“Siempre se aplica el protocolo porque es algo que está vigente”. La afirmación que soltó una fuente que rodea a Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad revela el estado de situación por estas horas en el Gobierno de cara a la protesta del miércoles que viene frente al Congreso. Se espera una movilización multitudinaria porque en una misma manifestación confluirán una serie de actores que fueron blanco de ataques de Javier Milei en el último tiempo: jubilados, médicos, científicos, universitarios y feminismos.
En ese marco, Bullrich mantendrá en pie su llamado protocolo antipiquetes, aunque los voceros consultados por este medio buscaron no dar pistas sobre cuál será el alcance definitivo que tendrá el operativo de las fuerzas nacionales. Si bien desde hace varios miércoles se suceden represiones, especialmente violentas contra los trabajadores de la prensa que registran la marcha de los jubilados, siempre en las protestas más masivas el Gobierno prefirió adrede correrse del lugar.
Entonces, la posibilidad de que haya una “zona estéril” alrededor del Congreso cobra fuerza, como ya hizo en la protesta de jubilados que acompañó la CGT luego de la feroz represión del 12 de marzo, cuando fue gravemente herido el fotógrafo Pablo Grillo. A Bullrich le costó un tirón de orejas lo desmesurado de esa jornada que terminó con el reportero intenado -que aún sigue muy delicado- y a la semana siguiente tuvo que aceptar una reunión con Santiago Caputo y el jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, para que el Ejecutivo comande el operativo: se dispusieron controles en los accesos, mensajes intimidatorios en los trenes y espionaje entre los manifestantes.
También Bullrich debió obligar a los policías a marcha atrás en las dos marchas universitarias del año pasado: en la primera, de abril, el cordón de efectivos se vio desbordado por la cantidad de manifestantes y, en la segunda, en septiembre, instaló un vallado a metros de las escalinatas del Congreso.
¿Habrá “zona estéril”?
La “zona estéril” significa instalar un vallado a lo ancho de toda la fachada del Palacio Legislativo, sobre la avenida Entre Ríos, entre Yrigoyen y Rivadavia, para evitar que cualquier persona sin autorización transite por la zona. De esa manera obliga a los manifestantes a quedar concentrados en la plaza frente al Congreso, así como en zonas aledañas. El piquete lo termina haciendo la policía porque hay cortes de tránsito en varias manzanas a la redonda del Palacio Legislativo.
Ese tipo de operativos, es el consejo habitual de los jerarcas de la Policía Federal, hoy a cargo del comisario Alejandro Rollé. La PF es la fuerza que dirige el operativo en calle, a los que Bullrich suma la Gendarmería, la Prefetura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
En lo formal la presencia de las fuerzas es custodiar los “objetivos federales”, en este caso el Congreso de la Nación. En la práctica, el vallado busca evitar que haya cualquier tipo de contacto entre los manifestantes y los agentes. Existe la orden de que si una persona “toca” a un policía, esta sea detenida ante la excusa de cometer un delito in fraganti.
Pero lo que suele suceder cada miércoles es que la misma policía es la que amedrenta a los manifestantes para evitar que corten la calle o se reúnan. En esa tensión in crescendo es cuando los agentes reprimen con un abanico de armas llamadas no letales pero que pueden causar graves heridos: balas de goma, gas lacrimógeno y gas pimienta.
La de este miércole será la marcha 17° de los jubilados en lo que va del año. En las primeras 15, la represión policial se cobró 129 detenidos y 406 heridos, según un relevamiento realizado por el CELS.
(El Diario Ar)
