura vial, que esté integrada por representantes de la institución, es decir, usuarios de las rutas de nuestro país. Este ente será ad hoc y ad honorem”, aclara.
Además, en el escrito se reclamará la puesta en funcionamiento de un plan de contingencia o de urgencia para los próximos cinco años, que comprenda el mantenimiento de calzadas, banquinas y puntos críticos por obsolescencia de diseño, entre otros requerimientos.
El comunicado también cuestionará el sistema de peajes, al que se considera ineficaz ya que -se explica- solo terminó siendo funcional a los concesionarios, ya que el estado de las rutas y de infraestructura vial no han variado en todos estos años con este sistema. Asimismo, destacará que el sistema de participación público-privada ha fracasado en países como Gran Bretaña, Grecia o España, juntos con otros países pertenecientes a la Unión Europea, que cuentan con economías estables.
“Por nuestra parte, estamos reclamando y haciendo propuestas. Al no tener respuestas por parte de las autoridades, tratamos de generarlas nosotros mismos”, señala.
Zavaleta explica que desde la Unión de Usuarios Viales se busca presentar proyectos porque “estamos así debido a la desidia y la falta de coraje de los legisladores para tratar estos temas”.
“La inseguridad vial es una cuestión que nos abarca a todos. Las estadísticas, que se reflejan en números, hay personas e historias de vida que quedaron en las rutas, produciendo muertes que eran evitables si hubiera políticas al respecto, como sí hay en los países serios -asegura-. La estadística no nos exime, sino que nos incluye. Cuando los responsables de las políticas de estado no hacen caso a estas cuestiones, también están incluidos en ella”, afirma.
(La Nueva)
