La Corte Suprema de Brasil decidió este miércoles juzgar al exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado, lo que lo expone a una dura pena de prisión y debilita sus aspiraciones de volver a la presidencia.
Los magistrados decidieron por cinco votos a cero abrir el proceso, después de que la fiscalía imputara a Bolsonaro por supuestamente liderar una organización criminal que buscó impedir la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder las elecciones en 2022.
El fallo supone un importante esfuerzo para responsabilizar a Bolsonaro de las acusaciones de haber intentado desmantelar la democracia de Brasil al orquestar un amplio plan para dar un golpe de Estado.
Al explicar su decisión, el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, quien supervisa el caso, dijo que no había duda de que Bolsonaro “conoció, manejó y discutió″ planes golpistas.
Bolsonaro y siete miembros de su círculo íntimo, entre ellos su compañero de fórmula y un exjefe de espionaje, serán juzgados por los cargos presentados por los fiscales el mes pasado de “abolición violenta del Estado democrático de derecho″ y “golpe de Estado″, entre otros delitos.
Para sorpresa de muchos, Bolsonaro asistió junto a sus abogados a la primera jornada de la audiencia, de dos días de duración, pero guardó silencio. Bolsonaro ha negado las acusaciones, alegando que tienen motivaciones políticas.
Celso Sanchez Vilardi, uno de los abogados de Bolsonaro, no negó la existencia de un complot golpista, calificando de “muy graves” los detalles del plan en su alegato ante el alto tribunal. Sin embargo, insistió en que no había ningún vínculo entre Bolsonaro y el plan.
“Bolsonaro es el presidente más investigado de la historia del país”, dijo Vilardi al tribunal. “No se ha encontrado absolutamente nada”.
El juicio, que aún no tiene fecha, es fruto de una amplia investigación de dos años en la que la policía allanó viviendas y oficinas, detuvo a personas cercanas a Bolsonaro y obtuvo una confesión clave de un alto colaborador del expresidente.
En un informe de 884 páginas revelado el pasado noviembre, los investigadores acusaron a Bolsonaro de dirigir y aprobar un complot detallado, que incluía planes para anular los resultados de las elecciones, disolver tribunales, conceder poderes especiales a los militares y envenenar al presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva días antes de que tomara posesión.
El propio De Moraes, a quien la extrema derecha considera un opositor de Bolsonaro, fue objeto de planes de asesinato revelados por la investigación sobre el golpe.
La investigación reveló lo cerca que estuvo Brasil de volver a una dictadura militar tras casi cuatro décadas de historia como democracia moderna.
El plan, según los fiscales, también incluía sembrar dudas infundadas sobre la fiabilidad de las máquinas de votación electrónica de Brasil en los meses previos a la votación de 2022. Bolsonaro afirmó que solo podría perder si las elecciones estuvieran amañadas a favor de su oponente.
Después de que Bolsonaro perdiera, él y sus aliados exhortaron a los manifestantes de derecha a acampar frente a los cuarteles militares de todo el país, exigiendo que el ejército anulara los resultados. Una semana después de la toma de posesión de Lula, muchos de esos manifestantes irrumpieron en las sedes del poder en Brasil, en un episodio que recordó al ataque del 6 de enero contra el Capitolio por parte de partidarios del presidente Donald Trump.
Los expertos afirman que es poco probable que Bolsonaro sea detenido antes de su juicio, a menos que De Moraes considere que existe riesgo de fuga.
Después de que la policía registrara la casa de Bolsonaro y confiscara su pasaporte el año pasado, pasó dos noches en la embajada de Hungría en Brasil, lo que suscitó dudas sobre si había intentado utilizar sus vínculos con otro líder de derecha como palanca para eludir una posible detención.
Si es declarado culpable, Bolsonaro podría enfrentarse a penas de entre 12 y 40 años de prisión, según el acta de acusación, aunque los analistas políticos esperan que la condena sea más corta. Bolsonaro ya tiene prohibido postularse en elecciones hasta 2030 y, si es condenado, quedaría inhabilitado de forma permanente en virtud de la legislación vigente.
En un intento de salvar el futuro político de Bolsonaro, los legisladores aliados del expresidente han tratado de modificar una ley brasileña que prohíbe a los delincuentes convictos postularse en elecciones.
También han impulsado un nuevo proyecto de ley que indultaría a los condenados por la insurrección del 8 de enero de 2023 en la capital de Brasil, lo que también podría beneficiar los esfuerzos de Bolsonaro por volver a postularse.
Bolsonaro también parece estar apostando por el apoyo de Trump. La semana pasada, uno de los hijos de Bolsonaro dijo que planea solicitar asilo político en Estados Unidos y presionar al gobierno de Trump para que ejerza presión sobre las autoridades brasileñas para que pongan fin a lo que califica de persecución injusta de su padre.
El mes pasado, pocas horas después de que la fiscalía brasileña imputara a Bolsonaro, la empresa de medios de comunicación de Trump demandó a De Moraes, el juez que supervisa el caso, ante un tribunal federal estadounidense, acusándolo de censurar ilegalmente las voces de la derecha en redes sociales.
