El Gobierno decidió poner el freno de mano en un tema tan sensible como las pensiones por discapacidad. Mientras avanza la auditoría interna en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que quedó en el ojo de la tormenta tras la filtración de audios comprometedores de su entonces director, Diego Spagnuolo, las autoridades nacionales resolvieron suspender las bajas que estaban en marcha y revisar lo actuado.
La decisión fue tomada por el ministro de Salud, Mario Lugones, quien mantiene reuniones semanales en Casa Rosada con el asesor presidencial, Santiago Caputo, para monitorear el reordenamiento de la agencia. El objetivo inmediato: congelar cualquier medida hasta que se conozcan los resultados de la auditoría y, al mismo tiempo, despejar sospechas de nuevas irregularidades.
Hasta ahora, la ANDIS había eliminado del sistema a 128.667 beneficiarios, en su mayoría por haber accedido de manera fraudulenta. Según los datos oficiales, 110.522 pensiones fueron anuladas por documentación repetida o falsificada, 8.107 pertenecían a personas ya fallecidas y 10.038 correspondían a ciudadanos que habían renunciado voluntariamente al beneficio.
Pero el escándalo se desató cuando salieron a la luz los audios en los que Spagnuolo reconocía supuestos sobreprecios en la compra de medicamentos. Esa revelación obligó no solo a intervenir la agencia, sino también a revisar de cero las más de 120 mil bajas ya efectuadas. Mientras tanto, los controles presenciales y las citaciones a los beneficiarios —más de un millón en todo el país— quedaron en suspenso.
Tras la polémica, las autoridades nacionales aclararon que «técnicamente, el procedimiento de altas y bajas sigue en pie», aunque toda decisión final quedará supeditada a lo que arroje la auditoría.
Este jueves, en el Senado, la oposición desactivó un reciente veto del Poder Ejecutivo -por primera vez en más de 20 años- e insistió con la ley que declara la emergencia en discapacidad.
Con información de Infobae
