El Gobierno ofrece una recompensa de diez millones de pesos a quienes puedan aportar datos sobre el video difundido el fin de semana con amenazas de muerte a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador de Santa Fé, Maximiliano Pullaro.
A través de la resolución 1295/24, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa «a aquellos aportantes que brinden datos útiles, precisos y concretos para identificar a los miembros de la organización criminal, como así también detalles sobre las actividades delictivas desarrolladas por ellos, y los lugares de operación».
El pasado domingo la ministra de Seguridad publicó un comunicado oficial para informar que recibió una amenaza de muerte a través de un video de una organización narco terrorista, donde también se amenaza al gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro. El video se volvió rápidamente viral en redes sociales.
Ahora, con el fin de esclarecer el caso y encontrar a los responsables, el Gobierno ofrece una recompensa de diez millones de pesos para quienes puedan aportar datos sobre el episodio.
La medida señala que «resulta necesario y urgente identificar a los autores de las mencionadas conductas delictivas, que constituyen un caso de gravedad institucional con trascendencia a nivel nacional e internacional», ya que el caso «amerita una rápida y contundente respuesta del Estado».
Esto se suma a la medida que llevó adelante la cartera de seguridada de Santa Fe, desde donde se anunció que se incrementarán los controles y operativos en Rosario y zonas linderas para evitar cualquier inconveniente.
El ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, sostuvo que «se van a incrementar todo lo que son controles requisas; identificaciones en vía pública, haciendo hincapié en zonas como el Poder Judicial, Fiscalías y va a haber una elevación general del nivel de alerta en todo el despliegue operativo particularmente en Rosario y sus alrededores».
«Desde una perspectiva más amplia, haciendo un poco la lectura política, de alguna manera se quiere ver un intento nuevamente de condicionar mediante la amenaza de violencia el rumbo de las políticas públicas tanto nacionales como provinciales en materia de seguridad», sumó. (Con información de NA)
