El Ministerio de Seguridad Nacional, por instrucción de Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal por los delitos de Sedición, Atentado al Orden Constitucional y la Vida Democrática y Asociación Ilícita Agravada.
La presentación fue radicada ante la Justicia Federal y señala como posibles responsables de los hechos al ex líder montonero Mario Firmenich, al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y a grupos organizados que habrían promovido los disturbios con fines desestabilizadores en la marcha de los jubilados.
Además, el Ministerio cuestionó la decisión de la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de casi todos los detenidos sin haber analizado la prueba ni los antecedentes penales.
En la denuncia el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, señala:
- El miércoles 12 de marzo de 2025, se realizó una marcha organizada por diversas agrupaciones que convocaron por redes sociales a manifestarse en un reclamo de personas jubiladas, con consignas que avizoraban el ejercicio de conductas violentas por grupos organizados de “barras bravas” de diferentes parcialidades deportivas como Chacarita, Boca, River, Independiente, Racing, Estudiantes, Gimnasia y Esgrima La Plata, Argentinos Juniors, Tigre, Lanús, Ferro Carril Oeste, All Boys, Atlanta, Temperley, Almirante Brown, Excursionistas, Deportivo Morón, Quilmes, Nueva Chicago, Los Andes, entre otros clubes. Las consignas de la convocatoria fueron “Estamos con los jubilados”, “Iremos a la marcha”, o “Si tocan a los viejos, qué quilombo se va a armar”. Incluso algunas de las convocatorias fueron “firmadas” por ciertos sectores de las parcialidades, como los casos del “Movimiento Peronista Riverplatense” o los “Hinchas de Gimnasia Autoconvocados”
- Los medios periodísticos informaron la existencia de grupos organizados, “profesionales de la violencia”, pagados con la suma de $50.000 para “provocar disturbios” enfrentando a la policía y generar “represión”. Esos grupos no solo provendrían de las parcialidades del fútbol (“barrabravas”), sino también del gremialismo y de la política. Efectivamente, los grupos movilizados, que nada tenían que ver con una convocatoria de personas mayores de edad jubiladas, inmediatamente que llegaron a la zona del Congreso Nacional, comenzaron a agredir a las Fuerzas de Seguridad con empujones, golpes, piedras, armas blancas y armas de fuego. Incendiaron objetos de la vía pública, un ciclomotor y un patrullero.
- Según lo que hemos podido determinar hasta el momento, el principal organizador de la violenta movilización del día miércoles pasado habría sido Leandro Capriotti, quien sería un “amigo y protegido” del histórico dirigente sindical Luis Barrionuevo. Los principales grupos de barras bravas partieron desde las Municipalidades de La Matanza y Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. A la brevedad aportaremos imágenes que ilustran lo expresado. Esos grupos actuaron clara y evidentemente en forma organizada, movilizando un gran número de personas que ejercieron actos de violencia de extrema gravedad. La violencia ejercida fue premeditada y organizada, puesto que los agresores ya arribaron a la movilización munidos de instrumentos 7 contundentes (palos, fierros), armas blancas (facas, cuchillos) armas de fuego, clavos de tipo “miguelito” para pinchar las gomas de las ruedas de los ciclomotores y los patrulleros de las Fuerzas de Seguridad y elementos para iniciar incendios, entre otros objetos inequívocamente destinados a agredir, causando daños y lesiones.
- Además, implicaría la posible participación de los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza y de Lomas de Zamora, Federico Otermín, debido a que -como dijimos- en sus municipios se concentraron una parte de los manifestantes que concurrieron a la Plaza de los Dos Congresos.
En la denuncia, el Ministerio de Seguridad asegura: “La violencia ejercida enmascarada en una ‘protesta social’ tuvo, en realidad, el claro objetivo de desestabilizar al Gobierno del presidente Javier Milei. De hecho, las organizaciones que ejercieron violencia ya anticiparon que volverán a ejercerla todos los miércoles”.
El Gobierno busca que la Justicia federal investigue el accionar de los manifestantes y apartar al Juzgado Penal Contravencional y de Faltas 15 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de la jueza Karina Andrade, quien liberó a 114 detenidos después de una presentación de la Defensoría Pública.
La magistrada argumentó que las detenciones “afectan derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la protesta, la manifestación en democracia y la libertad de expresión”.
La primera conclusión del Gobierno durante los incidentes fue que barras de segundas y terceras líneas de Nueva Chicago, Rosario Central, Newell’s, Chacarita e Independiente fueron los peso pesados en el grave enfrentamiento con la Policía. Hubo 124 detenidos y más de 40 heridos. El fotógrafo Pablo Grillo sigue internado, grave, herido por un cartucho de gas lacrimógeno.
(NA / TN)
