El juez federal electoral de la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, procesó a los responsables económicos de la campaña de 2017 de Cambiemos en ese distrito por haber rendido aportes falsos de personas que dijeron que nunca los hicieron y que estaban en una situación de vulnerabilidad. En la investigación se pudo determinar que al menos casi dos millones de pesos de ese año (122 actualizados a hoy) fueron aportados de manera irregular sin que se conozca su verdadero origen.
Se trata de la campaña para las elecciones primarias y las generales del 2017 que llevó como candidatos a senador nacional a la dupla de Esteban Bullrich y Gladys González y como primera candidata a diputada nacional a Graciela Ocaña. Fue en la lista del entonces Cambiemos (después Junto por el Cambio) que apoyaba el presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. La lista competía y le ganó a la de Cristina Kirchner de Unidad Ciudadana. La resolución no alcanzó a los responsables políticos.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que Ramos Padilla procesó a Julián Vilche, Mauricio Redigonda, Carla Chabán y Alfredo Irigoin, quienes eran los responsables económico financieros de la lista y los que firmaron los recibos de los aportes. Los cuatro -que se negaron a declarar cuando fueron citados a indagatoria- fueron procesaron por los delitos de falsedad ideológica de documento público (que tiene una pena de uno a seis años de prisión) y por omisión dolosa de acreditación del origen de los fondos de campaña (con una pena de inhabilitación de seis meses a 10 años). Además sus bienes fueron embargados entre 30 y 50 millones de pesos.
La investigación judicial -que ya en 2022 había desaprobado la rendición de los gastos- arrojó en un muestreo de parte de los aportes -no se analizaron todos- que un 37 por ciento de ellos desconoció haberlos hecho: “la inclusión de al menos 316 aportes privados correspondientes a 161 personas –al menos– que desconocieron haber realizado tal aporte, y que a lo largo del desarrollo de la causa formularon denuncias por tal motivo, o fueron citadas a prestar declaración testimonial y se manifestaron en ese mismo sentido”. La resolución destaca que el 90 por ciento de los aportes a la campaña fue en efectivo, lo que desde 2019 se prohibió por ley.
Según el trabajo de los peritos, los aportes iban desde los 700 a los 22 mil pesos. “Muchos de estos casos correspondían a personas que eran beneficiarias de programas sociales, y que se encontraban en manifiesta situación de vulnerabilidad, por lo que no contaban con la capacidad económica para realizar el aporte que les fue atribuido por la agrupación Cambiemos Buenos Aires”, destacó Ramos Padilla. Eran personas jubiladas, con enfermedades, desempleadas o con trabajos esporádicos.
Los aportantes falsos fueron citados a declarar y negaron haber dado ese dinero. “Jamás aportaría plata a nadie porque estoy sola con mis tres hijas menores de edad y hay veces que apenas llego a fin de mes y no estoy para regalarle plata a nadie”, “quiero decir que yo jamás aportaría nada a nadie porque no tengo dinero. De hecho, trabajo todo el día y para poder hacerlo tengo que dejar a mis hijos”, fueron algunos de los testimonios de la causa. Una mujer contó que cobraba 4.800 pesos por mes del Programa Hogar y figura con un aporte de dos mil pesos.
El informe de los peritos destaca que de lo que se auditó se encontraron 1.962.325 pesos de aportes falsos. Ese monto actualizado a hoy por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC alcanza los 122.043.797 de pesos. “No debe olvidarse que para las elecciones mencionadas la agrupación “Cambiemos Buenos Aires” declaró haber recibido en dinero en efectivo por parte de distintos aportantes la cifra de $38.192.825, que actualizada por IPC arroja una suma total de aproximadamente $2.313.085.602″, destacó el magistrado.
Ramos Padilla señaló que por la “enorme cantidad de casos” no se trata “de un simple error material por parte de los responsables económico-financieros de la agrupación”. “La inserción de información falsa en los informes de rendición de cuentas y en los recibos de aportes se articulan en forma conjunta con el fin de la maniobra, que consistía en ocultar dolosamente el origen de los fondos utilizados por la agrupación “Cambiemos Buenos Aires” durante las campañas electorales del año 2017, que se llevaron adelante en este distrito”, señaló.
Pero además el juez destacó que “a la fecha se desconoce de dónde provino una gran parte del dinero que se utilizó para financiar” y por eso dispuso que la causa continúe con su investigación.
El juez dictó una segunda resolución. Los cuatro procesados habían planteado la falta de acción de la causa porque una reforma de 2019 a la ley de financiamiento de partidos políticos estableció que para avanzar en una causa penal vinculada a gastos de campaña primero debía terminar el proceso de control electoral. Y que ese control -desaprobado por Ramos Padilla y por la Cámara Nacional Electoral- estaba pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El magistrado rechazó el planteo. Señaló que aceptar ese criterio significaría darle a personas imputadas por delitos electorales “fueros especiales” o un “privilegio de inmunidad” para no ser investigados que no tienen otros ciudadanos o los integrantes de los tres poderes del estado que sí pueden ser investigados.
“Solo por dar un ejemplo, incluso si se advirtiera en forma manifiesta la posible comisión de un delito de acción pública contra una persona en un hecho vinculado al financiamiento ilegal de una campaña electoral, ningún magistrado podría ordenar un allanamiento o una requisa para resguardar la prueba que podría ser de utilidad para la investigación. Al contrario, deberían aguardarse varios años a que la causa de control de rendición de cuentas quedara firme”, señaló Ramos Padilla para rechazar el planteo. (Infobae)
