Lo cierto es que la empresa enfrenta quizás su peor crisis desde que entró en default en diciembre de 2019. Según fuentes del sector, la semana pasada estuvo a punto de quedarse sin energía por una deuda impaga, pero un aporte de Bunge y Viterra evitó el corte del suministro en el último momento y permitió que la producción continuara.
Además, los contratos de producción con ACA, Bunge y Viterra, que garantizaban el envío de granos para su procesamiento, finalizaron y no fueron renovados. La decisión de estas compañías responde al fallo de la Corte Suprema de Santa Fe, que declaró inconstitucional la propuesta de pago concursal de Vicentin, frustrando así la venta parcial de la empresa y dejando su futuro en el aire.
El mayor problema de la compañía es la falta de materia prima para procesar. Por ello, busca cerrar nuevos acuerdos que le permitan seguir operando. Sin embargo, también necesita recibir adelantos de fondos para afrontar los salarios adeudados y los próximos pagos. En este contexto, ACA y Bunge no quieren seguir invirtiendo si se diluye la posibilidad de quedarse con la empresa.
Ante este escenario, Vicentin busca revertir el fallo de la Corte y evitar la liquidación. La empresa sostiene que el acuerdo había sido aprobado por la mayoría de sus acreedores y que su anulación agudiza la inestabilidad. No obstante, la Corte deberá decidir si mantiene su postura o si acepta algún recurso extraordinario presentado por la agroexportadora.
Pero eso no es todo. El año pasado, el grupo inversor nacional CIMA anunció la adquisición de la deuda de la empresa con varios bancos internacionales, lo que lo transforma en el principal acreedor y un actor clave en el proceso judicial que lleva varios años. La operación, notificada formalmente en los tribunales el 17 de diciembre, implicó la compra de acreencias por poco más de u$s447 millones. Entre las entidades financieras involucradas se encuentran el IFC (u$s205,7 millones), el FMO (u$s122,3 millones), ING (u$s46,5 millones), Rabobank (u$s22,7 millones ), MUFG (u$s12,4 millones), SMBC (u$s12,3 millones) y Natixis (u$s9,9 millones). Fuentes del mercado estiman que CIMA pagó aproximadamente u$s70 millones por estas acreencias, lo que representa 11 centavos por cada dólar de deuda.
Tras la transacción, CIMA manifestó su intención de destrabar el proceso judicial y trabajar en una solución que permita reactivar la compañía. «Nuestro compromiso está enfocado en garantizar la continuidad de la empresa, preservar las fuentes laborales y aportar al desarrollo del sector«, expresaron desde el grupo inversor.
Un dato clave es que CIMA se asoció con la corredora Grassi, que lidera el grupo de acreedores disconformes con el plan de pagos de Vicentin. Este grupo respalda la opción del «cramdown», un mecanismo legal que permitiría a terceros presentar una oferta alternativa para quedarse con la empresa.
Según fuentes del sector, hay varios interesados en tomar el control de Vicentin, pero mientras se resuelve la cuestión judicial, la empresa lucha por seguir operando.
(Ambito)
