Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), analiza declararse como imputado colaborador en la causa que investiga un presunto esquema de coimas en el organismo que encabezó hasta el 20 de agosto.
La defensa del exfuncionario no moverá fichas hasta que se levante el secreto de sumario en la causa. En esa línea, pidió suspender el plazo para definir su posición frente a los planteos de nulidad impulsados por los empresarios Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina.
Si finalmente avanza en su intento de convertirse en arrepentido, Spagnuolo deberá reconocer su participación en los hechos investigados y aportar información relevante sobre otros involucrados con cargos más altos en la supuesta estructura delictiva.
La causa se originó a partir de la difusión de una grabación en la que se escucha al entonces titular de la ANDIS hablar sobre un esquema de retornos ilegales en contrataciones públicas. En ese audio, se menciona un supuesto reparto de porcentajes que incluía, entre otros, a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia.
La difusión del material provocó la remoción inmediata de Spagnuolo por parte del presidente Javier Milei y el inicio de una investigación penal que hoy encabeza el fiscal federal Franco Picardi, bajo secreto de sumario desde hace tres semanas.
El expediente apunta a determinar si existió un sistema de coimas en el marco de contrataciones entre la ANDIS y la droguería Suizo Argentina, propiedad de la familia Kovalivker.
La empresa concentró el 22% del volumen total de una licitación por 24.000 millones de pesos en el programa Incluir Salud, y acumuló contratos por más de 55.000 millones con el organismo. La Justicia busca establecer si esos procesos estuvieron direccionados, si los precios fueron acordes al mercado y si se pagaron sobornos a cambio de las adjudicaciones.
Mientras tanto, la defensa de los hermanos Kovalivker presentó dos planteos para intentar frenar la investigación. El primero sostiene que la grabación que dio origen a la causa es inválida porque habría violado la intimidad de Spagnuolo. El segundo alega que ya hubo una pesquisa previa sobre la licitación en cuestión que fue archivada, y por lo tanto se estaría incurriendo en “cosa juzgada”.
Los abogados de Spagnuolo, Juan Araoz De Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, solicitaron una prórroga para responder a esos planteos. Alegaron que, mientras el expediente siga bajo secreto de sumario, no cuentan con los elementos necesarios para fijar una posición definitiva. A eso se suma la posibilidad de que su defendido decida acogerse al régimen de arrepentido, lo cual condicionaría toda la estrategia de defensa.
Según trascendió, la decisión estaría influida por su percepción de que el Gobierno busca responsabilizarlo en soledad por las irregularidades. Ese escenario político y judicial habría sido determinante para que comience a evaluar una colaboración con la fiscalía.
De concretarse, el pedido deberá ser presentado ante el fiscal Picardi, y luego homologado por el juez Sebastián Casanello. Para que tenga validez, la ley exige que el imputado aporte datos veraces, útiles para la causa y que involucren a personas de mayor rango. Además, todo lo que declare debe ser novedoso para el expediente y no puede haber sido obtenido mediante coacción.
La definición sobre si Spagnuolo avanzará o no como arrepentido podría conocerse la próxima semana, cuando se levante el secreto de sumario y la defensa pueda acceder al contenido completo de la investigación. (TN)
