El primer año de gobierno de Javier Milei dejó un vendaval de cambios y consecuencias, pero en un área clave la aguja no se movió: en el índice de percepción de la corrupción que desde hace décadas elabora Transparencia Internacional, la Argentina logró en 2024 el mismo puntaje que el año anterior, 37 puntos sobre 100. Eso dejó al país en el puesto 99 de los 180 medidos por TI; un discreto lugar en la mitad de la tabla.
Argentina se ubica en el puesto 18 de 32 países en Latinoamérica. Los países con mejores puntajes de la región son, Uruguay con 76 puntos (puesto 13 en el ranking global) y Canadá con 75 puntos (puesto 15 en el ránking global) Los países peor percibidos de Latinoamérica en el CPI son: Venezuela con 10 puntos (178 en el ranking) y Nicaragua 14 puntos (172 en el ranking).
En esa check list, por ejemplo, Argentina podría mostrar un importante avance en la eliminación de trámites y «peajes» burocráticos de la mano de Federico Sturzzeneger, pero también un retroceso en el acceso a la información pública. También podría inclinar la balanza la efectiva aprobación y sanción de la postergada ley de Ficha Limpia.
Esta agenda tiene a la Argentina entre sus protagonistas. Transparencia Internacional alienta una transición energética «equitativa, sostenible, asequible e inclusiva», que no podrá alcanzarse si “existen prácticas de corrupción que atentan contra dichos objetivos, violaciones a los derechos humanos o afectación de las comunidades y el ambiente en donde se desarrollan las actividades; si las operaciones de las empresas y las negociaciones entre el sector público y el sector privado se dan en entornos de poca transparencia y no se rinde cuentas del impacto generado”.
(Clarin)
