El Gobierno nacional avanzará en una modificación por decreto de la reglamentación de la Ley de Glaciares con el objetivo de ampliar los márgenes de explotación económica en zonas hasta ahora protegidas. El cambio afectará el régimen vigente de la ley 26.639, que establece los presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y el ambiente periglaciar.
Según confirmaron fuentes oficiales, los equipos técnicos de la Casa Rosada trabajan en una nueva reglamentación que reducirá las áreas sujetas a prohibiciones para la instalación de industrias, la exploración minera e hidrocarburífera, la liberación de residuos contaminantes y la construcción de infraestructura no científica.
La intención del Ejecutivo es flexibilizar la protección de zonas periglaciares, es decir, aquellas que rodean a los glaciares y cumplen una función hídrica clave. En concreto, el nuevo texto propondría que solo queden resguardadas las áreas que cumplan cuatro condiciones simultáneas: ser de roca o escombros activos, tener más de una hectárea de superficie, una duración mínima de dos años, y estar registradas en el Inventario Nacional de Glaciares.
En los despachos de Balcarce 50 admiten que hubo presiones del sector empresarial, principalmente de la minería y la energía, para avanzar con esta flexibilización. Aseguran que la reforma busca brindar “seguridad jurídica” a proyectos de inversión que ya están en carpeta y que se ven frenados por los actuales alcances de la ley sancionada en 2010.
En paralelo, el Ejecutivo planea otorgar mayores atribuciones a los gobiernos provinciales sobre las zonas en las que podrían autorizarse nuevas actividades industriales. El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, lidera la elaboración del decreto. También participan la secretaria de Energía, María Tettamanti, el director de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y el equipo de la Secretaría Legal y Técnica, dirigido por María Ibarzabal.
Aunque el Gobierno asegura que mantendrá la protección sobre los glaciares cubiertos y descubiertos, también sostienen que se seguirán exigiendo informes de impacto ambiental para cualquier emprendimiento. Sin embargo, ambientalistas advierten que la reducción de los límites de protección abre la puerta a una avanzada sobre ecosistemas de alta montaña claves para la provisión de agua.
Las modificaciones a la Ley de Glaciares ya habían sido incluidas por el oficialismo en las primeras versiones de la Ley Bases enviada al Congreso a principios de 2024. Sin embargo, el punto fue retirado en la redacción final por falta de apoyo legislativo. En ese paquete también se proponía habilitar el uso productivo de zonas forestales protegidas y eliminar el financiamiento al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, una medida que ya se concretó.
La ofensiva provocó un fuerte pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El 5 de febrero de 2024, cinco relatores especiales de derechos humanos enviaron una carta a la entonces canciller Diana Mondino en la que calificaron la propuesta de “regresiva” y advirtieron que podría “afectar las garantías de un entorno seguro y propicio para el trabajo de los defensores ambientales”.
Organizaciones ambientales, científicos y comunidades locales ya manifestaron su preocupación por los cambios que ahora volverían a impulsarse por decreto, sin debate legislativo previo. Según especialistas, el ambiente periglaciar no solo cumple una función de regulación hídrica para ríos y cuencas que abastecen a millones de personas, sino que también actúa como reservorio natural frente al cambio climático.
“La ley de glaciares no impide el desarrollo, impide que se destruya el ambiente de manera irreversible. Modificarla para favorecer inversiones sin controles estrictos es una señal peligrosa”, señalaron desde la organización Greenpeace Argentina.
Con este decreto, el Gobierno de Javier Milei vuelve a poner el foco en desregulación ambiental como camino para atraer inversiones, una estrategia que ya generó tensiones con actores internacionales, ONGs y sectores políticos de la oposición.
