El juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7 obligó este viernes a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a garantizar el «abastecimiento adecuado de alimentos» a los grupos vulnerables, en la causa que iniciada por las demandas colectivas de organismos civiles y sociales patrocinados por el abogado y líder social Juan Grabois en favor de los comedores populares.
La decisión fue tomada por el juez federal Walter Lara Correa y destaca “la importancia de mantener las políticas públicas alimentarias vigentes para garantizar este derecho fundamental”, en el marco del amparo colectivo iniciado por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La continuidad de esta política «no representa un privilegio para sus destinatarios/as”, por el contrario, son “una herramienta para el cumplimiento del principio de igualdad y de no discriminación, a fin de que la Administración Pública Nación no incurra en responsabilidad internacional”, resolvió el magistrado.
Además, el fallo agrega que el Gobierno nacional debe mantener actualizado el Registro Nacional de Comedores Comunitarios (Renacom) y actuar rápidamente en el caso de las organizaciones que tienen convenios en trámite para acceder precisamente a las prestaciones alimentarias. En esa línea, pidió «depurar» esta lista, dando la razón a Pettovello en su denuncia sobre una serie de comedores que recibían alimentos pero que «no existían«.
Ante este pedido, se consideró que el Estado aplique «las pautas concretas que crea necesarias en el marco de su ‘sana discrecionalidad’ y de sus competencias específicas, exclusivas, propias y excluyentes» para depurar este registro.
En esa línea, le exigió al área que conduce Pettovello que presente informes mensuales sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas como el “Plan Nacional Argentina Contra el Hambre”, el “Programa Alimentar Comunidad”; el “Programa Prestación Alimentar” y el “Programa Abordaje Comunitario PNUD ARG 20/004”, a través de los cuales se busca garantizar el derecho a la alimentación
El juez Lara Correa reconoció que el Poder Judicial no debe intervenir en decisiones «técnicas y operativas» del Poder Ejecutivo; pero en otro tramo del fallo se expresa que «el carácter de los proyectos sociales no deben ser discriminatorios y, por consiguiente, tienen que incluir todas las iniciativas posibles para apoyar los subsidios sociales encaminados a mitigar el posible aumento de las desigualdades e impedir que se vean afectados los derechos de las personas y los grupos desfavorecidos y marginados».
“El Estado tiene un amplio margen de discrecionalidad con respecto a qué medidas o políticas son más oportunas, convenientes o eficientes”, indica la resolución, por lo que el Ministerio mantiene su autonomía en la gestión de los programas, como lo habían solicitado anteriormente Leila Gianni y Ariel Romano, ahora ex representantes de la Subsecretaría Legal de Capital Humano.
Y completa: «Las autoridades encargadas de garantizar el derecho a la alimentación que deben mantener y asegurar las políticas públicas existentes a fin de que sea efectivamente resguardado el principio de no regresividad en materia de derechos humanos«.
La reacción de CELS ante el fallo en contra de Pettovello
Tras conocerse la resolución de la Justicia judicial el CELS destacó el amparo colectivo presentado en febrero pasado, cuando Grabois denunció a Pettovello por «incumplimiento de los deberes de funcionario» y «violar normas que ordenan garantizar el alimento a quienes están padeciendo situaciones de extrema pobreza».
Allí, se reclamó que el Ministerio de Capital Humano garantice este derecho para todas las personas que asisten a estos espacios, con alimentos de calidad, adecuados y en cantidad suficiente. En mayo, el juez Sebastián Casanello ordenó el allanamiento de los galpones de Capital Humano ubicados en la localidad bonaerense de Villa Martelli, donde la cartera tiene almacenados alimentos para los comedores.
En julio, ya se le había ordenado a la cartera que conduce Pettovello que «garantice la continuidad de los programas y planes alimentarios que brindan los espacios comunitarios», por estar en riesgo el derecho a la alimentación de amplios sectores sociales.
«A diferencia de lo que sostiene el gobierno, las políticas de transferencia directa de ingresos a las personas no son suficientes para resolver la integralidad y multicausalidad de este problema, no mitigan los efectos del fuerte aumento de la pobreza y la desnutrición, ni alcanzan para rebatir los efectos del retiro del Estado en los servicios sociales y en el apoyo a las organizaciones territoriales», concluyó el CELS mediante un comunicado.
El fallo completo por la causa de los alimentos
