El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó este jueves a la Corte Penal Internacional (CPI) de emitir un juicio «antisemita» después de que el tribunal emitiera órdenes de arresto contra él y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza.
Las órdenes se producen en medio de la creciente tensión en Medio Oriente a raíz de la guerra desatada por el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023, cuyo jefe militar, Mohammed Deif, también es enjuiciado por la CPI. Según el tribunal, parte de la represalia israelí incluyó matar de hambre a los residentes de Gaza y dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil, entre otros crímenes de guerra prohibidos por el Estatuto de Roma.
El pasado 20 de septiembre, el gobierno de Israel había objetado de forma oficial la jurisdicción del CPI para enjuiciar crímenes de guerra contra los palestinos de Gaza, así como la legalidad para emitir órdenes de arresto contra la cúpula del gobierno, impulsadas por el fiscal general Karim Khan. Sin embargo, el tribunal rechazó estos pedidos en función de la «competencia territorial» que tiene sobre Palestina -especialmente la parte ocupada- que, junto a Israel, firmaron las Convenciones de Ginebra de 1949 que reglan el derecho internacional humanitario.
Netanyahu se enfureció con la CPI y la tildó de «antisemita»
Luego de que se difundieran las órdenes de captura, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu comparó la decisión de la CPI con el caso de Alfred Dreyfus, un capitán del ejército judío francés condenado erróneamente por traición en el siglo XIX, en un episodio que se convirtió en un símbolo de antisemitismo en Europa.
«La decisión antisemita de la Corte Penal Internacional es comparable a un juicio moderno a Dreyfus, y terminará de la misma manera», afirmó Netanyahu, quien reiteró que Israel considera su actual ofensiva en Gaza, en el sur del Líbano y en Siria como «justa».
Netanyahu, por su parte, defendió la postura del gobierno israelí, subrayando que las órdenes de arresto no impedirían a Israel seguir «defendiendo a sus ciudadanos». «Los jueces de la CPI están motivados por el odio antisemita hacia Israel«, agregó, en una clara crítica al tribunal. El primer ministro expresó también su rechazo a las acusaciones de crímenes de guerra, calificándolas de «absurdas» y «falsas».
La reacción de la clase política israelí y la «propuesta» de anexar Cisjordania
Por su parte, el exministro de Defensa, Yoav Gallant, calificó la orden de arresto contra él, Netanyahu y el líder de Hamas como un «precedente peligroso«, sugiriendo que la decisión de la CPI no solo atacaba a Israel, sino que equiparaba al Estado sionista con los líderes de Hamas, responsables de los ataques más atroces en el conflicto reciente.
«La decisión del tribunal de La Haya será recordada para siempre: coloca al Estado de Israel y a los líderes asesinos de Hamás en la misma fila y, por lo tanto, legitima el asesinato de bebés, la violación de mujeres y el secuestro de ancianos de sus camas», escribió Gallant en X -ex Twitter-. «La decisión sienta un precedente peligroso contra el derecho a la legítima defensa y la guerra ética y alienta el terrorismo asesino», agregó.
El presidente israelí Isaac Herzog también criticó duramente la decisión del tribunal penal. En un comunicado, calificó el fallo como «un día oscuro para la justicia», argumentando que el tribunal ignoraba el «hecho básico de que Israel fue atacado bárbaramente y tiene el deber y el derecho de defender a su pueblo».
Por su parte, Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha ultrarreligioso, fue aún más radical en sus comentarios. En un tono desafiante, instó al gobierno israelí a responder a la decisión de la CPI anexionando toda la Cisjordania ocupada, uno de los territorios que, junto a Gaza, forman parte del trazado original del estado palestino previo a 1967 y que fue ocupado a través de colonos israelíes.
Desde la oposición a Netanyahu, el líder centrista Yair Lapid también se unió a las críticas contra el fallo de la CPI. En un comunicado, Lapid defendió la acción de Israel, afirmando que «Israel está defendiendo la vida de sus ciudadanos contra las organizaciones terroristas que atacaron, asesinaron y violaron a nuestro pueblo». Lapid consideró que las órdenes de arresto eran «una recompensa para el terrorismo».
B’Tselem pide cumplir las órdenes de arresto
Con respecto a la sociedad civil, el grupo israelí de derechos humanos B’Tselem expresó su apoyo a la decisión de la CPI, pidiendo a los gobiernos extranjeros que «hagan cumplir las órdenes» de arresto contra Netanyahu y Gallant.
La organización denunció lo que considera «uno de los puntos más bajos en la historia de Israel«, subrayando que la responsabilidad personal de los encargados de tomar decisiones es esencial en la lucha por la justicia y la libertad en la región.
«La responsabilidad personal de los encargados de adoptar decisiones es un elemento clave en la lucha por la justicia y la libertad de todos los seres humanos que viven entre el río Jordán y el mar Mediterráneo», afirmó B’Tselem
El ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023 dejó 1.206 muertos, en su mayoría civiles, y 251 personas fueron capturadas como rehenes. Aunque el ejército israelí estima que algunas de estas personas murieron, 97 siguen cautivas en Gaza. Desde entonces, Israel implementó una represalia a gran escala provocando una «destrucción apocalíptica» de la Franja de Gaza y su población -según la ONU-, y que motivó numerosas investigaciones por crímenes de guerra contra las fuerzas israelíes, incluido el uso de fósforo blanco o la inanición de la población.
Según el Ministerio de Salud de Gaza, totalizan 43.972 los muertos, en su mayoría civiles y niños, cifras consideradas confiables por la ONU. En el afán de «desmantelar» no solo Hamas sino también Hezbolá, la ofensiva israelí incluyó una invasión del sur del Líbano y el avance sobre Cisjordania.
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