El registro del índice que compila la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) reveló que el Estado se queda con 64,30 pesos de cada $100 de la renta agrícola.
Se trata de una suba de 2,8 puntos respecto de la medición del mes de septiembre último.
Ahora, comparado con diciembre del año 2023 es 5,4 puntos más alto, lo que ratifica una fuerte presencia de los distintos estamentos nacionales en las actuales administraciones agropecuarias.
En tal sentido, si se desglosa lo que se paga por jurisdicción se trata de 94,7 % de impuestos nacionales; 4,7 %, provinciales y el resto municipales.
De esos nacionales, el 67,5 % no se coparticipan a las provincias (principalmente, son los derechos de exportación).
“A modo de ejercicio, si desaparecieran los DEX la participación del Estado sería del 36 %. Un escenario que no sólo sería positivo para el productor, sino que permitiría que se generen nuevos puestos de trabajo y mayores inversiones. Esto, a su vez, implicaría un mayor movimiento en diferentes regiones del país y un crecimiento en diversas áreas de la sociedad”, sostuvo Nicolle Pisani Claro, economista jefe de FADA.
Mientras que el promedio ponderado de cultivos a nivel nacional es de 64,3 %; la participación del Estado en soja es del 68,5 %; en maíz del 56,6 %; en trigo del 69,5 % y girasol del 59,1 %.
Dos de las principales razones en el incremento de esta ecuación se encuentran en la caída de precios y en el menor efecto del dólar exportador.
El índice FADA analiza los costos que entran en juego, por ejemplo, en una hectárea de maíz. Se consideran los costos de exportación (fobbing), comercialización, transporte, seguros, administración y producción.
En ese análisis resaltan dos puntos: el fobbing, que representa entre el 8 % y el 10 % de todos los costos involucrados y el que corresponde a los fletes.
“A medida que aumenta la distancia con los puertos, el costo se va elevando. Es así que vemos que, en el caso del maíz, el flete representa el 26 % de los costos en Buenos Aires; en Córdoba el 28 %; en San Luis el 27 %; en La Pampa el 25 % y en Entre Ríos el 21 %. En Santa Fe, como el grueso de la producción se encuentra relativamente cerca de los puertos, representa el 19 %”, comentó Natalia Ariño, también economista de FADA.
Asimismo, una forma de representar el peso de los fletes en el valor bruto de producción de cada provincia es pensarlo en camiones; esto es, en cuántos de cada 10 que se producen se van en fletes.
Así entonces, en Córdoba, San Luis y La Pampa 2 de cada 10 camiones de maíz se termina yendo en fletes: 20 %; 19 % y 18 % del valor de la producción por hectárea, respectivamente.
En Buenos Aires y Entre Ríos, 1,5 de cada 10 camiones de maíz se va en concepto de fletes (16 % y 15%, mientras que en Santa Fe sólo 1 de cada 10 corresponde al costo de transporte: 11 % del valor de producción de maíz.
De acuerdo con el informe de FADA, la caída de los precios, aún con mayores niveles de producción tras la recuperación de lo que fue la sequía, hacen reducir el valor bruto de la producción.
“En este contexto, con precios debilitados, sumado a la pérdida de efecto del dólar exportador, generan una presión mayor en la participación del Estado en la renta agrícola (con un menor valor de la producción)”, dijo Pisani Claro.
Frente a septiembre de 2024, la principal caída de precios se da en trigo con un 15,6 % en su precio disponible en dólares. En soja la caída es del 6,2 %, mientras que maíz mejoró un 3,2 %.
Comparando los últimos 12 meses (dic 23 – dic 24) los precios de los granos en dólares muestran una caída del 10 % en soja; 4,4 % en maíz y 9,3 % en trigo.
La coparticipación
El 64,3 % de participación del Estado en la renta agrícola está compuesto por impuestos nacionales, provinciales y municipales.
Los nacionales no coparticipables representan el 67,5 % del total que afronta una hectárea agrícola en la Argentina.
La composición central de estos impuestos son los derechos de exportación, a los que se les suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios.
Los DEX tienen efectos negativos sobre la inversión, la producción y, por ende, en la generación de empleo. Si los DEX se reducen, se propicia —según FADA— a invertir para producir más, generar mayor empleo privado, actividad económica y exportaciones.
Eliminar los DEX significa aprovechar el potencial de las cadenas agroindustriales, con beneficios sobre las economías locales y el fortalecimiento de la economía nacional.
Los impuestos nacionales coparticipables entre el Estado nacional y los Estados provinciales representan el 27,2 % de los impuestos medidos. En este sentido, se trata principalmente del impuesto a las ganancias y de los saldos técnicos de IVA.
Las provincias reciben parte del 27,2 % como coparticipación y, también recaudan diversos impuestos.
En el Indice FADA se consideran el inmobiliario rural, el impuesto a los sellos y a los ingresos brutos, con una alícuota reducida, ya que ni Córdoba ni Santa Fe —por ejemplo— cobran este último impuesto. Así, los impuestos provinciales explican el 4,7 % de los impuestos totales.
Por último, los impuestos municipales representan el 0,6 % de los impuestos en el Indice FADA promedio nacional. Aquí, el componente central son las tasas viales o las guías cerealeras (de acuerdo a cada provincia).
