Una foto con el pozo del primer poste del flamante cerco antinarcotráfico. Esa postal quiere concretar Patricia Bullrich el lunes próximo, cuando tiene previsto dejar inaugurada la obra del polémico alambrado de apenas 200 metros que el Gobierno quiere levantar en la frontera de Salta con Bolivia. La intención de la ministra de Seguridad es viajar a la localidad de Aguas Blancas el mismo día en que se firma el convenio por 36 millones de pesos que demanda el cerco.
El proyecto del alamabrado es compartido entre la Nación y la provincia que gobierna Gustavo Sáenz, un peronista-massista reconvertido en aliado de Javier Milei. La ministra y el gobernador ya se mostraron juntos en Aguas Blancas a fines del año pasado para lanzar el Plan Güemes, una versión norteña del Plan Bandera que se activó en Rosario para combatir la guerra narco.
Ahora Bullrich quiere su foto con el alambrado, o al menos con el inicio de su construcción. La agenda oficial prevé que el lunes el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, firme el contrato con el responsable de la construcción del cerco. Según la licitanción que se cerró este 4 de febrero, el polémico alambrado tiene un costo total de $36.121.505,97. La licitación la ganó el único oferente que hubo: Pablo Esteban Sánchez Osadcia, un contratista salteño de 55 años.
El alambrado solo cubre la distancia que hay entre la Terminal de Ómnibus de Aguas Blancas a las oficinas de la Dirección Nacional de Migraciones. El tiempo estimado para que se levante el cerco es de unos 60 días, por lo que estaría listo recién en abril.
Pero este lunes Bullrich quiere capitalizar la flamante obra pública antinarcotráfico. En realidad la ministra tiene en agenda otra actividad oficial prevista en la localidad, que serviría como “puesta en escena” para la foto junto con el pozo y el primer poste del alambrado. A las 11 está previsto una visita al predio de Migraciones de Puerto Chalanas, ahí sobre el río Bermejo que separa a la Argentina con Bolivia, para inaugurar una oficina modular para asistir a víctimas de trata. Ahí habrá corte de cinta y presentación del “Protocolo de actuación para el uso del espacio seguro para el resguardo de víctimas de trata”.
En ese marco se prepara la foto por el cerco, ya que el interventor Zigarán y el contratista Sánchez Osadcia firmarán ese día el contrato de adjudicación de la obra. “Si la ministra y el gobernador pueden estar para la firma del contrato le darían un marco mejor”, dijo una fuente directamente involucrada en la construcción del alambrado.
Más allá de la polémica del cerco, que abarca apenas 200 metros, cuando Salta comparte con el vecino país unos 400 kilómetros (la Argentina tiene con Bolivia 742 km de frontera), en los últimos días hubo otros detalles curiosos. El interventor Zigarán admitió que aparecieron supuestos “dueños” del terreno en Aguas Blancas donde se levantará el alambrado.
“Aparecieron dos dueños, ¡el norte es así!”, consideró Zigarán sobre la noticia, aunque negó que se cancele la construcción. “Nosotros arrancaremos la semana que viene, salvo que aparezca una medida de no avanzar pero nosotros lo vamos a hacer”, concluyó a medios locales.
Según el relato oficial, los traficantes ilegales –que no serían solo de narco, sino también de productos comunes– llegan a la terminal del pueblo, saltan un pequeño muro –que ya existe y es sistemáticamente vulnerado– y salen a la playa de Puerto Chalanas para cruzar a Bolivia. Literal pasan detrás de las casas de los pobladores, que ahora tendrán como horizonte de sus patios un alambrado.
(ElDiarioAr)
