La situación de Vicentin se agravó en las últimas horas y la empresa agroexportadora más emblemática del norte santafesino quedó virtualmente quebrada: el sábado pasado cerró sus dos únicas plantas operativas en Avellaneda y Ricardone, dejó de pagar salarios correspondientes al mes de marzo y enfrenta un cuadro de parálisis total, sin granos para procesar y con más de 1.000 trabajadores a la espera de una solución que aún no aparece.
Mientras cuatro de sus exdirectivos fueron procesados por asociación ilícita y estafa, el juez del concurso, Fabián Lorenzini, convocó a una audiencia presencial y virtual este viernes para que la empresa explique por qué decidió cerrar sus instalaciones y cuáles son las medidas previstas para retomar la actividad. También pidió informes detallados a la sindicatura, al comité de acreedores y a los veedores sobre la viabilidad financiera de la empresa.
La agroexportadora, que arrastra un default por más de u$s1.500 millones desde diciembre de 2019, responsabilizó a la “falta de contratos de fasón en tiempo oportuno” por el cierre. En una carta dirigida a sus acreedores, señaló que la decisión se tomó para “proteger los activos” y que esa preservación permitiría “un rápido arranque cuando sea factible”. La compañía también admitió que no pudo cumplir con el pago de los salarios de marzo y que mantiene un “diálogo permanente con las partes interesadas”.
Presión empresaria
En tanto, desde que la Corte Suprema de Santa Fe revocó la homologación del acuerdo preventivo de acreedores -al considerar que la propuesta de pago vulneraba el principio de igualdad entre los acreedores, favoreciendo a quienes tenían créditos menores y perjudicando a las deudas más grandes-, la empresa intensificó sus acciones. El cierre de las plantas y la insistencia en que se restablezca la posibilidad de homologación judicial son interpretados por algunos actores del proceso como una estrategia de presión hacia los tribunales. La firma argumenta que la falta de definición judicial impide avanzar, mientras que sectores gremiales y del gobierno provincial acusan a la actual conducción de provocar una parálisis deliberada.
La realidad es que, desde el gobierno santafesino y el sindicato de aceiteros cuestionaron duramente la conducción actual de la firma. “Con las plantas paradas, la única opción es la quiebra”, advirtió el ministro de Trabajo provincial, Roald Báscolo. En declaraciones públicas y durante una reunión con el juez, fue categórico: “Ayer le manifesté al juez que para mí la solución se va a dar con las plantas trabajando. Es un pecado tener las plantas que tienen semillas para trabajar, paradas”.
Los gremios, por su parte, reclaman la intervención judicial de la empresa y acusan al directorio actual de no utilizar los ingresos por contratos de fasón para el pago de salarios ni servicios básicos. “Nosotros queremos trabajar, los que no quieren producir son los que están manejando la empresa”, señaló Leandro Monzón, secretario general del sindicato de aceiteros de Reconquista, tras la última reunión con el juez Lorenzini.
En ese contexto, la posibilidad de un cramdown –es decir, que otros inversores asuman el control de la empresa para evitar la quiebra– aparece como una alternativa legal viable. Sin embargo, las condiciones actuales no alientan ese camino: los inversores estratégicos que originalmente acompañaban el acuerdo (como Bunge y la Asociación de Cooperativas Argentinas) ya no aportan materia prima, y fuentes cercanas a las negociaciones indican que no habría disposición inmediata a retomar la operación sin garantías judiciales.
Lo cierto es que la audiencia del viernes será clave para delinear el futuro inmediato de la empresa. Allí se debatirá no sólo la posibilidad de retomar operaciones, sino también el rol que deberá asumir la justicia en la administración de una empresa paralizada, sin capacidad de pago y con más de 1.000 trabajadores afectados.
(Ambito)