La situación en las provincias
Mientras el Índice FADA nacional es de 64,3 %, Córdoba registra el 64,1 %; Buenos Aires, 61,4 %; Santa Fe, 60,5 %; La Pampa, 62,3 %; Entre Ríos, 65 % y San Luis, 59,1 %.
Desde FADA se aclara que el hecho de que índice sea de mayor valor (porcentual) en una provincia que en otra, no implica necesariamente que sea la que más impuestos abona, en pesos, si no que se debe a la conjunción de los impuestos sobre una renta que puede ser menor. Y esto lleva una participación porcentual mayor debido, principalmente, a los diferentes rendimientos agrícolas y costos en cada provincia.
Es así que, en estos resultados, se conjugan los rindes, los impuestos provinciales y locales, y los fletes, que generan efectos diferenciados sobre cada uno de los cultivos. Algo semejante con la participación de cada uno en el área sembrada de cada provincia.
En los casos de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa se consideran los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol, utilizando sus participaciones en la superficie sembrada, para luego calcular los números de una hectárea promedio de cada provincia.
Para el caso de San Luis sólo se consideran soja y maíz, ya que explican el 95 % del área. Y en Entre Ríos se consideran soja, maíz y trigo.
Para cada caso se utilizaron los rindes promedio de las últimas 5 campañas, así como los costos de producción de labores e insumos necesarios para esos rindes promedio en cada región.
En cuanto a los fletes se estimaron: para Buenos Aires, 250 kilómetros; Córdoba, 340 kms.; Santa Fe, 120 kms.; San Luis, 580 kms.; La Pampa, 340 kms. y Entre Ríos, 260 kms.
Los impuestos nacionales van en línea con el valor de la producción y con la rentabilidad en cada provincia, por lo que son más altos en términos absolutos en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires; y más bajos en San Luis, La Pampa y Entre Ríos.
Según el análisis de FADA, los impuestos provinciales presentan divergencias.
En el caso de Buenos Aires significan 24.040 pesos por hectárea, con la mayor parte en concepto de inmobiliario rural y el resto como ingresos brutos e impuesto a los sellos. La alícuota de ingresos brutos es del 1 %.
Este monto por hectárea es un promedio provincial, ya que en la zona núcleo el Inmobiliario Rural casi triplica el promedio provincial y esto sucede en todas las provincias, con grandes diferencias regionales en el valor de los IR’s.
Por su lado, los partidos cobran sus propias tasas. La mayoría son viales con un 70 % de lo recaudado destinado a los caminos rurales y el otro 30 % a otros destinos. Estas tasas significan, en promedio, $ 2.668 por hectárea, con las más diversas formas de cálculo y los más diversos valores.
En el caso de Córdoba sólo se paga impuesto Inmobiliario Rural e impuesto a los sellos; la producción primaria está exenta de Ingresos Brutos y no existen tasas municipales. Son $ 14.744 de impuestos provinciales.
En el caso de Santa Fe, al igual que Córdoba, no se pagan Ingresos Brutos, pero si existen las tasas municipales, como en el caso de Buenos Aires. De impuestos provinciales una hectárea paga $ 11.474. En cuanto a las tasas municipales, se estimaron en un promedio de $ 4.309 por hectárea.
El aumento del gasoil
En la mayoría de los casos están expresadas en litros de gasoil, por lo cual a inicios del año y dado el incremento en el precio del gasoil las tasas se incrementan considerablemente.
San Luis tiene un impuesto inmobiliario rural sustancialmente más bajo que las otras provincias; sin embargo, tiene una especie de derecho de exportación interno, ya que cobra una tasa que incluye guías de campaña y certificados de venta. Los certificados se pagan tanto para la venta dentro de la provincia como para la producción que se dirige hacia afuera.
Por otro lado, se paga guía para la producción que se transporta a otra provincia. Estas tasas se suman a un pago a cuenta de ingresos brutos y se concentran en el llamado Do.Pro. (Documento provincial).
Al igual que San Luis, La Pampa también tiene una especie derecho de exportación interno: se llaman guías cerealeras y se cobran por camión. Son distintas para cada departamento y tienen distintos valores si los granos se dirigen a un lugar por dentro y fuera del distrito, así como hacia otra provincia. El promedio por hectárea de estas guías es de 3.993 pesos. Por su parte, entre impuesto inmobiliario e ingresos brutos paga $ 15.688 por hectárea.
En el caso de Entre Ríos se paga Inmobiliario Rural, impuesto a los sellos e ingresos brutos con una alícuota del 0,75 %. El conjunto de los tres significa $ 14.040 por hectárea (para el promedio provincial). Aquí no existen tasas viales municipales.
¿Cómo se calcula el Indice FADA?
La renta es lo que vale la producción menos los costos; en otras palabras, el resultado que se obtiene al restarle los costos de producción, comercialización y transporte al valor de la producción a precios internacionales.
Así, por ejemplo, si suben los costos, la renta baja y el indicador aumenta. Y, si bajan los precios, cae el valor de la producción, se reduce la renta y, nuevamente, aumenta el Indice FADA.
La producción y costos de la hectárea se calculan utilizando los rindes, costos y distancias al puerto promedio a nivel nacional para los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol y ponderándolos por la participación de estos cultivos en el área sembrada nacional.
Así se obtiene la renta, la que se distribuye en el resultado de la producción después de impuestos, la renta de la tierra y la participación del Estado.
La participación del Estado considera impuestos nacionales, provinciales y municipales.
(La Nueva)
