La prisión domiciliaria donde la ex presidenta Cristina Kirchner cumple su condena de seis años de prisión en la causa “Vialidad” entra en una nueva etapa. Después de la decisión del Tribunal Oral intervendrá la Cámara Federal de Casación Penal que revisará la detención en su departamento, el uso de la tobillera electrónica y el régimen de visitas.
Esos tres puntos fueron apelados por la Fiscalía y la defensa de la ex mandataria y comenzarán a revisarse este lunes con una audiencia clave en Casación. Será el segundo tribunal que intervenga en la detención de Cristina Kirchner y la expectativa está centrada en si habrá modificaciones en su actual situación.
La audiencia será a las 12 en el primer piso de los tribunales de Comodoro Py. Allí estarán los abogados de la ex presidenta, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, y el fiscal general de Casación Mario Villar. La defensa y la Fiscalía expondrán sus argumentos. Villar también tiene previsto presentar un escrito.
La postura de Villar será clave para la causa. La Fiscalía de Casación debe mantener el pedido de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola para que Cristina Kirchner cumpla la condena en una cárcel. O puede tener otra opinión.
Los escucharán los jueces de la Sala IV de Casación que intervienen en la causa “Vialidad”, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. Son los mismos que en noviembre del año pasado confirmaron la condena de seis de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en las obras públicas que recibió para Santa Cruz el empresario Lázaro Báez. El fallo tuvo la disidencia de Hornos que votó por agravar la condena por el delito de asociación ilícita.
Después de la audiencia, los camaristas quedarán en condiciones de resolver los planteos. Tienen cinco días hábiles pero la expectativa es que lo hagan dentro de la próxima semana.
El Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py le otorgó el 17 de junio la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner. Fue a pedido de la ex presidenta luego que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó su condena y así la dejó en condiciones de comenzar a cumplirse.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso se la otorgaron por cuestiones de seguridad y por su edad, 72 años. Los magistrados explicaron que por el intento de homicidio que Cristina Kirchner sufrió en septiembre de 2022 su detención en una cárcel implicaba medidas de seguridad especiales que la llevaban a tener que estar en un aislamiento indefinido en su lugar de detención, lo que no es propio de un régimen de ejecución de una condena.
Así, dispusieron la prisión domiciliaria en su departamento de la calle San José 1.111, en el barrio porteño de Monserrat, con una serie de pautas a cumplir. Una fue el uso de una tobillera electrónica que controle que no salga del departamento. Otra la de “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes“. Y se le fijó un régimen de visitas.
El Tribunal Oral dispuso que Cristina Kirchner podía revisar en su departamento a sus familiares, médicos, custodios y abogados sin que ellos tengan que pedir autorización. Para eso presentó un listado con los nombres. Pero toda otra persona debe pedirle autorización a la justicia. Eso ocurrió el jueves pasado con la visita del presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva.
Pero esas decisiones fueron apeladas para que sean revisadas por la Cámara de Casación. Los fiscales Luciani y Mola objetaron la prisión domiciliaria y pidieron que Cristina Kirchner cumpla la condena en una cárcel, lo que ya habían planteado cuando quedó firme la condena y cuando opinaron en contra de la domiciliaria. “Jamás existieron motivos reales para apartarse de lo que constituye una clara regla del Código Penal y de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad: la pena de prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento penitenciario”, sostuvieron los fiscales.
La Fiscalía señaló que no hay riesgos con la seguridad de la ex presidenta porque el gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, informó una serie de lugares donde podría estar detenida sin que corra riesgos y que eso no fue valorado por el Tribunal Oral. “No se ha demostrado que las condiciones de alojamiento en una unidad penitenciaria supongan un trato inhumano”, señalaron Luciani y Mola.
Pero los fiscales también plantearon que si la ex presidenta continúa en prisión domiciliaria no sea en el departamento de San José 1.111. Explicaron que el lugar es inseguro para ella porque hubo episodios de gente que se subió a balcones cercanos a la casa de Cristina Kirchner. También señalaron que la Procuración General de la ciudad de Buenos Aires presentó un informe que concluyó que desde que la ex presidenta está allí se produjeron marchas y concentraciones que afectaron al barrio. Concretamente los servicios de recolección de residuos, el paso de ambulancias y el mantenimiento de redes; también denuncias de vecinos por ruidos molestos, entre otros.
“En base a tal informe -en caso de no hacerse lugar a la revocación de la prisión domiciliaria que aquí reclamamos-, es que se deberá disponer inmediatamente de otro lugar para cumplir con la prisión domiciliaria, que mitigue las falencias de seguridad advertidas”, plantearon los fiscales.
La apelación tiene que ser mantenida por el fiscal de Casación Villar en la audiencia de mañana. Se descarta que así lo hará.
Los dos otros temas que revisará Casación fueron apelados por la defensa de Cristina Kirchner. Sobre el uso de la tobillera electrónica, los abogados Beraldi y Llernovoy señalaron que su uso no evita que una persona se fugue de su prisión domiciliaria -lo que ha ocurrido en otros casos- sino que el dispositivo alerta cuando sale del perímetro permitido. Sobre ese punto sostuvieron que no hay ningún riesgo respecto de Cristina Kirchner.
Explicaron que la ex presidenta siempre estuvo a derecho en la causa, que cuando viajó al exterior regresó en el tiempo que había pedido y lo informó al tribunal, que es una persona pública por lo que en la calle no pasaría desapercibida y que tiene custodia de la Policía Federal. También aportaron un informe de especialistas internacionales que concluyeron que no se le debe poner una tobillera electrónica a la ex presidenta. La defensa pidió que cuando Casación trate el tema cite a la audiencia a por lo menos dos de esos expertos.
En su apelación, los abogados señalaron que “tiene un fuerte contenido simbólico” que “se convierte en un castigo adicional”. “La indebida imposición de un dispositivo de monitoreo electrónico hace que éste deje de ser una herramienta de control, para transformarse en un elemento de punición”, señalaron en su apelación.
El último tema es el régimen de visitas. La defensa objetó que se hayan puesto límites en que algunas personas deban pedir autorización para ver a la ex mandataria porque no hay ninguna norma que obligue al Tribunal Oral a fijar esa pauta y que en la práctica ninguna persona que está detenida en su casa tiene esos límites. Además, los abogados consideraron que los jueces no fundamentaron por qué establecieron ese límite. (Infobae)
