El Gobierno de Javier Milei dio en la última semana varios pasos en la búsqueda de la desregulación y el corrimiento del Estado en el sector energético, aunque aún restan medidas por implementar. La hoja de ruta incluye la aceleración de los aumentos de tarifas de electricidad y de gas natural, junto con el recorte de subsidios a los hogares de ingresos medios y bajos.
La prioridad del ministro de Economía, Luis Caputo, junto con el secretario coordinador de Minería y Energía, Daniel González, es reducir las subvenciones para garantizar el equilibrio fiscal y completar el proceso de “sinceramiento” de los precios relativos. Sin embargo, esa agenda está condicionada a evitar un impacto que frene la desaceleración de la inflación en un año electoral.
La secretaria de Energía, María Tettamanti, habilitó que las empresas celebren libremente contratos de compra y venta de energía, en un esquema similar al de los 90′, aunque con diferencias en la gestión libertaria. Esto plantea dudas sobre el futuro de los subsidios en las tarifas.
La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa)es responsable de comprar combustibles para las generadoras térmicas y actúa como intermediaria de los contratos de abastecimiento para grandes usuarios y distribuidoras que proveen a los hogares. El 80% de sus acciones pertenece a las Asociaciones que agrupan a las compañías del sector, mientras que el 20% restante está en manos de la Secretaría de Energía.
Cammesa adquirió un rol central en las últimas dos décadas en el sistema por los esquemas de retrasos tarifarios y subsidios en los gobiernos kirchneristas. Compra energía a las generadoras y se la vende a las distribuidoras, que cobran las tarifas a los usuarios. Dado que algunos hogares no pagan el costo pleno de la energía consumida, el Tesoro compensa la diferencia mediante transferencias a la empresa estatal.
El Gobierno busca redirigir los subsidios directamente a los usuarios a través de sus facturas. Aunque aún es un objetivo, permitiría facilitar la contratación libre entre compradores y vendedores de energía, siempre que los precios reales sean trasladados a la demanda.
En paralelo, Energía anunció que, desde febrero, reducirá los subsidios en las tarifas de luz y gas para 9,5 millones de hogares de ingresos medios y bajos. Esos usuarios recibirán una menor bonificación en el costo de la energía, y las boletas subirán en promedio 1,5% en electricidad y 1,6% en gas.
El esquema de subsidios vigente distingue tres niveles de ingresos:
- Nivel 1 (altos): pagan el costo pleno.
- Nivel 2 (bajos): desde ahora recibirán un descuento del 65 por ciento.
- Nivel 3 (medios): el subsidio será del 50 por ciento.
Hasta ahora, las bonificaciones eran del 71,2% en electricidad y 64% en gas para el N2, y del 55,94% en electricidad y 55% en gas para el N3.
Según el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), hasta diciembre había 9,5 millones de usuarios subsidiados en electricidad: 6,3 millones en N2 y 3,2 millones en N3, sobre un total de 16,2 millones. En gas, 5,3 millones de los 9,5 millones de hogares recibían subvención.
Los N2 tienen bonificado su consumo hasta 350 kWh por mes, y los N3, hasta 250 kWh mensuales, con pago pleno sobre el excedente. Energía evalúa reducir esos topes en los próximos meses, según pudo saber Infobae.
María Tettamanti también trabaja en un nuevo esquema de subsidios desde mediados de 2025. La premisa es simplificar el sistema a dos categorías: quienes reciben subvención y quienes no, similar a la Tarifa Social aplicada en la gestión de Mauricio Macri. El Presupuesto 2025 preveía un recorte en subsidios de más de USD 3.000 millones, en línea con el ajuste de este año. El FMI pidió, entre otras cosas, mejorar la progresividad de la reducción de las subvenciones.
El Gobierno busca sostener la desaceleración de la inflación en 2025, en el marco de las elecciones legislativas. Por eso, durante el verano, las tarifas de electricidad y gas natural subirán por debajo del 2% mensual. En enero, las subas fueron del 1,6% en luz y 1,8% en gas; en febrero serán del 1,5% y 1,6%, respectivamente. También entrará en vigencia la reducción del ajuste mensual del dólar oficial, que pasará del 2% al 1 por ciento.
Energía revisará en febrero los cuadros tarifarios con distribuidoras y transportistas, lo que definirá nuevas tarifas y las inversiones exigidas a las empresas en los próximos cinco años. Desde abril, las facturas aumentarán menos del 10% y podrían dividirse en cuotas mensuales, según fuentes oficiales.
El Gobierno propone un sistema de actualización mensual automático para que las tarifas se mantengan constantes en términos reales, reemplazando los aumentos discrecionales aplicados desde 2024, tras años de congelamiento.
(Infobae)
