En las últimas horas, el Gobierno nacional de Javier Milei, a través del Ministerio de Salud liderado por Mario Lugones, envió una convocatoria a 300 mil beneficiarios de pensiones por invalidez para realizarles una evaluación médica y determinar si podrán recibir la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral (PNCIL) el resto del año.
Es preciso mencionar que, la convocatoria a los 300 mil beneficiarios de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Tucumán, Mendoza, San Luis y Santa Fe se da en el marco de una auditoría que inició el Gobierno, y que tiene como objetivo evaluar a las más de un millón de personas que reciben pensiones por invalidez laboral en la Argentina, para corroborar que cumplan con los requisitos legales del subsidio.
Según las proyecciones realizadas por el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la revisión médica que llevarán adelante con todas las personas que reciben pensiones por invalidez le permitirá al Estado nacional un ahorro estimado del orden de los 900.000 millones de pesos sólo en 2025.
En esta primera fase, los beneficiarios recibirán notificaciones para presentarse a una evaluación médica con un profesional de PAMI, donde deberán llevar la documentación requerida y someterse a los controles necesarios. Luego, los especialistas de ANDIS analizarán los antecedentes y emitirán los dictámenes que definirán la continuidad de la pensión por invalidez.
Cabe señalar que, la asistencia a los chequeos médicos convocados por el Ministerio de Salud es obligatoria, y la incomparecencia puede resultar en la suspensión de la pensión. Por eso, quienes no puedan asistir deberán justificar su ausencia con 24 horas de anticipación, enviando un correo a inasistenciapnc@andis.gob.ar o a través del chatbot TINA de WhatsApp (+54 11 3910-1010), con la documentación respaldatoria y copia del DNI.
En tanto, el proceso de auditoría en las pensiones por invalidez laboral comenzó en 2024, luego de que el Ministerio de Salud detectara “irregularidades en la asignación de beneficios”. Según datos oficiales, de 22.417 pensiones revisadas el año pasado, solo el 20% cumplía con los requisitos legales.
Asimismo, las autoridades del Gobierno aseguran que durante la revisión de las pensiones por invalidez se identificó un total de 150 personas fallecidas y 212 presos que seguían percibiendo el beneficio que otorga el Estado nacional, y en octubre se capturó a 14 prófugos de la justicia que cobraban el dinero correspondiente a la nulidad laboral.
Para la implementación de este plan, el Gobierno firmó acuerdos específicos con ANDIS y PAMI para la contratación de servicios postales, evaluaciones clínicas y procedimientos administrativos que se llevarán a cabo a lo largo y ancho de todo el país, con la idea de dar de baja las pensiones por invalidez no correspondientes.
En este sentido, el Gobierno de Milei informó que el proceso se desarrollará de manera escalonada y progresiva, con especial atención en las pensiones otorgadas durante el gobierno de Alberto Fernández, y se prevé que la auditoría de la totalidad de pensiones activas concluya en la primera mitad de 2025.
Es preciso recordar que, la revisión médica a todas las personas que reciben pensiones por invalidez laboral se da en el marco del sinfín de recortes en el Estado que comenzó la administración de Milei el pasado 10 de diciembre de 2023, y que tiene como principal objetivo lograr el superávit fiscal.
Pensiones por invalidez: la justificación
Antes de poner en marcha esta auditoría masiva con evaluación médica, el Gobierno realizó una primera investigación sumaria desde el 2 hasta el 20 de enero. Según los datos compartidos por el Ministerio de Salud, se citaron un total de 1108 personas para ser auditadas, y 357 no se presentaron a la convocatoria, lo que representa un 31,6% de los citados.
Entre los 759 beneficiarios que sí acudieron al llamado, se detectó que 126 personas, es decir, el 16,6% de los asistentes, no cumplían con los requisitos necesarios para recibir la pensión por invalidez.
“Este hallazgo subraya la importancia de los controles periódicos para asegurar que los fondos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan. Además, 16 casos, equivalentes al 2,1% de los presentes, quedaron pendientes de una verificación médica adicional, lo que indica que el proceso de auditoría aún no ha concluido para algunos beneficiarios”, señalaron desde el Gobierno.
(Diputados BsAs)
