El Ministerio de Seguridad que comanda Patricia Bullrich denunció este lunes a la jueza de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°15 de la Ciudad de Buenos Aires, Karina Andrade, por «prevaricato, incumplimiento de deberes y encubrimiento» luego de que esta ordenara la liberación de 114 detenidos durante la marcha de los jubilados del miércoles pasado que derivó en graves incidentes.
«Los violentos de siempre, los barras bravas y los militantes kirchneristas y de izquierda atacaron con palos, cuchillos y fuego, dejando policías heridos y patrulleros incendiados. Pero la jueza Andrade los dejó libres sin siquiera revisar sus antecedentes», acusó Patricia Bullrich a través de un posteo en X.
La ministra enfatizó que la decisión de la magistrada «no fue un error, fue complicidad» y remarcó que «violó la Ley de Reiterancia, intervino donde no debía y hasta liberó a todos ¡por WhatsApp!». «Liberó a delincuentes con causas por robo, drogas y agresiones. Nosotros no vamos a permitir que la justicia sea un chiste y pro delincuentes. La denunciamos por prevaricato, incumplimiento de deberes y encubrimiento. Con la ley en mano y sin miedo, ni un paso atrás», sentenció la funcionaria.
La denuncia argumenta que Andrade «omitió la aplicación de las normas procesales y ‘se inventó’ un procedimiento propio, por el cual se arrogó la facultad de entrometerse en la facultades del Fiscal, sin conocer el caso y sin tener habilitada la jurisdicción por una controversia entre las partes, otorgando la libertad de los detenidos en flagrancia».
En ese sentido, el Ministerio de Seguridad, representado por el director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio, Fernando Oscar Soto, acusó a la jueza porteña de ordenar la liberación de los detenidos «sin haber siquiera accedido a las actuaciones, sin haber controlado la prueba y sin haber verificado la existencia de antecedentes penales de los detenidos», los cuales según explica la denuncia «contaban con frondosos antecedentes por lesiones, atentado a la autoridad, amenazas agravadas, tenencia de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y robos agravados, entre otros delitos».
«Como puede advertirse, la decisión de liberar a los detenidos fue un mero acto de voluntad de la juez, basado en pura ideología», enfatiza la presentación judicial, que luego sostiene que los hechos «no pueden a priori enmarcarse en un regular y legítimo derecho a manifestar» porque «tirar piedras, quemar patrulleros, incendiar recipientes de basura y destruir bienes públicos no son formas legitimas de “reclamar” y, por el contrario, son constitutivas de delito».
En ese sentido, para la cartera que dirige Patricia Bullrich el accionar de Andrade «fue tendiente a convalidar los hechos de suma gravedad que dieron lugar a la detención de las personas que liberó». A su vez, la denuncia incluyó una acusación por Encubrimiento con el argumento de que «su actuación fue tan burda, que no puede descartarse que su voluntad haya estado dirigida a colaborar para que los imputados evadan la acción de la justicia».
«Si bien no conocía las actuaciones, sí conocía el caos de violencia que estaba sucediendo, ya que las imágenes de los delitos estaban en los medios periodísticos, en internet y en todos los canales de televisión», manifiesta la denuncia. Para concluir, el Gobierno ratificó que los hechos ocurridos en la Plaza de los Dos Congresos no pueden ser considerados «una mera manifestación amparada por el derecho constitucional», sino «una clara actividad delictiva programada y coordinada con la finalidad de poner en riesgo el orden constitucional para desestabilizar a un gobierno democrático».
En ese marco fue que el Ministerio de Seguridad había denunciado el viernes pasado a los hinchas de los clubes de fútbol que habian acompañado la marcha de los jubilados por los delitos de sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática y asociacion Ilícita agravada.
La denuncia contra la jueza Karina Andrade
Los argumentos de la jueza Andrade
Ante los duros cuestionamientos del Gobierno, que incluso adelantó que iba a elevar una denuncia contra la juez en el Consejo de la Magistratura, Karina Andrade defendió su decisión y remarcó que «su argumento fue estrictamente jurídico, apegado a la Constitución nacional».
Entre las explicaciones que dio la magistrada, reiteró lo escrito en su resolución del pasado miércoles por la noche donde apuntaba que no había recibido la información correspondiente sobre las razones por las que esas personas habían sido detenidas durante los incidentes ocurridos en las afueras del Congreso y la Plaza de Mayo.
«Yo tuve que advertir cuáles eran las personas que necesitaban una respuesta rápida, cuáles eran los derechos que se debían preservar y toda orden de libertad por supuesto queda supeditada a que no haya ningún impedimento legal», explicó Andrade en diálogo con Urbana Play, y agregó: «No tenemos que olvidar que cualquier persona que tenga un pedido de captura no se ejecuta esa libertad. Pasó con una persona que tenía un pedido de captura desde Tucumán».
En ese marco, la magistrada contó que en la noche del miércoles recibió el ingreso de «80 personas juntas» sin que le otorgaran ningún detalle sobre las detenciones. «Toda la información era ‘misma situación, mismo lugar’. Todos los delitos eran desobediencia o ataque a la autoridad. No recibí ningún acta», sostuvo.
«Yo tenía que controlar los requisitos de la detención en un contexto que era de ponderación de derechos. Nuestra constitución garantiza el derecho a la protesta. Debe estar garantizado que nadie cometa delitos en ese contexto, quien lo hace obviamente es detenida», remarcó Andrade, y concluyó: «Estas detenciones no estaban siendo informadas en un control básico. Esto lo dejé en claro y la fiscalía lo entiende. Ellos tienen a cargo la investigación y se harán todas las medidas de prueba».
(MdZ)
