La Cámara Federal porteña ordenó reabrir una causa contra Cristina Kirchner por inconsistencias en sus declaraciones juradas, luego de la muerte de Néstor Kirchner.
Tanto el fiscal Gerardo Pollicita como el juez Julián Ercolini habían entendido que se trataba de detalles menores que no constituían delito. Pero la Unidad de Información Financiera, brazo querellante del Gobierno Nacional, apeló diciendo que no se trató de un simple error.
Ahora, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi sostuvieron que había que profundizar la investigación y dispusieron hacer un peritaje contable.
En minoría, su colega Mariano Llorens, en cambio, sostuvo que había que llamarla ya a indagatoria, sobre la base de una mirada «conglobada» con el resto de los expedientes. Según dijo, se trata, dijo, de «un eslabón en toda la cadena de hechos ilícitos que habrían sido cometidos por Cristina Fernández y su entorno, por los cuales actualmente está siendo investigada».
Todo se dio en el marco de una denuncia contra la ex presidenta que nació en 2016 y que puso la lupa sobre aparentes inconsistencias y omisiones en sus declaraciones juradas, en el período comprendido entre 2010 y 2014 (ambos inclusive).
Puntualmente se evaluó la errónea exteriorización de los bienes y deudas por parte de Cristina Fernández tras la muerte de su esposo y la omisión de bienes en esa herencia.
Se detectó, además, la «errónea exteriorización de un terreno de 87.000 m2 sobre el Lago Argentino, El Calafate, que Cristina Fernández registró en condominio con la firma Austral Construcciones S.A. a partir del año 2008; y la omisión de declarar plazos fijos y depósitos en dólares estadounidenses en las declaraciones juradas de los años 2011, 2012, 2013 y 2014».
El 5 de junio pasado, el juez Ercolini, a pedido del fiscal Pollicita, archivó la denuncia. Según se afirmó, no había delito sino que se trataba de la forma en la que CFK «había exteriorizado su evolución patrimonial ante los organismos de control a partir del fallecimiento de su cónyuge».
Sin embargo, ahora la Unidad de Información Financiera (UIF) del poder ejecutivo sostiene que no fue un «simple error» y que la ex vicepresidenta «tenía motivos para ocultar o sustraer determinados aspectos de su situación económica, lo que se veía convalidado con el incremento de su patrimonio».
Se quejó además de que no se hubiera investigado y afirmó que la valoración acerca de la manera en que se habían efectuado las exteriorizaciones patrimoniales debía ser constatada por un profesional de ciencias económicas.
Al inicio de su voto, en el fallo que publica el medio Infobae, Bruglia y Bertuzzi sostuvieron que no tenían «habilitada la jurisdicción sobre el delito de enriquecimiento ilícito que abarca, también, el objeto de estas actuaciones»: la UIF sólo había hecho hincapié en las inconsistencias de las declaraciones juradas, pero «nada dijo respecto al archivo dispuesto con relación al enriquecimiento ilícito», dijeron.
Por su parte, para Llorens, «a todas luces aparece muy claro que en el caso se dan los presupuestos del artículo 294 (indagatoria) del ordenamiento ritual en vigencia para que, en este proceso, la imputada deba responder respecto del enriquecimiento ilícito ya probado, para luego avanzar a las etapas siguientes del proceso y no que retroceda a la etapa del archivo. Tal extremo me conduce a hacer lugar a la apelación efectuada por la parte querellante y a revocar el temperamento adoptado por el juez de primera instancia, que abarca sólo el período comprendido entre los años 2009 y 2015 y no el que fuera objeto del sobreseimiento en las causas nro. 9318/04, 1338/08 y 9423/09, pues en este caso las acusaciones no han, de momento, aportado elementos que lo fulminen bajo los criterios de la cosa juzgada írrita», se aseguró. (Con información de NA e Infobae)
