Un grupo de diputados del PRO y La Libertad Avanza (LLA) presentaron un proyecto para que todos los funcionarios del Estado se realicen exámenes toxicológicos para determinar si consumen drogas. El fin de la medida es garantizar la «integridad, idoneidad y transparencia» en la función pública y avanzar en la lucha contra el narcotráfico, según explicó el autor de la iniciativa, el diputado nacional del PRO, Gabriel Chumpitaz.
«La lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento del sistema de prevención de adicciones deben comenzar con el ejemplo de quienes escriben las leyes, quienes las aplican y quienes las hacen cumplir«, señaló el legislador santafesino en la normativa, que también fue firmada por otros de sus compañeros de bancada, Verónica Razzini, Patricia Vázquez, Sergio Capozzi, Emanuel Bianchetti y José Núñez, y apoyada; y apoyada por integrantes del bloque libertario, como Lorena Villaverde y Carlos Zapata.
En el proyecto, se manifiesta que «no es solo un mecanismo de control, sino una declaración de principios que exige un cambio radical en todos los ámbitos del poder», mientras que añade que «es hora de acabar con la doble moral que ha permitido que funcionarios de alto nivel en los tres poderes se entreguen al consumo de drogas, minando la confianza pública y la eficacia de nuestras instituciones».
En caso de ser aprobada, la medida alcanzará a los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, del Poder Legislativo Nacional, del Poder Judicial de la Nación, además de los directivos de organismos autárquicos, descentralizados y empresas del Estado.
Chumpitaz señaló que los estudios deberán realizarse al asumir el cargo y anualmente a cada funcionario. También se harán «de forma “aleatoria cada tres meses sobre una muestra representativa» de integrantes de la función pública, para «detectar la presencia de cocaína y derivados, marihuana y derivados, opiáceos, anfetaminas y metanfetaminas, y alucinógenos y drogas sintéticas«.
“Los análisis serán realizados por laboratorios certificados, bajo estrictos protocolos de seguridad y confidencialidad. El resultado será remitido a la Autoridad de Aplicación, quien garantizará su resguardo y solo podrá divulgarlo en caso de resultado positivo”, establece en su artículo 5 el proyecto presentado por el diputado por Santa Fe, que compartió a través de la red social X.
En esa línea, se aclara que solo se permitirán algunos medicamentos que puedan llegar a tener derivados de algunas de las drogas mencionadas, pero tendrán que estar prescriptas por un profesional de la salud.
¿Qué pasaría si un funcionario consumió drogas?
En caso de que el texto original redactado por Chumpitaz se apruebe, el funcionario que tenga un resultado positivo en el test puede “solicitar una contraprueba en un plazo de 48 horas”. Si la contraprueba confirma el resultado, “será suspendido preventivamente sin goce de haberes hasta la resolución definitiva de su situación”.
En caso de que esta persona forme parte del Poder Ejecutivo, una junta médica oficial y la Oficina Anticorrupción (OA) emitirán un informe al Presidente de la Nación, que tomará la decisión sobre su futuro en el Gabinete. Si se tratara de un miembro del Poder Judicial, intervendrá el Consejo de la Magistratura, que dará inicio a un proceso para sancionarlo o removerlo.
Por el lado de los representantes del Poder Legislativo y las autoridades del Congreso, se convocará a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la respectiva Cámara, la cual podrá aconsejar si se debe avanzar en su destitución y, «en caso de ser aprobada por mayoría simple, se iniciará el procedimiento de juicio político o remoción, según corresponda”.
En lo que respecta al financiamiento de la medida, el proyecto prevé que cada funcionario tiene la responsabilidad de pagar de su bolsillo el examen toxicológico que se realice. Además, si éste se niega a realizárselo será considerado igual que si el resultado fuera positivo, al igual que sucede con los controles de alcoholemia que se llevan a cabo a conductores en la vía pública.
Asimismo, el texto plantea: “Si el funcionario da positivo en más de una ocasión, se aplicará automáticamente el procedimiento de remoción conforme a las normativas vigentes de cada poder del Estado”.
Por otro lado, el legislador macrista comentó que en su provincia natal, «donde en los últimos veinte años el narcotráfico ha avanzado de manera alarmante», se han vuelto más urgente los controles sobre quienes ejercen la función pública en cualquiera de sus niveles. «La violencia ligada al narcotráfico en ciudades como Rosario hacen imprescindible la implementación de mecanismos de control como el presente proyecto», expresó el referente del PRO.
«No se trata únicamente de una medida preventiva, sino de un compromiso ineludible con la transparencia y la seguridad de la ciudadanía. En una provincia que ha sido testigo del impacto devastador del narcotráfico, exigir a los funcionarios públicos un estándar de conducta intachable es una necesidad imperiosa», cerró acerca de una idea que ya ha sido implementada en San Luis desde el año pasado, donde se vienen realizando pruebas piloto desde noviembre pasado, impulsado por el Ministerio de Seguridad provincial.
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